Científicos xinkas: guardianes del agua frente a la minería en Guatemala

Diana Carillas Pacheco, de 18 años, y su tía Ruth Isabel Pacheco Ramírez, de 24, suben por una loma de desmontes y rocas, restos de una mina artesanal que operó a principios del siglo XX en Morales, una aldea de Mataquescuintla, Santa Rosa, en el oriente de Guatemala. El sol inclemente se refleja en las piedras, intensificando el calor y haciendo más difícil el trayecto. No hay ni un brote de pasto. Aunque la actividad minera cesó hace décadas, el terreno sigue estéril. Tras 10 minutos bajo el calor sofocante, llegan a un drenaje de agua que fluye desde un túnel, vestigio de la antigua mina subterránea.

Carillas abre un maletín negro y saca frascos, una cuchara de medición y unas tiras reactivas guardadas en un sobre plateado. La etiqueta es clara: “Kit de prueba rápida de arsénico”. Luego, se inclina sobre un murete, toma una muestra de agua, la mezcla con los reactivos y espera 15 minutos. Ni un segundo más ni menos. El resultado es inapelable: el agua contiene más del doble de los 10 ppb (partes por billón) de arsénico permisible y no es apta para consumo humano.

“El arsénico aquí puede llegar hasta 100 ppb”, explica Carillas. “Ahora está más bajo porque abrieron la represa y están usando el agua para regar los campos, entonces el metal no está concentrado en este punto”.

A pocos metros, Pacheco mide el pH, la conductividad eléctrica y el nivel de sólidos disueltos. “El potencial de óxido está muy por encima del límite permitido y hace tiempo hemos encontrado cadmio, cobre, plomo y otros metales pesados”, comenta Pacheco. Uno de los impactos ambientales más comunes de cualquier mina industrial es la formación de drenaje ácido, resultado de la lixiviación, el proceso de extracción de metales mediante disolventes. En el caso de la mina vieja de Morales aún persiste un drenaje ácido en contacto con fuentes de agua que la población usa para riegos y consumo personal. “Si esto ocurre en una mina abandonada desde hace décadas, ¿qué podemos esperar del agua afectada por una mina que se suspendió en 2017?”, dice Pacheco.

Tekuanes: los guardianes del agua

Carillas y Pacheco hablan con la propiedad de científicas experimentadas, aunque no son biólogas ni ingenieras, ni han asistido a la universidad. Son parte de los Tekuanes —“guardianes del agua” en idioma xinka— un grupo de 20 científicos comunitarios con una edad promedio de 25 años. Todos se reconocen como xinkas, uno de los 24 pueblos originarios de Guatemala que, junto con el garífuna, no son mayas.

Desde 2017, los Tekuanes monitorean mensualmente la calidad y la cantidad de agua de los ríos y lagunas en la cuenca hidrogeológica del río Los Esclavos donde se encuentra el proyecto minero subterráneo polimetálico El Escobal en San Rafael las Flores. Las operaciones de extracción, que comenzaron con una fase de inspección en el 2011 y arrancaron oficialmente en el 2013, están momentáneamente suspendidas y son realizadas por Minera San Rafael, antes propiedad de Tahoe Resources Inc. y ahora de Pan American Silver, una de las mayores productoras de plata del mundo.

Gracias a la capacitación proporcionada por la Comisión Diocesana de Defensa de la Naturaleza (Codidena) y el Observatorio de Industrias Extractivas, los Tekuanes han adquirido una profesionalidad científica que les permite también informar sobre la seguridad del agua a las comunidades cercanas al proyecto minero. Un trabajo crucial en un país con escasos datos públicos sobre medioambiente y donde nunca se ha aprobado una ley que garantice la preservación de recurso hídrico como bien común, aunque el nuevo gobierno de Bernardo Arévalo se está comprometiendo a construir una ruta para la elaboración, en un futuro cercano, de una Ley de Aguas.

A cuatro kilómetros desde el proyecto El Escobal, Alex Donanzón, de 20 años, y cinco compañeros, se sientan a la orilla del lago Ayarza y realizan las mismas pruebas que Pacheco y Carillas. “Hoy el arsénico supera los 40 ppb”, comenta Donanzón. “El pescado aún se puede comer, pero no es recomendable bañarse ni beber esta agua. Es una pena porque este es un lugar turístico”.

Desde que comenzaron los monitoreos, los niveles de arsénico han superado constantemente el límite permisible en la laguna, así como en casi toda la cuenca del río Los Esclavos. “Aunque existen tres plantas de tratamiento de arsénico, no cubren todas las comunidades”, explica Melissa Rodríguez, de 18 años, sentada junto a Donanzón. “Muchas personas beben directamente del caño porque no tienen dinero para agua potable ni filtros”, agrega.

De hecho, según un estudio de Codidena, un buen número de pobladores de San Rafael las Flores y Casillas, dos municipios cercanos a la mina, presentaban arsénico en la sangre. Según la Organización Mundial de la Salud, la exposición prolongada a este material, ya sea a través del consumo de agua contaminada, puede causar intoxicación crónica, cuyos efectos más comunes incluyen lesiones en la piel y cáncer de piel.

“Guatemala no es un país apto para extractivismo”, sentencia Amalia Lemus, de Codidena, mientras mira el agua azul de la laguna Ayarza. “En esta región volcánica, los metales pesados están presentes de forma natural, pero las explosiones mineras los liberan, contaminando las aguas subterráneas”.

El megaproyecto minero y el pueblo xinka

La mina El Escobal es uno de los megaproyectos extractivos más grandes y conflictivos de Guatemala y de todo Centroamérica. Abarca más de 19 kilómetros cuadrados y tiene licencia de explotación hasta el 2038. A pesar de esto, sus operaciones fueron suspendidas en 2017 por no haber consultado al pueblo xinka, tal como exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Ante esta violación, el Parlamento Xinka presentó un amparo y en 2018 la Corte de Constitucionalidad ordenó detener la actividad de la mina hasta que se realice la consulta comunitaria.

“Yo soy xinka”, dice José Valvino Quinteros, mientras pasa a Donanzón una vejiga de agua de la laguna Ayarza. Los demás asienten sin dudar. “La mina afirmó que el pueblo xinka no existía, aprovechándose de que ya no hablamos el idioma, ya que muchos gobiernos anteriores lo prohibieron”, agrega Donanzón. “Sin embargo, nuestro pueblo vive aquí desde antes de la colonización española”, puntualiza. De hecho, en San Rafael las Flores la identidad xinka se refleja en sitios arqueológicos y ceremoniales que fueron destruidos durante la construcción de la mina, como documenta un estudio sobre el impacto cultural y espiritual del proyecto minero El Escobal.

¿La mina trae riqueza?

Mientras la consulta sigue en proceso, la mina continúa con labores de mantenimiento. “La empresa sigue bombeando los túneles para evitar que se inunden por las aguas subterráneas”, asegura Lemus. “Sin embargo, esta actividad ha llevado a la desecación de más de 13 nacimientos de agua vitales para nosotros”, explica.

Las detonaciones necesarias para explorar las vías subterráneas también han afectado también al urbanismo de las comunidades cercanas. “La gente tuvo que desplazarse desde la aldea de La Cuchilla, que se encuentra arriba del proyecto minero, porque las casas se agrietaron y el área fue declarada inhabitable”, continúa Donanzón mientras guarda ampollas en un maletín azul.

La mina El Escobal abrió el dilema que sacude a todos los territorios con proyectos de este tipo: ¿la minería reduce la pobreza? En el departamento de Santa Rosa, según datos de 2023 de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de Guatemala, el 74% de la población vive en pobreza, lo mismo que el 100% de las personas desplazadas de La Cuchilla. La mayoría de la población se dedica a la agricultura, cultivando cebollas, tomate y café. “Hace años los mercados nacionales rechazaban nuestras cosechas porque pensaban que estaban contaminadas por la mina “, recuerda Lemus. “Aunque no teníamos pruebas, la percepción general es que afectó a nuestra economía”, añade.

Además, las regalías, tanto obligatorias como voluntarias de la mina, se destinaron principalmente a gastos administrativos, en lugar de invertir en educación, cultura y salud.

Criminalización y migración de defensores ambientales

A los costes económicos se suman los humanos y las fracturas sociales derivada de la conflictividad generada por el proyecto minero.

“El pueblo salió a la calle contra la mina y hubo muchas confrontaciones violentas con la policía”, cuenta Pacheco desde su poste de monitoreo en la mina vieja. “En 2014 alguien mató a Topacio Reynoso Pacheca, una activista ambiental de 16 años y el crimen sigue impune”, continúa.

En un contexto marcado por un conflicto social de largo plazo, las amenazas contra los defensores del medio ambiente se han vuelto cotidianas. A veces Pacheco y Carillas no están solas cuando monitorean el agua en el río Escobal, justo al lado de la mina. “Nos intimidan con los drones que vuelan justo sobre nosotras mientras realizamos las pruebas”, cuenta Carillas sonriendo. “Pero ya estamos acostumbradas. No tenemos miedo”.

La madre de Carillas también fue científica comunitaria. Pero un día decidió irse a Estados Unidos por razones económicas, dejando en manos de su hija la lucha ambiental. “A veces pienso que yo también me iría si pudiera, no sé… pero luego me doy cuenta de lo importante que es lo que estamos haciendo entonces no me lo pienso mucho…”, dice Carillas mirando al frente.

“Estos jóvenes son increíbles. Si no fuera por ellos, ni sabríamos que agua estamos tomando”, termina Lemus. “Sin embargo, la pobreza y la conflictividad provocada por la mina son causas de migración y pasa a menudo que algunos de nuestros científicos deciden irse”.

Al final del día, Donanzón, Pacheco, Carillas y todos los demás científicos comunitarios cierran sus maletines y regresan a sus casas, en comunidades cercanas a la mina. Su actividad científica es una vocación más que un trabajo. Para salir adelante, la mayoría cultiva y vende café orgánico. “A veces pienso: ¿qué será de nosotros? El agua está contaminada y a veces uno pierde la esperanza… Por otro lado, sé que nos quedará este territorio, entonces hay que cuidarlo lo mejor que podamos”, concluye Donanzón.