Sudáfrica ha declarado la violencia de género una “catástrofe nacional”. ¿Y ahora qué?

A finales de noviembre, el Gobierno de Sudáfrica, donde cada día son asesinadas 15 mujeres y la policía registra unos 117 casos de violación, decidió clasificar la violencia de género y el feminicidio como una “catástrofe nacional”. La medida, “histórica” según las organizaciones de defensa de los derechos de la mujer, se vio precedida por impresionantes manifestaciones en las que miles de sudafricanas pararon de trabajar y organizaron multitudinarias sentadas en las calles del país para presionar a un Gobierno acusado durante mucho tiempo de parálisis.

El movimiento estaba respaldado además por una petición firmada por 1,1 millones de personas, que impulsó al Ejecutivo, a admitir que esta forma de violencia y su impacto en la vida diaria de mujeres y niñas del país, alcanza el umbral de una posible catástrofe, tal y como queda definido en la Ley de Gestión de Catástrofes. De esta manera, el Gobierno de Cyril Ramaphosa busca acelerar recursos y fortalecer la respuesta institucional ante este mal “corrosivo”, según las palabras del propio mandatario.

Para muchos sudafricanos, las manifestaciones de noviembre fueron un momento de mostrar el duelo colectivo y de señalar a un Estado que no ha logrado protegerlas. “Ya no hay ningún lugar seguro en todo el país. Tienes que enviar siempre tu ubicación, llevar un táser (arma de electrochoques) y, en general, estar preparada para cualquier cosa”, decía Nosihle Mdlalose, una estudiante de 20 años, en el paseo marítimo de Sea Point, en Ciudad del Cabo, señalando que el “miedo marca la vida cotidiana” de muchas mujeres.

Hay pocas dudas sobre la importancia de esta declaración, pero la pregunta es qué pasa a partir de ahora, cuando se apague el entusiasmo del anuncio en sí. Los grupos y activistas que defienden los derechos de las mujeres tienen claro que la ventana de oportunidad creada es estrecha y debe utilizarse de forma estratégica. “Una declaración no significa nada sin una implementación rápida, presupuestos dedicados, estrategias coordinadas de prevención y rendición de cuentas”, dijo a El País, Sabrina Walter, fundadora y directora ejecutiva de Women for Change, la organización que lideró estas protestas.

Una declaración no significa nada sin una implementación rápida, presupuestos dedicados, estrategias coordinadas de prevención y rendición de cuentas

Sabrina Walter, Women for Change

En el mundo, se estima que alrededor de 50.000 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas o por familiares 2024, según la ONU, lo que significa que, en promedio, 137 mujeres y niñas fueron asesinadas cada día por alguien de su propia familia. África registra las tasas más altas en relación con la población femenina. En Sudáfrica, según ONU Mujeres, más de una de cada tres mujeres (35,8%) ha sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida. El año pasado, Amnistía Internacional estimó en un informe que de julio a septiembre de 2024, se denunciaron en Sudáfrica 12.765 casos de delitos sexuales, de los cuales 10.191 eran violaciones y fueron asesinadas 957 mujeres.

Víctimas sin apoyos

Sudáfrica ha respondido oficialmente a la violencia de género desde hace años con planes de acción, declaraciones públicas y equipos de trabajo. En 2020, lanzó su Plan Estratégico Nacional sobre violencia de género y feminicidio, prometiendo una reforma profunda. Pero cinco años después, no hay objetivos vinculantes, presupuestos o rendición de cuentas. “La mayoría de la financiación disponible se centra únicamente en proyectos a corto plazo”, explicó Celeste Louw, directora general de operaciones de la Fundación TEARS, que asiste a las víctimas de violencia de género. La responsable afirmó que, por esta razón, el apoyo a largo plazo a las sobrevivientes sigue siendo muy precario. “Los refugios funcionan con personal mínimo, instalaciones obsoletas, seguridad limitada y sin programas coherentes para las mujeres y los niños a los que atienden”, citó.

Desde la aprobación del plan en 2020, solo se han abierto 11 nuevos Centros de Atención Thuthuzela, de acompañamiento a las víctimas de violación, a pesar de que este país de 63 millones de habitantes necesitaría muchos más. Por otra parte, los retrasos en el procesamiento de las muestras de ADN continúan alargándose hasta dos años, lo que debilita los procesos judiciales. Los registros parlamentarios muestran que solo tres de los cuatro laboratorios forenses del Servicio de Policía de Sudáfrica están plenamente operativos y que el volumen de pruebas para analizar ha aumentado en más de un 63 % desde 2021. En los refugios para víctimas también faltan recursos y una encuesta realizada en el periodo 2021/2022 concluyó que el apoyo psicosocial solo llega al 1,7% de las supervivientes de violencia de género.

El 8 de diciembre, representantes de Women for Change se reunieron con altos funcionarios de la Presidencia y del Ministerio de Gobernanza Cooperativa y Asuntos Tradicionales. “En esta etapa, no se ha presentado ningún plan de implementación definitivo, ni objetivos ni plazos. El Gobierno indicó que los departamentos aún están redactando sus informes internos y que se elaborará un documento marco. Tampoco hubo compromisos firmes en torno a los mecanismos de rendición de cuentas o la financiación, que siguen pendientes”, dijo Merlize Jogiat, directora de operaciones y promoción de Women for Change.

Las próximas semanas serán cruciales para ver si se publican calendarios detallados, responsabilidades vinculantes y un marco de supervisión transparente, lo cual supondría, según las organizaciones, un punto y aparte con respecto a las políticas ambiciosas que no se han aplicado en Sudáfrica.

Dicen que tenemos políticas en marcha, que las estamos aplicando, que deberíamos estar contentos. La realidad es que, cuando las políticas funcionan, las cifras de violencia de género no aumentan al ritmo al que lo hacen en Sudáfrica

Cameron Kasambala, Women for Change

Grandes planes en el papel

“Seguiremos de cerca cada paso”, garantizó Jogiat, señalando que la sociedad civil solo puede llegar hasta cierto punto sin un seguimiento político. Walter, también de Women for Change, afirmó que la organización quiere por ello impulsar que la sociedad civil sea incluida en estos procesos de toma de decisiones, de los que se ve excluida una vez disminuye la presión sobre los políticos.

“Tenemos grandes planes sobre el papel, pero no pasan de ahí”, afirmó Cameron Kasambala, responsable de Women for Change. “Nuestro mayor reto son las promesas de alto nivel que a menudo recibimos de nuestro Gobierno. Dicen que tenemos políticas en marcha, que las estamos aplicando, que deberíamos estar contentos. La realidad es que, cuando las políticas funcionan, las cifras de violencia de género no aumentan al ritmo al que lo hacen en Sudáfrica”, matizó.

Lo que suceda en el futuro dependerá en gran medida de cómo se interprete y se aplique la Ley de Gestión de Catástrofes para luchar contra la violencia de género. La ley permite la financiación por vía rápida, la coordinación entre múltiples organismos y el nombramiento de una autoridad central responsable de la respuesta de emergencia. En teoría, podría obligar a los departamentos gubernamentales a subsanar deficiencias que existen desde hace tiempo: ampliar la capacidad forense, reforzar la policía, aumentar el número de tribunales especializados y ampliar los refugios con presupuestos protegidos. En la práctica, esas medidas dependen de la comunicación y voluntad entre los ministerios, que históricamente han actuado de forma aislada, y de la decisión del Tesoro de reservar fondos en lugar de hacer compromisos ambiciosos.