Detenidos el hermano y el abogado de Dina Boluarte por presunto tráfico de influencias

En un megaoperativo, donde se allanaron los inmuebles de 22 investigados, el Equipo Especial de Fiscales de Lucha contra el Poder detuvo de manera preliminar, por espacio de 10 días, a Nicanor Boluarte, hermano mayor de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y al abogado de ella, Mateo Castañeda. Se les imputan los cargos de organización criminal y tráfico de influencias en la designación de subprefectos para financiar una red criminal y a su vez lograr la recolección de firmas para la inscripción de un partido político. Los prefectos y subprefectos son representantes del Poder Ejecutivo en las distintas regiones del país. Se consideran cargos administrativos de confianza y son designados por el ministro del Interior y el Ejecutivo.

En reiteradas ocasiones, Dina Boluarte ha defendido la honorabilidad de su pariente, a quien le siguen la pista desde hace un año. Diversas investigaciones periodísticas han reportado que Nicanor Boluarte estuvo inmerso en la contratación de personas cercanos a él y a su hermana, así como la asignación de un presupuesto de 20 millones de soles (5,4 millones de dólares) a un municipio de Cajamarca tras sostener una reunión con el alcalde. En suma, se le acusa de coordinar encuentros entre la mandataria y diversos actores políticos y económicos.

Además de ello, está envuelto en el posible fraude de Ciudadanos por el Perú, un partido político ligado a los Boluarte e inscrito hace unos meses, del cual la autoridad electoral descubrió que de las 32.000 firmas para obtener la inscripción, por lo menos 500 habían sido falsificadas. “Dejen de difamar a mi hermano, que no está participando en absolutamente nada, en ninguna organización de ningún partido”, señaló en enero pasado la presidenta.

Esta tarde, tras siete horas de diligencias, Nicanor Boluarte fue trasladado a la Prefectura de Lima. Lucía una mascarilla y una gorra. En cuanto a Mateo Castañeda, el abogado de la presidenta, se le imputa el haber intentado sobornar a los coroneles de la policía Walter Lozano y Harvey Colchado, prometiéndoles ascensos y continuidad en el cargo a cambio de que influyan a favor de Nicanor Boluarte en las investigaciones que le sigue el Equipo Especial contra la corrupción del poder.

Ante la negativa de ambos, hubo represalias. A mediados de abril, Harvey Colchado, quien estaba al mando de la División de Delitos de Alta Complejidad, fue suspendido por haber celebrado su cumpleaños con una torta que supuestamente escenificaba el momento del allanamiento a la casa de la presidenta durante la Semana Santa. Pero no solo eso. Este jueves, en la víspera de la detención de Nicanor Boluarte, el Ministerio del Interior desarticuló al Equipo Especial de la Policía que asistía a los fiscales del Equipo Especial de Fiscales de Lucha contra el Poder. El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, ha declarado que exigirá la reposición inmediata de este comando.

Este viernes, durante un seminario en Lima, la presidenta Boluarte reapareció tras las denuncias que aseguran que se ausentó durante dos semanas del Gobierno a mediados del 2023 para realizarse cirugías estéticas. No respondió sobre ello, pero sí sobre la detención de su hermano Nicanor, aunque sin nombrarlo directamente. “No nos vamos a distraer con asuntos menores. Creemos en la justicia del país, creemos en la razonabilidad de los que administran la justicia del país, y en esa línea este Gobierno seguirá apostando por la democracia, por respetar nuestra Constitución, por hacer más grande nuestra patria”, sostuvo.

La orden de detención emitida por el juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, también alcanza a otros seis implicados, además del abogado Mateo Castañeda. Además, se autorizó judicialmente el levantamiento secreto de las telecomunicaciones con la finalidad de visualizar y extraer información de sus teléfonos móviles, tabletas, computadoras, laptops, memorias USB y discos duros externos de los 22 implicados en total.

“Niego absolutamente todo, soy inocente”, fue la única declaración al paso que dio Nicanor Boluarte, en medio de un enjambre de periodistas. En el último mes y medio, la presidenta enfrenta un cúmulo de escándalos: un presunto enriquecimiento ilícito a raíz de no haber declarado una colección de relojes de alta gama y joyas, haberse ausentado sin comunicárselo al Congreso para realizarse operaciones estéticas y, por si fuera poco, haber intentado censurar el informe de la pobreza monetaria que devela que en Perú hay casi 10 millones de personas que no pueden cubrir sus necesidades básicas.

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