Las boticas amenazan con cobrar los fármacos al ciudadano

Los farmacéuticos se están planteando qué medidas tomar si siguen sin cobrar de la Administración. La más extrema es cobrar a los pacientes por los medicamentos y que estos vayan luego al servicio regional de salud (SERCAM) a que se les reintegre la parte que les corresponda. La razón, según dijo ayer la presidenta de la patronal regional (FEFCAM), Dolores Espinosa, es que “las recetas han dejado de tener valor como medio de pago”.

La propia Espinosa admite que cobrar por las facturas sería la última solución, y cree que todavía hay una serie de pasos posibles. “Las asambleas siguen abiertas. Hay que ver las próximas medidas”. Estas pueden pasar por repetir el cierre (se había barajado hacerlo semanal, con lo que el próximo sería el jueves 18) o por hacerlos más prolongados —hay resquicios legales para suspender el servicio durante un periodo por obras o formación de los titulares—.

Tras el éxito del cierre patronal de ayer, seguido por más del 90% de las oficinas convocadas que no tuvieron que hacer guardia, Espinosa opina que la respuesta de que “no hay dinero” no es de recibo. “La obligación de garantizar el servicio es de la Administración”, remachó el presidente nacional de la patronal FEFE, Fernando Redondo. De lo que ni Espinosa ni Redondo dudan es de que, ante la falta de liquidez, los proveedores no servirán a las farmacias y habrá desabastecimiento de medicamentos.

Como posible solución, Cospedal insistió en que se había negociado con entidades financieras para que dieran “un tratamiento muy favorable” a los farmacéuticos, y dijo que alguno ya se había acogido a esas medidas. Este es precisamente uno de los puntos de conflicto. La patronal quiere que en ese acuerdo la garantía de los posibles créditos —que quieren que el consejero les explique— sean las facturas que les adeuda la comunidad, y no sus bienes como ya ha sucedido en Murcia.

Sobre las multas, Espinosa tiró de ironía. “Bastante sanción es que no nos paguen”, dijo. Juan de la Cruz, asesor legal de la patronal, matizó: “A lo que los farmacéuticos están obligados es a dar continuidad en el servicio, y eso se hizo con las guardias [la hicieron 221 oficinas]”. Arropada por Redondo y los presidentes regionales de otras comunidades con problemas para el cobro, como el de Murcia, Miguel Chamorro, y Baleares, Guillermo Torres, Espinosa se quejó de esa amenaza. “Ninguna ley puede obligarnos a arruinarnos”. Aun así, si las sanciones llegan, aparte de recurrirlas, con ironía apuntó otra solución: “Que lo descuenten de lo que nos pagan”.

Ante esta situación, De la Cruz, apuntó a otra posible solución. Que el Estado central avale las deudas de las autonomías “como ha hecho con el sector bancario” ya que se trata de una prestación —la del servicio nacional de salud— que afecta a todos. Además, “si una comunidad deja de ofrecer medicamentos, los ciudadanos se irán con su receta a la limítrofe”.