El Gobierno de Dina Boluarte clasifica a las personas trans como enfermos mentales

Este viernes 17 de mayo se cumplirán 34 años desde que la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de la lista de Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE). Un hito que sirvió de inspiración para instituir el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia en 2005. La conmemoración es reconocida por más de 130 países en la actualidad. En la víspera de esta fecha, el Ministerio de Salud (Minsa) de Perú publicó el viernes pasado un decreto que hace retroceder al país en la lucha contra la discriminación y reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ+ al considerar que sufren problemas de salud mental por sus identidades.

El decreto supremo N° 009-2024-SA, que lleva la firma de la presidenta Dina Boluarte, consiste en una actualización del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), documento que contiene una lista detallada de las condiciones, intervenciones y atenciones que son financiadas a todos los asegurados y que rige en los centros de salud públicos y privados de Perú. Sin embargo, el Ministerio de Salud incorporó nuevos diagnósticos en la categoría de trastornos mentales y del comportamiento, basándose en la décima versión de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades (CIE-10), que quedó caduca en 2022 al entrar en vigencia una versión actualizada, la CIE-11.

De tal manera que “el transexualismo, el transvestismo de rol dual, el trastorno de la identidad de género en la niñez, otros trastornos de la identidad de género, el transvestismo fetichista y la orientación sexual egodistónica” han sido consignados ahora en el capítulo de problemas de salud mental en la cobertura de aseguramiento del país andino a pesar de que la OMS excluyó la transexualidad de su manual de enfermedades desde hace dos años. Podría decirse que se trata de más tiempo, pues la CIE-11 fue presentada para su adopción por los Estados miembro en el 2019. El término transexual fue reemplazado por incongruencia de género, el cual está circunscrito a una condición relacionada con la salud sexual.

“Tardó 28 años en eliminar a las identidades trans de la misma categoría. No retrocedamos un día más”, se pronunció tajante el colectivo Más igualdad Perú, que recolectó firmas para enviarle una carta al ministro de Salud, César Vásquez. El científico Percy Mayta Tristán, director del área de investigación de la Universidad Científica del Sur, también mostró su alerta por el decreto: “La población trans no tiene acceso al servicio de salud, porque tiene problemas con el Documento Nacional de Identidad (DNI); en teoría, es una forma ‘en buena intención’ de dar acceso. El problema es que usan el CIE-10, que le está diciendo que está enferma; entonces, la comunidad LGTBI, la población trans, se opone y dice: ‘¿cómo quieres que me acerque al servicio de salud si ya me están diciendo que estoy enfermo por ser trans?”, declaró a Perú 21.

Cuestionamientos similares hizo Jorge Apolaya, vocero del Colectivo Marcha del Orgullo Lima, quien le ha exigido al Ministerio de Salud que modifique dicha norma pues se apoya en un conjunto de normas que ya están en desuso. “La norma de por sí está desfasada y más bien deja una puerta abierta a las terapias de conversión, así como al uso de hormonas con fines de corrección de la homosexualidad, terapias que son consideradas una tortura por el derecho internacional”, señaló al diario El Comercio.

Ante la ola de críticas, el Ministerio de Salud emitió un comunicado contradictorio: sostienen que la diversidad de género y sexual no son enfermedades ni trastornos, pero no se retractan ni realizan una autocrítica. Justifican el decreto, aduciendo que es para “garantizar que la cobertura de atención sea completa en salud mental” y que el “CIE-10 todavía se mantiene vigente en el país, en tanto se inicie la implementación progresiva del CIE-11, tal como ocurre en otros países de la región”. “El Minsa reafirma categóricamente el respeto de la dignidad de la persona y su libre accionar en el marco de los derechos humanos, brindando servicios de salud en su beneficio”, finaliza el oficio.

El Ministro de Salud César Vásquez no se ha pronunciado al respecto. Más bien ha aprovechado los micrófonos para rechazar el arresto de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, detenido por presunto tráfico de influencias, así como para justificar el incremento de la pobreza monetaria del 27,5% al 29%.

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