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Liberia: multinacionales mineras evaden sus responsabilidades medioambientales

Sustancias tóxicas vertidas en los ríos han provocado muertes y enfermedades en el país africano, pero los informes y multas del Gobierno no han surtido apenas efecto

Unos niños pescan en el río Po, en Liberia, en agosto de 2003
Unos niños pescan en el río Po, en Liberia, en agosto de 2003Spencer Platt (Getty Images)

El pasado mes de mayo, en el condado de Grand Cape Mount, en Liberia, Varney (nombre ficticio) se lavó la cara con agua del río Mafa. A unos tres kilómetros, Musa, de cinco años, bebió agua de la misma procedencia. Era algo normal entre los habitantes que vivían en los márgenes del río, pero, poco después, Varney se quedó ciego y Musa murió de diarrea. Otra treintena de lugareños sufrieron fiebre y erupciones cutáneas y la fauna muerta del río comenzó a flotar en la superficie. Los análisis preliminares realizados por la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Liberia (EPA, por sus siglas en inglés) indicaban que las aguas contenían “niveles de cianuro libre superiores a los permitidos”. El organismo sospechaba que el origen era la empresa de extracción de oro Bea Mountain Mining Corporation (BMMC), filial de la multinacional canadiense Avesoro Resources Inc. BMMC reaccionó diciendo que “rechazaba categóricamente” las conclusiones de la EPA y “discrepaba” de ellas, alegando que se basaban en pruebas insuficientes.

Esta no es la primera vez que se acusa a la empresa de contaminar la zona. En marzo de 2016, un defecto en una planta de procesamiento provocó el vertido de sustancias químicas nocivas, entre ellas cianuro y arsénico. Más de 25 personas enfermaron y BMMC fue multada con 10.000 dólares (unos 9.400 euros). Algo parecido ocurrió en 2017 con MNG-Gold, otra filial de Avesoro Resources. La empresa fue acusada de verter casi 11 millones y medio de litros de productos químicos tóxicos y metales pesados en el arroyo Sein, en el condado de Bong. Un informe del organismo público Oficina Nacional de Concesiones descubrió que varios habitantes de la zona habían sufrido vómitos y detectaron sangre en la orina y las heces. El documento afirmaba que los contaminantes permanecerían en el medio ambiente durante varias décadas y calificaba a la lenta reacción de MNG de “injustificable, imprudente y desconsiderada”. Avesoro suspendió temporalmente sus actividades, pero afirmó que, según los resultados de sus propias investigaciones, “un pequeño desbordamiento de aguas” de su planta de almacenamiento de residuos no había tenido “efectos adversos en ningún asentamiento humano”.

Avesoro tampoco es la única empresa minera acusada de contaminación en Liberia. En un informe de 2021, la organización independiente de investigación Swedwatch revelaba que Firestone Liberia, filial de Bridgestone Americas Inc, era la responsable de los altos niveles de contaminantes tóxicos presentes en el río Farmington. Los habitantes de las comunidades vecinas declararon que habían padecido infecciones, erupciones cutáneas y náuseas, y que la fauna fluvial quedó diezmada. No se tomaron medidas contra la empresa, que negó tener conocimiento de ninguna consecuencia negativa de su actividad para los habitantes de la zona.

Sanciones insuficientes

Cada vez que se contaminan los ríos de Liberia, las personas que dependen de ellos sufren enormes perjuicios para su salud y sus medios de vida. Sin embargo, como ocurre en muchas otras crisis, las mujeres se ven más afectadas por diversos motivos. Por ejemplo, las embarazadas son más vulnerables a los graves problemas de salud derivados del consumo de agua o alimentos contaminados, y las mujeres y las jóvenes necesitan agua limpia para mantener un nivel saludable de higiene durante la menstruación. Y, dado que se calcula que en todo el mundo el 72% del agua para uso doméstico la recogen mujeres y el 14%, niños, estos grupos se ven más expuestos a los robos y las violaciones cuando el agua tiene que ser acarreada desde lejos. En Liberia y en otros países, también se suele asignar a las mujeres y a las niñas las tareas domésticas que requieren su uso, como cocinar y regar los cultivos y, si no pueden hacerlo, aumenta el riesgo de que sufran violencia doméstica. Además, la disminución de los ingresos de las mujeres, debido a las consecuencias de la contaminación en la pesca y la agricultura, sumada a la inseguridad alimentaria, las deja más expuestas a la explotación sexual y el maltrato.

En respuesta a las denuncias contra las empresas que contaminan los ríos, el Gobierno liberiano ha realizado evaluaciones, en algunos casos ha impuesto multas, y ha reafirmado su compromiso de garantizar un medio ambiente limpio y seguro. Sin embargo, sus sanciones siempre han sido leves e insuficientes para conseguir que empresas multimillonarias se replanteen seriamente sus prácticas. Una estrategia más eficaz sería revisar las normas y los reglamentos de concesión de permisos de explotación a las multinacionales, así como establecer normas claras y de obligado cumplimiento que exijan a las empresas el respeto de derechos básicos, haciendo especial hincapié de los perjuicios particulares que afectan a las mujeres y a los niños. Las infracciones deben implicar la revocación de las licencias. Cuando esté claro que una empresa minera ha incumplido su contrato y ha causado daños a las comunidades locales, el Gobierno liberiano debe hacer valer su soberanía y exigir a las multinacionales que cumplan con sus responsabilidades.

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