Ciudad de México: ¿para la gente o para el mercado?

El gobierno local de Ciudad de México ha lanzado recientemente una consulta pública para que actores sociales, económicos y políticos presenten sus opiniones y propuestas para el Programa General de Ordenamiento Territorial 2035, que guiará el futuro de la ciudad a medio plazo.

La consulta estará abierta durante cuatro meses y prevé foros, mesas de trabajo, debates académicos y la entrega física y virtual de sugerencias para ordenar y orientar el futuro de una metrópoli de 21 millones de habitantes, de los que solo nueve residen en Ciudad de México.

Con cuatro años de dilación, las autoridades han iniciado la discusión de este programa, que por mandato de la Nueva Constitución local, vigente desde 2018, debe realizarse de forma participativa. La elaboración y consulta ciudadana se ha retrasado, pero las autoridades locales han continuado otorgando autorizaciones para la construcción de grandes proyectos urbanos. El mensaje es claro: la ciudad real, la de los grandes negocios inmobiliarios, no puede detenerse. En cambio, las elucubraciones participativas sobre el orden y el futuro urbano pueden esperar.

La corrupción ha imperado en las últimas décadas en esta ciudad: muchos proyectos se construyeron sin respetar los usos del suelo, las alturas permitidas y otras normas urbanas. Sin embargo, en gran medida, han sido la flexibilidad y ambigüedad del marco jurídico (consignado por el legislativo local) lo que ha permitido que los inversionistas inmobiliarios construyan lo que quieren en cualquier parte de la ciudad, a pesar de la oposición ciudadana, como ocurre en Xoco y Palo Alto.

En mi opinión, el proyecto de Programa General de Ordenamiento Territorial que se ha propuesto para consulta no contiene ninguna visión utópica, ni radical, ni audaz, sobre la Ciudad de México del futuro, como se esperaría de un gobierno que se autonombra de izquierda. No hay aquí una propuesta para la gestión del agua que aproveche los seis meses de lluvia y frene la necesidad de importarla de cuencas lejanas; tampoco sugiere cómo reducir la cantidad de automóviles en las vías públicas, así como la contaminación.

En este plan contrasta el discurso de la visión, misión y objetivos –la ciudad de derechos, igualitaria, próspera, sostenible y de paz y justicia– con la batería de 16 instrumentos y mecanismos diseñados para continuar facilitando los negocios inmobiliarios. Estos encarecen el suelo y la vivienda, profundizan las históricas desigualdades y la segregación socio-espacial, desplazan a la población, los comercios y servicios de barrio, y amenazan la integridad de muchas edificaciones y áreas urbanas designadas como patrimonio.

Diversas organizaciones de residentes demandan que el Programa General de Ordenamiento Territorial de Ciudad de México sirva para detener los procesos de gentrificación y encarecimiento de las rentas urbanas

Esta batería de instrumentos de ordenamiento territorial ofrecen, en realidad, nuevas formas para que los inversionistas construyan más de lo que estipulan las normas urbanísticas y densificar bajo el discurso del desarrollo urbano sustentable. Dos de las propuestas más polémicas son las llamadas Vialidades intraalcaldías y los conocidos como Espacios públicos de propiedad privada. El primero permitiría incrementar la altura de los edificios en las principales vías de la urbe (los llamados Anillo Periférico, Circuito Interior y Ejes Viales), desde ocho hasta 40 niveles; y el segundo habilita a aumentar en un 15% la superficie construida, cuando a nivel de suelo se genere “espacio público”, como una plaza o jardín. Este instrumento parece ilustrar didácticamente la tesis de Manuel Delgado de que el espacio público es una ideología al servicio de la apropiación capitalista de la ciudad.

La industria de la construcción tiene un importante peso económico en el Producto Interno Bruto local y el impuesto sobre bienes inmuebles (predial en México) es una de las principales fuentes de ingresos de la capital mexicana. Sin embargo, la visión de futuro que este programa ofrece como única vía de desarrollo es que los inversionistas inmobiliarios construyan más y más de lo que estipulan las normas urbanísticas, a cambio de un pago o de generar una vivienda incluyente, en realidad inalcanzable por su precio para la mayoría. Así, este programa garantiza continuar con la producción del despilfarro urbano.

Además, fiel a la praxis de la izquierda que desde hace 25 años gobierna esta ciudad, los instrumentos de participación ciudadana institucionalizados no son vinculantes y dejan la toma de decisiones a las autoridades. Así, uno de los artículos transitorios de esta convocatoria de consultas señala que serán integradas únicamente las opiniones y sugerencias ciudadanas “que resulten viables, técnica y legalmente”. Pero ¿quién decide que lo son?

Diversas organizaciones de residentes demandan que este programa sirva para detener los procesos de gentrificación y encarecimiento de los alquileres. En este sentido, es imprescindible defender el uso de suelo habitacional –frente al uso comercial constituido por el alojamiento temporal manejado por plataformas digitales–, así como la promoción de una oferta de vivienda en alquiler moderado que garantice la permanencia de los residentes en los barrios mejorados por la política pública.

Un último aspecto que constituye una demanda central de la población es la necesidad de transparentar las normas urbanísticas, que han permitido la edificación de megaproyectos en prácticamente cualquier sitio y dejan en estado de indefensión a los residentes frente al cártel inmobiliario.

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