Víctimas de violaciones masivas testifican en el juicio a Ríos Montt

Tras el receso obligado por las celebraciones de Semana Santa, este lunes se ha reiniciado el juicio contra el ex jefe de Estado guatemalteco Efraín Ríos Montt, acusado por los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Entre los testimonios previstos esta semana, se espera que por lo menos diez mujeres víctimas de abusos sexuales masivos por parte de los soldados narren su tragedia. Junto al viejo militar se juzga a quien fuera su jefe de Inteligencia militar, la temida G-2, el también general Mauricio Rodríguez Sánchez.

El hecho, sin precedentes, de que un tribunal local siente en el banquillo al hombre que en la década de los ochenta ejerció un poder absoluto, respaldado por un Ejército acostumbrado a no rendir cuentas, ha despertado un interés inusitado más allá de las fronteras centroamericanas. Sobre todo porque ocurre en un país que ha cobrado fama por la impunidad con la que actúan las bandas criminales: solo un 3% de los delitos llega a juicio y una mínima parte de este porcentaje tiene una sentencia, por la fragilidad de las pruebas aportadas por la fiscalía.

Si bien es cierto que la nueva oficialidad se ha formado bajo parámetros democráticos, también es verdad que los halcones (en el Ejército de los años ochenta no había palomas, todos eran ‘Rambos’), ahora aglutinados en la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), no están dispuestos ni por asomo a dar su brazo a torcer. Para empezar, han iniciado una intensa campaña mediática en la que se conmina a los jueces a buscar la justicia y desterrar el revanchismo. Sin dejar en el tintero amenazas nada veladas como las proferidas por el general José Luis Quilo Ayuso, expresidente de Avemilgua y un ‘duro’ donde los haya, quien ha anunciado que una condena podría traer consecuencias graves.

La defensa de Ríos pone todo su esfuerzo en demostrar que no hubo genocidio

Esto último deja a los jueces en una vulnerabilidad extrema, lo que haría aconsejable una mayor presencia de la comunidad internacional, particularmente la europea, que hasta la fecha ha actuado con mucha prudencia y que, acorde a los vientos que soplan, centra su actividad en el campo económico. En la primera etapa del juicio solo se vio la presencia al más alto nivel de Estados Unidos y los países nórdicos, estos señalados por los militares de la vieja guardia como “alcahuetes de los comunistas”.

En tanto, la defensa de Ríos insiste en boicotear el proceso. La última estratagema, que el 26 de marzo retrasó por más de hora y media la presentación de testimonios, consistió en un intento de apartar a la juez Jazmín Barrios, por medio de recursos ya declarados sin lugar. Ahora ponen todo su esfuerzo en demostrar que “no hubo genocidio”, extremo que será determinado por una comisión especial.

Si impera la legalidad, el intento está condenado al fracaso. El abogado y periodista Luis Morales Chúa, en su columna dominical en el matutino Prensa Libre del 24 de marzo, explica que en Guatemala “solo el Ministerio Público (fiscalía) y los tribunales de justicia están autorizados para calificar si un hecho es delito, o no. Y ya se pronunciaron: sí hubo genocidio”.

En estas mismas páginas, el coronel Prudencio García, un protagonista de primera fila en el proceso de paz (la guerrilla rindió las armas a militares españoles), afirmaba el 29 de marzo que el Derecho Internacional impone al jefe militar “la obligación ineludible de impedir, denunciar o sancionar las acciones criminales de sus subordinados”.

Nada de lo anterior parece calar en Ríos y su equipo, por lo que existe expectación sobre lo que pueda ocurrir este lunes a las 08:30, cuando dé inicio la presentación de testigos, todavía de la parte acusadora.

Hasta el martes 26 habían prestado declaración 62 testigos. El tribunal recibe, diariamente, los testimonios de 12 sobrevivientes de las masacres. La fiscalía ha propuesto la declaración de 205 personas entre testigos y peritos.

Para la segunda quincena de abril podrían declarar a favor de Ríos Montt los generales retirados José Luis Quilo Ayuso y Carlos Leonel Méndez Tejada. También Roberto Efraín Rodríguez, Benjamín Rafael Francisco y Rodolfo Robles Espinoza, así como el abogado Manuel Conde Orellana, primer negociador de la paz, quien hablará sobre la amnistía que se firmó al final del conflicto.

Esa amnistía es otro de los argumentos esgrimidos por la defensa del viejo general, a pesar de que Guatemala es signataria de diversos convenios internacionales que niegan el olvido para los delitos de lesa humanidad. La Constitución norma que “…en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno”, según el Artículo 46.