José Silvio Tay, superviviente del genocidio contra el pueblo maya Ixil: “Encontrar los cuerpos nos da los indicios de cómo fueron ejecutados”

Cuando José Silvio Tay (Choatalun, Guatemala, 48 años) tenía seis años, sus padres le dijeron que debían abandonar su hogar, una comunidad ixil en el departamento de Quiché, en Guatemala. En ese momento no entendía lo que ocurría, solo que tenía que huir de “personas que estaban armadas y vestidas de verde olivo”. Tampoco podía saber que iba a estar 18 meses escondido en la montaña alimentándose únicamente de naranjas, plátanos, caña de azúcar y maíz molido para sobrevivir al genocidio que se cernía contra comunidades mayas, perpetrado por el ejército guatemalteco entre 1981 y 1983, durante las dictaduras militares de Romeo Lucas García (1978-1982) y Efraín Ríos Montt (1982-1983). En aquellas matanzas, que se produjeron en el marco del Conflicto Armado Interno de Guatemala (1960-1996), durante el que murieron unas 200.000 personas, Tay perdió a su abuelo y a otros dos familiares. Uno de ellos todavía figura entre las 40.000 víctimas sin localizar.

Tay, que ahora es campesino de profesión, dedica su tiempo libre a la búsqueda de los desaparecidos y al acompañamiento de familias supervivientes al genocidio a través de la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR), según explica durante una reciente entrevista en Madrid. Pero, después de más de 40 años de las matanzas, el camino hacia la justicia para los supervivientes sigue siendo un calvario. Si en 2013 el Tribunal de Constitucional de Guatemala anuló la condena a 80 años de cárcel por genocidio y crímenes de guerra contra Ríos Montt, que murió impune, el pasado 28 de noviembre las víctimas recibieron un nuevo jarro de agua: la sala de apelaciones anuló, tras 99 audiencias, la fase final del juicio contra el exgeneral Manuel Benedicto Lucas García, acusado de genocidio y la responsabilidad directa en más de 19 masacres, desaparición forzada, tortura y violencia sexual contra el pueblo ixil. Además, designó a un nuevo tribunal para que se repita el juicio, según denunciaron las organizaciones de víctimas y sobrevivientes del Conflicto Armado Interno, a través de un comunicado.

Estamos muy preocupados de cómo la justicia está cooptada en Guatemala

El equipo legal de los sobrevivientes presentó el pasado 10 de diciembre un amparo constitucional en contra de la resolución de la sala. Frente a la Corte Suprema de Justicia de Guatemala advirtieron un “desmantelamiento” de la Fiscalía de Derechos Humanos y exigieron la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras por “promover la impunidad a favor de exmilitares”, y la revocación de las decisiones “arbitrarias” de ambas salas de apelaciones.

“Estamos muy preocupados de cómo la justicia está cooptada en Guatemala. Este sistema de justicia protege a los militares y aquellas personas que están en la línea de la corrupción”, denuncia Silvio Tay en nombre de la AJR. Desde el 13 de noviembre habían advertido de los intentos por frenar el juicio, después de que cuatro auxiliares fiscales que trabajaban en el caso fueran trasladados a otra Fiscalía.

Reparación del daño: verdad y no olvido

Para Tay, lo más importante en la reparación del daño causado es el reconocimiento de lo cometido, más allá de “si la persona está en la cárcel o no”. Él asegura que su lucha es por la búsqueda de la verdad y memoria. “La reparación del daño es que el Estado reconozca que no cuidó a la gente, sino que la violentó”, agrega.

Tay sufrió esa violencia y aunque de niño no lo entendía, ahora sabe qué significaba el humo que vio salir de su casa después de huir. “Lo quemaron todo y robaron los animales que teníamos”, rememora. Los desplazamientos a los que se vio forzado el activista y su familia fueron la forma de sobrevivir a una estrategia militar aplicada durante el conflicto guatemalteco para abatir a los movimientos insurgentes: la política de tierra arrasada, que fue usada sistemáticamente para asesinar, desaparecer, torturar y abusar sexualmente de la población maya, según determinó la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) guatemalteca.

Entre 2019 y 2023, Tay ha contribuido a recuperar al menos los cadáveres de 36 víctimas que estaban desaparecidas. “Por un lado, encontrar los cuerpos nos da los indicios de cómo fueron ejecutados, en qué condiciones están… Eso nos sirve como pruebas que se pueden presentar en las querellas. Por otro lado, es encontrarlos y darles una sepultura digna. O cerrar un duelo de las familias que han perdido a su familiar y que no saben ni por qué fueron ejecutados”, explica. Así fue como Tay y su familia, lograron encontrar a su tío a 500 kilómetros de su aldea.

La reparación del daño es que el Estado reconozca que no cuidó a la gente sino que las violentó

“Hablar de la memoria significa el deber de recordar”, asegura Tay. Por eso, cree que es crucial que haya resoluciones judiciales que luego puedan estudiarse en las escuelas “cuando los responsables sean declarados culpables para que la juventud que no sabe lo que ocurrió lo entienda y no se repita la historia”, puntualiza.

Sea cual sea la resolución final del proceso que juzga el genocidio contra el pueblo ixil, él continuará la búsqueda de las personas desaparecidas y luchará para que el daño sea reparado, también por otras vías, como la construcción de un memorial. Y hace una última petición: “Podrían dejar un sitio, un cuartel o una zona militar para poner lo que pasó”.