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Ángela León, activista: “El auge de los populismos y de la ultraderecha tiene un grave impacto en la salud global”

Esta luchadora contra la desigualdad en el acceso a la atención sanitaria de las mujeres reclama más fondos para la prevención de enfermedades y voluntad política frente a las dolencias que afectan a los países con menos ingresos

Ángela León, activista
Ángela León, directora ejecutiva de la organización Woman4GlobalFund, el día 11 en el Ateneo de Madrid.Álvaro García
Patricia R. Blanco

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Ángela León (Quito, Ecuador, 33 años) mira con preocupación el crecimiento de “los movimientos antiderechos en todo el mundo”. Podría esgrimir muchas de las razones por las que los rechaza, pero se centra en una: “El auge de los populismos y de la ultraderecha tiene un grave impacto en la salud global”, advierte la directora ejecutiva de Women4GlobalFund, una organización que lucha contra la desigualdad en el acceso a la salud de mujeres y niñas.

Este resultado es, según León, una consecuencia directa de las políticas que aplican estos regímenes, que “invierten en seguridad al tiempo que desinvierten en los sistemas de protección social”, analiza durante una entrevista en Madrid, donde acaba de participar en una conferencia organizada por la fundación Salud por Derecho para abordar los retos sanitarios a nivel mundial. Y “no es una tendencia aislada, sino que sucede en todo el mundo”, alerta.

Pero en Latinoamérica, son especialmente tangibles los ejemplos de cómo la casi “militarización de un país” deriva de forma inevitable en la violación de los derechos humanos. “El caso más reciente es el de Argentina, un país que ha sido líder regional en políticas de género y salud y donde [el actual presidente, Javier] Milei acaba de cerrar el Ministerio de la Mujer”, recuerda. Las consecuencias para “la salud sexual y reproductiva” de las mujeres serán “catastróficas”.

Menos mediático es el caso de Ecuador, donde la Asamblea debate “reformar el Código Orgánico Integral Penal para criminalizar la transmisión de enfermedades infecciosas”, apunta León. Esta reforma pretende penar con hasta tres años de cárcel a quien contagie de manera intencionada una patología. “Pero no estamos hablando solo del VIH, sino también de la tuberculosis o de la misma covid-19”, dice con indignación.

La Asamblea de Ecuador debate reformar el Código Orgánico Integral Penal para criminalizar la transmisión de enfermedades infecciosas

Sin embargo, “¿es posible demostrar esa intención de contagiar a otros?”, se pregunta León, que cree que todos estos retrocesos asociados con la tuberculosis, el sida u otras enfermedades de transmisión sexual afectarán especialmente “a las personas más vulnerables”, como la población que se encuentra en cárceles, quienes consumen drogas o quienes ejercen la prostitución. “Son personas que históricamente ya han sido criminalizadas y estigmatizadas” lo que hará “que tengan muchísimo más miedo de ser testeadas”. Por ello, la medida, según la activista, provocará justo el “efecto contrario”, ya que, la falta de diagnóstico abre las puertas de la transmisión.

Mientras en Ecuador organizaciones como las de León se esmeran por movilizar a la sociedad civil para frenar la reforma del Código Penal, en otros países como Perú “el debate parlamentario para aprobar un decreto que criminaliza a las personas trans ocurrió tan rápido que nadie pudo hacer nada”, protesta la defensora de derechos humanos. En concreto, el texto que aceptaron los parlamentarios peruanos vuelve a describir la transexualidad como “una enfermedad mental”, una definición que la Organización Mundial de la Salud (OMS) abandonó de forma oficial en 2018.

Los retos de la salud global

Más de dos millones y medio de personas murieron en el mundo, la mayoría en el Sur Global, como consecuencia de la tuberculosis, la malaria o enfermedades relacionadas con el sida en 2022, el último año con datos consolidados. “Son las tres pandemias” que todavía el mundo debe afrontar, según León. Pero para ello es necesaria “una voluntad política” que no existe, opina.

Ángela León, minutos antes de participar en un acto organizado por Salud por Derecho en el Ateneo de Madrid, el día 11.
Ángela León, minutos antes de participar en un acto organizado por Salud por Derecho en el Ateneo de Madrid, el día 11.Álvaro García

La velocidad con la que se fabricaron las vacunas contra la covid es la lección más grande de la historia en términos de desigualdad, porque la voluntad política puede ser grande cuando una pandemia afecta a los países ricos”, apunta la experta. Pero no lo es, continúa, si quienes enferman y fallecen son de países con menos ingresos, como ocurre con la tuberculosis, que en 2022 provocó la muerte de 1,3 millones de personas. “Han pasado décadas sin que se haya desarrollado todavía una vacuna nueva que pueda proteger a la población mayor de edad”, donde se concentra el 90% de las muertes.

La velocidad con la que se fabricaron las vacunas contra la covid es la lección más grande de la historia en términos de desigualdad

La falta de consenso mundial en salud fue patente, destaca la activista, durante la Asamblea Mundial de la OMS, celebrada a finales de mayo en Ginebra, donde los países miembros del organismo fueron incapaces de acordar un tratado de pandemias que llevaban negociando dos años y medio y tan solo pactaron prolongar un año más la negociación. “Me preocupa especialmente la desigualdad, porque los países del Norte tienen muchísimo más poder de negociación que los países del Sur, que es justamente donde más se deben fortalecer los sistemas sanitarios”, apunta la activista.

Y sin ese enfoque global el mundo no está seguro. “Las enfermedades no conocen las fronteras y puede ocurrir que un brote epidémico en un lugar específico se convierta en una nueva pandemia en el contexto actual de gran movilidad humana”, explica León.

Pero el gran reto para la activista es invertir en prevención, lo que no solo evitaría la aparición de enfermedades, sino que supondría “un gran ahorro al no tener que afrontar futuros tratamientos”. “Es la parte fundamental dentro del control de las enfermedades y apenas se dedican fondos”, protesta la activista. El motivo, continúa, es que el impacto de destinar dinero a la prevención “se ve en 20 o 50 años” y los “gobiernos quieren presentar resultados rápidos ante la ciudadanía”.

Y, sin embargo, esos “fondos sí existen”, sostiene. “Pero están en los lugares equivocados, en las políticas que fortalecen ese enfoque de seguridad frente a las políticas sociales”. Ocurre en países como “El Salvador y Ecuador, que invierten en la militarización de las ciudades para aumentar la seguridad, cuando la causa real de la inseguridad son los problemas relacionados con la educación, la salud, la vivienda o la nutrición”.

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Sobre la firma

Patricia R. Blanco
Periodista de EL PAÍS desde 2007, trabaja en la sección de Internacional. Está especializada en desinformación y en mundo árabe y musulmán. Es licenciada en Periodismo con Premio Extraordinario de Licenciatura y máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid.
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