La Generalitat presentará un ERE para 1.500 empleados de empresas públicas

Las amenazas del Gobierno catalán empiezan a materializarse. La Generalitat ya advirtió hace dos días a los funcionarios de que deberán trabajar más por menos. El trabajo extra les llegará, en parte, porque deberán asumir el de empleados no funcionarios (con contratos eventuales o laborales indefinidos) que serán despedidos. Las empresas de la Generalitat, que cuentan con cerca de 16.000 empleados, presentarán expedientes de regulación de empleo (ERE) para un total de 1.475 personas. El cálculo de bajas lo han hecho las mismas empresas, a petición del área de Función Pública del Gobierno catalán, según fuentes del Ejecutivo. La orden fue clara: los ingresos han caído y hay que recortar.

Muchas de las empresas públicas catalanas llevan meses sufriendo un goteo de bajas: contratos temporales que no se renuevan, jubilaciones que no suplen. El mantra del Gobierno de CiU desde que llegó al poder el pasado diciembre —recortar, recortar, recortar— ha encendido a los trabajadores de la sanidad pública, a la comunidad educativa y a los servicios sociales. Temen que las medidas adoptadas con el objetivo de recortar el gasto este año un 10% acaben por deteriorar la atención básica al ciudadano. Un objetivo que no ha impedido al Gobierno, sin embargo, eliminar el impuesto de sucesiones a las grandes fortunas, pese a suponer un coste de entre 50 y 150 millones de euros.

Del rosario de ERE que se prevé a partir del mes de septiembre, el primero en presentarse fue la semana pasada el de Gisa, la empresa responsable de la obra pública catalana. El expediente afecta a unas 70 personas, el 30% de la plantilla. La sorpresa de los sindicatos ante el ERE de Gisa fue total, sobre todo porque, aseguran, tenían la palabra de la secretaria general de función pública, Pilar Pifarré, de que no habría despidos sobre la mesa hasta septiembre.

Otras empresas donde se esperan medidas drásticas son el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), la Agencia de la Vivienda de Cataluña, el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), la Agencia Catalana del Agua (ACA), la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) o el Instituto Cartográfico. A estas cabe sumar la Agencia de Cooperación, sobre el que pesará un ERE para el 50% de la plantilla, según señala el despacho de abogados Col·lectiu Ronda, aunque el director general de Cooperación al Desarrollo, Carles Llorens, evitó pronunciarse ayer al respecto. El funcionamiento autónomo de cada uno de estos organismos es el problema que afrontan los sindicatos: no cuentan con una mesa de negociación conjunta y deben pelear caso a caso, explican.

La denominación “empresas públicas” comprende a 87 empresas en sentido literal del término (de derecho público o sociedades mercantiles), que suman 16.090 empleados. Si se cuenta todo el sector público (también fundaciones y otros entes) pero excluyendo a los departamentos de la Generalitat, hay 50.000 trabajadores de organismos públicos.

Fuentes de la Generalitat precisan que los 1.500 despidos inicialmente previstos están pendientes de negociación y recuerdan el caso del hospital Parc Taulí, donde se ha llegado a un acuerdo para que no se vaya nadie a cambio de reorganizar las tareas y de trabajar más horas. En general, sin embargo, los sindicatos rechazan estas medidas y argumentan que su poder adquisitivo ya ha caído un 10% en tres años (entre la bajada del 5% y sucesivas las congelaciones salariales) y que la carga de trabajo ya ha subido como consecuencia de la falta de sustituciones y relevos.

El primer aviso de que las empresas deberían adelgazar sus plantillas llegó a los afectados principios del pasado mes de abril. Las Generalitat envió una carta, de parte del presidente Artur Mas, donde señalaba que las empresas públicas deberán reducir antes de junio sus plantillas en un 5% y su masa salarial en un 6%. De momento, a pesar de que no se han renovado los contratos temporales ni se han sustituido la mayoría de jubilaciones, no daban el objetivo por cumplido.

“Vamos a ciegas, porque los comités de las empresas tampoco tienen información y la cantidad de casos dificulta cualquier respuesta organizada”, afirma la responsable de administración pública de CC OO, Josefina Pujol. El responsable del sector público de UGT, Xavier Casas, considera el plan de la Generalitat “un disparate, una frivolidad que no obedece a razones objetivas” y también subraya la dificultad de negociar en un sistema “descabezado sin una mesa global”. Se mantienen reuniones, reconoce, pero nada formal. Casas asegura que las empresas públicas no se pueden permitir perder tanto personal y seguir dando el mismo servicio.