Ivania Cruz, abogada y defensora de derechos humanos: “Las calles han perdido el miedo a Bukele en El Salvador”

“Si mi hijo debe ser un mártir para que esto acabe, lo tendrá que ser”. Ivania Cruz (El Salvador, 31 años) recibió esta respuesta de su madre cuando hace tres años inició la defensa de su hermano, Ever Stanley Cruz, uno de los primeros presos políticos del Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador. Debía consultar con su familia si estaban dispuestos a asumir las consecuencias de denunciar al propio Estado y de visibilizar la causa en el extranjero. A los pocos meses, se decretó el estado de excepción, en marzo de 2022, y a la detención de su hermano se sumaron las de otras 80.200 personas, de las cuales 30.000 fueron arrestadas de manera irregular. Desde entonces, se han documentado más de 325 muertes en dependencias policiales salvadoreñas. Así que además de la causa de su hermano, Cruz ha asumido como abogada la defensa de más de 100 detenidos y ha creado una de las entidades que desde El Salvador ofrece asesoría legal a presos y a sus familiares, UNIDEHC (Unidad de Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios).

“Ya no contemplo abandonar esta lucha de ninguna manera, tenga las consecuencias que tenga sobre mi vida y la de los míos”, reconoce Cruz desde Bilbao, donde acaba de realizar una visita a entidades internacionales de la mano de la ONG Martin Etxea y Fundación Mundubat. Con su hermano ya en libertad, tras 23 meses encarcelado, Cruz continúa su trabajo entre fuertes medidas de seguridad.

Ya no contemplo abandonar esta lucha de ninguna manera, tenga las consecuencias que tenga

No repite ninguna rutina personal, cuenta con varios teléfonos móviles y diferentes discos duros para guardar toda la información de los procesos abiertos. La mayoría de su familia ha abandonado el país y, por el camino, ha perdido amistades, clientes y el contacto de muchos de sus colegas. “Las amenazas de muerte son diarias a través de las redes sociales, el seguimiento a todos mis movimientos es continuo y ningún colaborador se libra del acoso policial”, describe.

Búsqueda de la justicia

Pese a todo, se ha rodeado de una nueva generación de jóvenes que también han decidido romper el silencio contra los abusos de poder cometidos por Bukele y encontrar la manera legal de denunciarlos desde el país con las propias leyes vigentes. UNIDEHC lo conforma Cruz junto a cinco juristas con una edad media de 39 años y un amplio grupo de universitarios en prácticas, más el apoyo desde el exterior de numerosas organizaciones internacionales.

“Arrancamos solas, pero cada vez somos más”, agrega. El pasado 15 de septiembre, caminó por las calles de San Salvador junto a 17.000 personas de diferentes movimientos —feministas, sindicatos y comunidades campesinas— para reclamar “libertad y dignidad para el pueblo salvadoreño”.

“Las calles han perdido el miedo al régimen de Bukele pese a que la represión continúa. Algo impensable cuando arrancó el estado de excepción bajo la excusa de la lucha contra las pandillas”, explica Cruz, que también es portavoz del nuevo Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), una agrupación que busca aglutinar a todas los movimientos populares que trabajan por los derechos del pueblo salvadoreño.

Las amenazas de muerte son diarias a través de las redes sociales, el seguimiento a todos mis movimientos es continuo y ningún colaborador se libra del acoso policial

Aunque Cruz ha sido acosada por su trabajo, también ha logrado atraer el interés de familiares de detenidos de manera irregular. “Solicitamos la puesta en libertad de los detenidos en situación de enfermedad grave, así como los que todavía no conocen sus cargos y los que ya llevan más de dos años en prisión preventiva”, explica.

Entre los casos que representa Cruz, destacan algunos de los más complejos: la detención de 11 líderes de la organización Alianza Nacional El Salvador en Paz, la del ex ministro de Seguridad y Justicia Mauricio Ramírez Landaverde y la de su hermano, Ever Stanley Cruz, que continúa sin cerrarse, acusado de prevaricación durante su tiempo como concejal del FMLN, la antigua guerrilla salvadoreña, y como médico consultor en el Ministerio de Salud.

La importancia del respaldo internacional

Para todos estos retos, Cruz ha tejido redes con organismos internacionales. “Queremos documentar todas los crímenes de lesa humanidad del gobierno de Bukele”, sentencia.

Por eso, ha regresado a Bilbao con el apoyo de Martin Etxea, casa de acogida para personas migrantes en situación irregular y de defensores de derechos humanos que sufren persecución en sus países de origen. Los visitó en 2021 a los pocos meses de iniciar la defensa pública de su hermano. “Entonces, estaba desbordada, sufriendo de manera trágica las primeras consecuencias de dar el paso y sin saber si iba a ser capaz de sostener la situación”, recuerda.

En Martin Etxea encontró la asesoría y el respaldo para lograr las primeras declaraciones públicas de apoyo a su trabajo, como la de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco y de las Juntas Generales de Gipuzkoa. Estas le ayudaron a conseguir la adhesión de otras 90 entidades con sede en Washington, así como la del Ministerio español de Asuntos Exteriores, a través de la Embajada en El Salvador, y la de la Asociación Americana de Juristas, con representación permanente ante Naciones Unidas.

Ahora, esta ONG vasca vuelve a acoger a Cruz, inmersa en la internacionalización de varios procesos en curso contra otros líderes comunitarios de El Salvador. En esta ocasión, la letrada también traslada su experiencia a otros defensores de Colombia, Guatemala o el Sáhara, acogidos también en la casa de Martin Etxea. “Sin estas redes de apoyo, no podríamos impulsar estos movimientos“, explica Cruz. “Cualquier gesto desde el exterior nos ayuda a seguir vivas o a que nuestros asesinatos no salgan gratis”, remarca.