España, ¿campeona de la salud global?

La reciente epidemia de mpox —conocida como viruela del mono— contiene los elementos esenciales de las grandes crisis infecciosas de nuestro tiempo: víctimas concentradas en los estratos y países de menores ingresos; recursos de respuesta —vacunas, tratamientos y diagnósticos— en manos de un puñado de regiones ricas o emergentes; y una pavorosa incapacidad de la comunidad internacional para poner los segundos al servicio de las primeras. Cuando los casos notificados oficialmente desde principios de año se acercan ya a los 20.000 y las muertes desde 2022 —niñas y niños, en su mayoría— superan las 1.400, la crisis de mpox sugiere un monumental déjà vu.

Un lustro después de las primeras noticias sobre la pandemia que marcará a nuestra generación, sus lecciones fundamentales siguen sin ser asumidas. Como explicaba un reciente análisis publicado por ISGlobal, un conjunto de variables demográficas, climáticas, económicas y socioculturales han elevado hasta un punto sin precedentes el riesgo de sufrir una nueva crisis infecciosa global. Nada menos que el 60% de las enfermedades emergentes declaradas desde 1940 tienen origen zoonótico y son susceptibles de evolucionar de manera similar al SARS-CoV2. Esta escalada del riesgo, sin embargo, no ha sido respondida con una adaptación equivalente de nuestras capacidades de preparación y respuesta. Ni siquiera después de 29 millones de muertos y una catástrofe financiera sin precedentes.

Pocos asuntos ilustran mejor este fracaso que el llamado Acuerdo de Pandemias. Tres años de conversaciones y una presión internacional aparentemente imbatible han dado lugar por ahora a un texto retórico, no vinculante y letalmente lastrado por los intereses de la industria farmacéutica. La decisión de extender las negociaciones un año más ofrece la posibilidad de revertir este desaguisado, pero nadie piensa seriamente que eso vaya a ocurrir. En ausencia de mecanismos multilaterales obligatorios de respuesta, dependemos de la santa voluntad de cada uno de los actores.

España ha dado un meritorio paso adelante con la donación del 20% de sus existencias de vacunas: 100.000 viales, equivalentes a 500.000 dosis

Y esta crisis no es una excepción. La declaración de mpox como emergencia sanitaria internacional ha estado acompañada del tradicional rosario de peticiones de recursos financieros y materiales, con el objetivo prioritario de prevenir nuevas infecciones a través de la inmunización de las poblaciones en mayor riesgo. En este proceso, España ha dado un meritorio paso adelante con la donación del 20% de sus existencias: 100.000 viales, equivalentes a 500.000 dosis. Una respuesta similar por parte del resto de los países de la OCDE supondría una eficaz medida de choque contra la expansión de mpox. Al menos, por ahora. En el plazo medio y largo, los expertos insisten en la transferencia de tecnología y la capacidad de producción en las regiones afectadas, lo que permitiría reducir precios y tiempos de respuesta.

La buena noticia es que esta decisión del Estado español no supone un hecho aislado. Desde el comienzo de la pandemia, nuestras autoridades han desplegado un refrescante compromiso en el campo de la salud global. Liderados por el buen trabajo de los ministerios de Exteriores y Sanidad, España ha sido capaz de aportar un valor distintivo, más allá del financiero. Porque las contribuciones —modestas, pero crecientes— a iniciativas internacionales como Covax, GAVI, el Fondo Mundial o el propio Fondo de Pandemias han estado acompañadas por la construcción de un andamiaje político que sustenta esta participación y la vincula con la experiencia y las capacidades nacionales.

España sabe, por ejemplo, que la inversión en sistemas sólidos de salud primaria y preventiva constituye una pieza imprescindible de un buen modelo de preparación y respuesta ante pandemias. La defensa de esta prioridad no se ha hecho patente solo en foros globales como el de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sino también en programas de asistencia técnica descentralizada como el que desarrolló el Gobierno vasco en Perú durante la pandemia.

Este compromiso constituye un activo indiscutible para nuestro poder blando, en un momento en el que las prioridades de las grandes potencias están en otro lado

España tiene la oportunidad de convertirse en esta legislatura en uno de los líderes mundiales en salud. Para ello puede aprovechar varios frentes que ahora están abiertos y que deben ser cerrados. El primero de ellos es la llamada Estrategia de Salud Global. Se trata de un documento político que debe establecer las prioridades temáticas, las herramientas y la hoja de ruta de España en este campo. Otros países —como Alemania y Francia, así como la propia Comisión Europea— han hecho ejercicios similares, que reflejan la relevancia política de la salud global tras la pandemia. La estrategia española debería haber sido publicada hace ya tiempo y su ausencia debilita la posición de nuestro país en algunas conversaciones importantes —como la referente al futuro de la arquitectura de la salud global—, por lo que es deseable que se remate cuanto antes.

El segundo es la puesta en marcha de la Agencia Estatal de Salud Pública. Esta herramienta institucional ha sido concebida con el propósito de prevenir y afrontar los riesgos de salud y garantizar respuestas eficaces y equitativas a las crisis sanitarias. Por eso es urgente que sea rescatada del limbo de la Comisión de Sanidad del Congreso, donde dormita desde hace seis meses. Los cinco ámbitos prioritarios de la nueva agencia se enfocan de manera particular al territorio nacional, pero es fácil entender que apuntalarán también la participación de España en los debates internacionales. Solo hace falta imaginar el papel de coordinación y acción que un recurso de este tipo podría haber cumplido durante las alarmas de mpox, gripe aviar o la propia pandemia.

En tercer lugar, el Gobierno está trabajando en la próxima aprobación de un real decreto que desarrolla el Plan Estatal de Preparación y Respuesta frente a Amenazas para la Salud Pública. Este texto legal no solo define los mecanismos de coordinación y actuación en caso de amenaza, o las capacidades de preparación y respuesta ante riesgos, sino que establece protocolos para la detección y evaluación de estos riesgos y la posible declaración de emergencia. De nuevo, un recurso tan relevante como urgente.

Sumen a estos procesos el compromiso renovado de España con la Alianza para las Vacunas, GAVI (la promesa de un incremento del 25% con respecto a las contribuciones de 2021-2025), el protagonismo en los debates sobre la posición europea en este terreno o la más que posible incorporación de la ministra de Sanidad al Consejo Ejecutivo de la OMS. Diseñada o no, esta acumulación de iniciativas políticas, financieras e institucionales podrían situar a España entre los países más activos y propositivos en el debate de la salud global. Es una responsabilidad del conjunto del país, lo que obliga al Gobierno a escuchar e incorporar a la oposición y a las comunidades autónomas. Pero constituye un activo indiscutible para nuestro poder blando, en un momento en el que las prioridades de las grandes potencias están en otro lado. Precisamente porque escasean las naciones que proponen un fortalecimiento de las vías multilaterales y la agenda del desarrollo sostenible, el papel de España es más importante que nunca.

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