CiU logra aprobar los presupuestos del recorte con el PP y Laporta
El PSC cambia de postura y facilita la tramitación de la ‘ley ómnibus’
El Gobierno de Artur Mas consiguió ayer sacar adelante los presupuestos de la Generalitat para este año, que consagran los recortes de gasto del 10%, que han suscitado malestar entre trabajadores y usuarios de los servicios públicos, sobre todo sanitarios, y que ayer motivaron una nueva manifestación de los indignados. Bastó la abstención del PP para que el Parlamento catalán aprobara las cuentas con los votos a favor de CiU y del diputado Joan Laporta. Los partidos de izquierdas, en cambio, rechazaron el proyecto. A pesar del duro ajuste, de 2.860 millones de euros, Cataluña duplicará este año el objetivo de déficit del 1,3% que han pactado las comunidades autónomas.
El consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, calificó de “excepcionales” los presupuestos de este año por el duro recorte, que afecta a todas las áreas. Las más perjudicadas son las de competitividad empresarial y obras públicas, pero también han sufrido el tijeretazo la sanidad, la educación y los servicios sociales. Prueba de ello son los cierres que el Gobierno catalán ha efectuado en los servicios de urgencias nocturnos y los despidos en hospitales concertados. Y a pesar de la excepcionalidad de las cuentas de este año, los recortes seguirán en 2012, para situarse en los objetivos de déficit del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
El ajuste de 2.860 millones no evitará que se doble el objetivo de déficit
En la sesión de ayer, CiU agradeció en numerosas ocasiones el “ejercicio de responsabilidad” del PP al abstenerse. Sin embargo, el diputado de Iniciativa-Esquerra Unida Joan Boada aseguró que el PP ha “hecho negocio” con su abstención a cambio de alcaldías y carteras en la Diputación de Barcelona.
La diputada del PSC Rocío Martínez-Sempere criticó las cuentas por considerar que son “inasumibles para quien tenga una mínima sensibilidad social” y reprochó a CiU que no haya aceptado “ni una de las 514 enmiendas” de los socialistas. Aun así, horas después el PSC votó con CiU a favor de tramitar por la vía de urgencia la primera de las tres leyes ómnibus, que desmantelan parte de la obra del tripartito de una tacada con la reforma de 90 leyes y 631 artículos. “La reforma tiene un efecto devastador, porque aniquila políticas públicas y consagra la beneficencia en algunos campos”, dijo el diputado de ICV-EUiA Salvador Milà. Su grupo se quedó solo en la defensa de una enmienda a la totalidad.
La vicepresidenta del Gobierno de la Generalitat, Joana Ortega, defendió el proyecto de ley de simplificación y mejora de la regulación aprobado ayer, que retoca 32 normas y 2 decretos, y disuelve seis organismos.
La socialista Laia Bonet se jactó de que el PSC había evitado el “decretazo” que pretendía CiU con las leyes ómnibus, que el expresidente de la Generalitat José Montilla (PSC) calificó en su día como un ataque a la “arquitectura social” de Cataluña en una carta remitida a los militantes de su partido.
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