Política de prioridades

Al igual que otros países europeos, España ha tenido que responder a la emergencia planteada por la crisis de la deuda con el anuncio de medidas adicionales de ajuste que la vicepresidenta Elena Salgado llevará a próximos Consejos de Ministros. La medida más llamativa es el aumento de los pagos a cuenta del impuesto de sociedades de las grandes empresas, pero tal vez acabe siendo más trascendente la relativa a la regla de gasto de las comunidades autónomas, que deberá estar lista antes de finalizar septiembre.

En una sentencia dictada el pasado día 27, el Tribunal Constitucional reconocía al Estado la capacidad para imponer límites al gasto autonómico. Pero el Gobierno ha renunciado a ir por esa vía y espera un acuerdo en torno a unos objetivos que aprobarán las comunidades que lo deseen. Salgado también puso fecha a la prevista reforma del sistema contable que permita conocer con mayor precisión los déficits de las autonomías. Tanto Bruselas como el Banco de España habían alertado sobre el riesgo específico que para la economía española supone el estado de las finanzas de las autonomías y ayuntamientos. No solo por el volumen de la deuda que soportan, sino por la opacidad que la rodea.

La reducción de ingresos de las Administraciones está repercutiendo sobre las deudas con sus proveedores, tema tabú por excelencia roto ahora por la huelga de farmacias de Castilla-La Mancha. Pero el problema afecta también a otros sectores, como la obra civil, la industria del medicamento o las empresas concesionarias de la limpieza. Un efecto del retraso en los pagos es el aumento de la tarifa de esos suministradores, lo que agrava el problema; y otro posible a largo plazo, los despidos en la empresa afectada. La otra cara de esa situación es el recorte de las subvenciones asistenciales (guarderías, suplementos a las pensiones...) o el aumento del precio de servicios como el transporte público o la recogida de basuras. Solución que la mayoría de las Administraciones prefiere antes que la subida de impuestos. El siguiente paso sería el cobro, al menos parcial, de servicios hasta ahora gratuitos.

Puede que lo exija la actual situación de emergencia; pero así como el endeudamiento se debe en gran medida a la falta de rigor en la evaluación de algunas inversiones (aeropuertos, universidades, televisiones) en los años de vacas gordas, la salida de la crisis de financiación requiere transparencia, establecer prioridades de pago y negociar la demora de los no prioritarios. Todo recorte implica sacrificios para alguien, pero no es lo mismo hacerlo a costa de unas televisiones autonómicas perfectamente prescindibles, que de la sanidad, por ejemplo. Ni es lo mismo negociar aplazamientos en los pagos a grandes empresas de obras públicas que a las farmacias.

Ese debería ser el debate, y no las triviales discusiones cruzadas sobre el veraneo del líder rival o sobre la herencia recibida: algunos gobernantes parecen más preocupados por encontrar un culpable de las dificultades que por resolverlas.