Un incesante chaparrón de críticas y denuncias

La Asociación de Descendientes del Exilio Español anunció que presentará una denuncia contra el Ministerio de Educación por el Diccionario. En esta asociación figuran, entre otros, Carmen Negrín (nieta de Juan Negrín), Angel Viñas (historiador) y Carlos Jiménez Villarejo (jurista). En una carta al ministro Angel Gabilondo, la Asociación muestra su “estupefacción” por que el Diccionario, financiado con una subvención de este Ministerio y con una ayuda del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, contenga “biografías que “no se corresponden con los hechos históricos” y que “humillan a las víctimas”, y pide que se denieguen las subvenciones a la Real Academia de la Historia.

El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, censuró la “ocultación de la verdad” que a su juicio supone que la Real Academia de la Historia esconda que el franquismo fue “un sistema asesino”. Silva calificó de “lamentable” que la institución “haga tanta política”, y considera que el episodio no es “insignificante” como cree su director, Gonzalo Anes, sino “insultante” para las víctimas del franquismo.

El portavoz del PP en la Comisión de Cultura en el Congreso, José María Lassalle, comentó a este diario: “El respeto de la autonomía institucional de la Real Academia de la Historia y de la autoridad científica de los investigadores que han elaborado los trabajos, no es incompatible con el hecho de que la mayoría de los ciudadanos españoles consideremos a Franco un dictador”.

El representante del PSOE en la misma comisión, José Andrés Torres Mora, dijo: “Estamos trabajando por investigar bien cuáles han sido los criterios para realizar este diccionario y hasta entonces mostraremos cautela en nuestros juicios. Desde la política no estamos para juzgar aspectos científicos o académicos, pero lo que ha trascendido en los medios de comunicación nos ha sorprendido y disgustado. La memoria de muchos españoles vivos no avala las sutilezas de Luis Suárez al considerar a Franco autoritario y no dictatorial”.

El senador de Iniciativa per Catalunya-Verts Joan Saura pidió la comparecencia en la Comisión de Educación del Senado del historiador Luis Suárez para saber si se ratifica en que el catalán no estuvo prohibido durante el franquismo. Además, el presidente de ICV presentó una moción para pedir la retirada de los 25 primeros tomos de ese diccionario. En una carta dirigida a Luis Suárez, el senador catalán deplora su “absoluta falta de respeto a las miles de familias que fueron víctimas de Franco en Cataluña”. Asimismo, le acusa de “poner la ideología por encima de la historia” y de “imponer la visión de algunos: la del pensamiento fascista español”. Por otra parte, Joan Saura presentó una extensa relación de preguntas al ministro de Educación, Angel Gabilondo, con el fin de pedirle cuentas por afirmar que el poder político no debía controlar al poder académico”.