Una iglesia y 600 muertos a machetazos: la herida abierta de la peor masacre de la guerra de Liberia
El tribunal de la Cedeao exige al Gobierno liberiano llevar ante la Justicia a los responsables de la matanza de hombres, mujeres y niños en el templo luterano de San Pedro
En la madrugada del 29 de julio de 1990, una treintena de soldados del Ejército de Liberia saltó los muros de la iglesia luterana de San Pedro, en Monrovia, y mató a tiros y machetazos a unos 600 civiles, hombres, mujeres, niños e incluso bebés de pocos meses, que se habían refugiado allí del horror de la guerra. Fue el peor crimen conocido de los dos conflictos civiles que asolaron al país y costaron la vida a unas 250.000 personas entre 1989 y 2003. Este jueves, el Gobierno liberiano ha tenido que dar explicaciones ante el Tribunal de la Comisión Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) de por qué, tres décadas después, nadie ha sido llevado ante los tribunales, un auténtico hito judicial que los colectivos de derechos humanos y los familiares de las víctimas celebran como una victoria.
“Como no ha habido justicia, a veces siento que un perro callejero de Monrovia tiene más valor que mi madre y otras víctimas de la masacre de la iglesia luterana”, asegura uno de los supervivientes en la denuncia que interpuso el año pasado contra el Gobierno liberiano ante la Cedeao. Este tribunal no es una corte penal con competencia para juzgar violaciones de los derechos humanos, aunque sí puede exigir a un Estado que las investigue, una decisión que sí es vinculante. En su declaración, describe todo el horror de la matanza, al igual que los primeros testigos que acudieron al lugar tras los hechos. Todo el suelo de la iglesia estaba lleno de sangre y decenas de cuerpos yacían debajo de los bancos donde trataron de esconderse. En el altar se apilaban los cadáveres de niños y muchas mujeres asesinadas llevaban todavía a sus bebés a la espalda. En los marcos de las ventanas se amontonaban más cadáveres de personas ejecutadas cuando trataban de huir. Decenas de niños y bebés fueron encontrados con vida al día siguiente bajo el amasijo de cuerpos.
La primera guerra civil liberiana había comenzado meses antes, a finales de 1989, y en el momento de la masacre dos grupos rebeldes, liderados por Prince Johnson y Charles Taylor, avanzaban rápidamente hacia la capital. Según todos los indicios y la declaración de algunos testigos, fue el propio presidente Samuel Doe, de etnia krahn, un cruel dictador que se había escondido en su mansión, quien, sintiéndose acorralado, dio la orden de asesinar a los miembros de las comunidades guio y mano, a las que consideraba responsables de la rebelión. Pocos meses más tarde fue brutalmente torturado y ejecutado por los hombres de Johnson.
Siguiendo las instrucciones de Doe, en la madrugada del 29 de julio, soldados gubernamentales recorrían las calles de Monrovia, asesinando a diestro y siniestro. Asustadas y tratando de salvar su vida, unas 2.000 personas se refugiaron en la iglesia de San Pedro, en las afueras de la capital, cuyas instalaciones también albergaban un centro de Cruz Roja. La masacre fue de tal dimensión que provocó que los países vecinos organizaran una intervención armada. En 2010, años después de acabada la guerra, la Comisión de la Verdad y la Justicia creada para depurar responsabilidades concluyó que los hechos de la iglesia de San Pedro debían ser investigados y sus responsables llevados ante un tribunal.
El Gobierno liberiano no ha adoptado ninguna determinación para hacer justicia con los supervivientes y las víctimas, ya es hora de que se juzguen todas estas atrocidadesOludayo Fagbemi, responsable del Instituto por los Derechos Humanos y el Desarrollo en África
“Pero el Gobierno liberiano no ha adoptado ninguna determinación para hacer justicia con los supervivientes y las víctimas, ya es hora de que se juzguen todas estas atrocidades”, asegura Oludayo Fagbemi, responsable del Instituto por los Derechos Humanos y el Desarrollo en África (IHRDA). Esta organización es la que, junto al Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés), la firma de abogados neoyorquina Debevoise & Plimpton LLP, la ONG liberiana Proyecto de Investigación y Justicia Global, y Charles Sunwabe, Dorothy Sunwabe-Vokerl y Nelay Sunwabe, tres supervivientes que perdieron a 16 familiares en la masacre, ha interpuesto la demanda que ha llevado al Gobierno de Liberia ante el Tribunal de la Cedeao para dar explicaciones sobre su inacción.
En septiembre de 2021, un juzgado norteamericano concluyó que los autores materiales de la matanza fueron soldados del comando antiterrorista de las Fuerzas Armadas liberianas a las órdenes del coronel Moses Thomas, calificando los hechos como crímenes de guerra y contra la humanidad, y condenó a este al pago de 78,5 millones de euros en concepto de daños. Thomas, quien vivía en Estados Unidos desde el año 2000, fue detenido en 2018 en el curso de esta investigación judicial, pero en 2020, antes de que comenzara el juicio, voló de vuelta a Liberia, donde reside en la actualidad. “Pese a las conclusiones de este juzgado estadounidense, Moses Thomas vive libremente en Liberia porque el Gobierno no ha dado los pasos necesarios para que él y otros autores de atrocidades durante la guerra civil sean llevados ante la Justicia y ninguna de las víctimas ha recibido un solo céntimo. Liberia tiene la obligación internacional de investigar y procesar a los responsables”, aseguró Ela Matthews, abogada del CJA, en un comunicado.
Tras la sentencia en Estados Unidos, el periódico liberiano Front Page Africa se puso en contacto con el propio Thomas. “Mire, señor, estoy teniendo un buen sábado. ¡No quiero que me molesten con tonterías! ¡Disparates!”, aseguró a dicho medio a través del teléfono, “¡Qué estupidez! Cítame de la forma que quieras. ¡Que se vayan al infierno y me besen el trasero! (…) ¿Crees que tengo tiempo para jueces corruptos que toman decisiones estúpidas sin ninguna evidencia?”, añadió. El juez estadounidense Petrese B. Tucker concluyó que Thomas era “directamente responsable de los actos ilícitos durante la masacre” y añadió que “dirigió intencionalmente un ataque contra un edificio dedicado a la religión y contra civiles y cometió un crimen de lesa humanidad. Supervisó los hechos y solo ordenó que dejaran de disparar cuando entendió que todos los ocupantes de la iglesia habían sido asesinados”.
En 2005, tras el conflicto que desangró a este país, la abogada Ellen Johnson-Sirleaf se convirtió en presidenta de Liberia y en la primera mujer que llegaba al poder a través de las urnas en el continente africano. En 2011 recibió el premio Nobel de la Paz por su contribución a sanar las heridas de la guerra y su defensa de la no violencia. Se mantuvo en el poder hasta 2017, cuando el exfutbolista George Weah ganó las elecciones y se convirtió en nuevo presidente. En octubre de este año están previstos comicios presidenciales en los que Weah se enfrentará en las urnas al empresario de éxito Alexander Cummings. Ni Johnson-Sirleaf ni Weah han conducido a los responsables de la masacre de la iglesia de San Pedro ante la Justicia.
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