Batalla insensata

El auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que insta a la Generalitat a revisar el modelo de inmersión lingüística en la enseñanza, en ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo, está abriendo una indeseable guerra política. A escasos días del 11 de septiembre, Diada de Cataluña, y a dos meses de las elecciones del 20-N, los partidos han hallado un buen arsenal propagandístico con el que cargar sus baterías dialécticas. El PP y Ciutadans, por un lado, y el resto de partidos, por otro. Se trata de una batalla que en nada beneficia a una sociedad que convive desde hace casi 30 años en armonía con un modelo de inmersión lingüística ampliamente aceptado, aunque con algunas dificultades para dar satisfacción a las demandas minoritarias de ciudadanos que desean una enseñanza en castellano para sus hijos.

La inmersión lingüística parte de la Ley de Normalización de 1983, que el Parlamento catalán aprobó sin un solo voto en contra. El Supremo dio luz verde a la ley en 1988 y el Constitucional la avaló en 1994. Pero en 2010 la sentencia sobre el nuevo Estatuto introdujo de manera explícita un matiz que hasta entonces solo se daba por supuesto: el carácter del castellano también como lengua vehicular de la enseñanza, aunque sin cuestionar el lugar central que la ley y los propios tribunales atribuyen al catalán en su condición de lengua vehicular y de aprendizaje en el sistema educativo. En una reciente sentencia, el Tribunal Supremo admite la demanda de una familia a favor de la escolarización en castellano para sus hijos, pero, por primera vez, vincula este derecho subjetivo a su dimensión también como lengua vehicular, además del catalán. A este reconocimiento explícito se debe el revuelo creado por la sentencia del Supremo que el Tribunal Superior de Cataluña ha ordenado ejecutar a la Generalitat en el plazo de dos meses.

Al contrario que en otras comunidades que cuentan con varias líneas escolares en razón de la lengua, Cataluña optó desde el tardofranquismo por una sola para evitar, tras el aluvión de inmigración del resto de España en los años sesenta, que nadie se sintiera discriminado por su lugar de nacimiento. Y el tiempo ha avalado un modelo al que, poco a poco, se fueron sumando todas las fuerzas políticas parlamentarias. El informe PISA y los estudios de los expertos constatan que los alumnos catalanes, al concluir la enseñanza obligatoria, tienen un grado de conocimiento del castellano igual al que tienen los de otras comunidades autónomas monolingües.

El Gobierno catalán ha anunciado un recurso contra el auto, pero, entretanto, deberá cumplirlo en los términos que considere más ajustados a la sentencia del Supremo. Reforzar en alguna medida el castellano en la enseñanza no cuestiona el modelo de inmersión lingüística vigente desde hace 30 años, como tampoco lo hace el Supremo. En determinadas zonas y sectores educativos catalanes ya se hace mediante una aplicación inteligente de la ley. Es lo que el Gobierno catalán debe hacer en cualquiera de los casos.