Fabra anuncia otro recorte de 400 millones en las empresas públicas

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, anunció ayer que en el borrador del decreto ley que prepara para redimensionar el sector público se reducirá un 20% el gasto de estas empresas y fundaciones públicas, lo que supondrá un ahorro de 400 millones de euros anuales. En su alocución, Alberto Fabra no ocultó la difícil situación económica de la Generalitat, aunque descartó el copago sanitario. Sin embargo, insistió en que solicitará la colaboración del Gobierno central, al que reclama una deuda histórica de 7.300 millones por la infradotación del anterior sistema de financiación autonómica.

El responsable de la Generalitat también explicó que solicitará la colaboración del Banco de España para colocar las emisiones de deuda autonómica, de la misma manera que el Banco Central Europeo ha ayudado al Estado.

En materia de educación, el presidente también se mostró conciliador. Fabra anunció que no aumentará la docencia a maestros y profesores, tal y como han hecho María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha y Esperanza Aguirre en Madrid, y reiteró que el consejero de Educación, José Ciscar, tiene encomendada la búsqueda de acuerdos. El titular del Palau de la Generalitat no ocultó que atajar el fracaso escolar es una de sus principales prioridades. Fabra insistió en que es necesario que los jóvenes valencianos terminen sus estudios con suficiente conocimiento del inglés, valenciano y castellano, pero se mostró dispuesto conversar sobre cómo alcanzar este objetivo.

Respecto a Ràdio Televisió Valenciana, el inquilino del Palau de la Generalitat prometió que presentará en breve un nuevo proyecto de ley para discutir con la oposición, con un modelo similar al que ya se ha pactado en otras partes del Estado. “Quremos consensuar un modelo similar a otros que ya hay en España”, indicó.

“Todo es revisable para intentar buscar el consenso, sabiendo a donde tenemos que ir”, explicó el presidente, que fijó un plazo de diez días para que la vicepresidenta Paula Sánchez de León se ponga de acuerdo con los portavoces de la oposición y acuerde un calendario para articular el regreso a la normalidad parlamentaria.