Ignacio Pérez Arriaga: “El acceso a la electricidad es un imperativo moral”

“Una cosa es trazar un plan con lo que hay que hacer para llevar electricidad al lugar más remoto de África y otra cosa muy distinta es decidir quién lo va a implementar y financiar”. La frase de Ignacio Pérez Arriaga (Madrid, 76 años) resume décadas de trabajo de este ingeniero, que ha elaborado proyectos energéticos en decenas de países y ahora, en lugar de hacer vida de jubilado, está empeñado en allanar el camino para que puedan ponerse en práctica y mantenerse en el tiempo.

Acaba de aterrizar de Nairobi, anteriormente estuvo en Ghana y en un par de días vuelve a hacer las maletas. Lleva más de 10 años viviendo así, entre el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), donde es profesor desde 2008, Madrid y decenas de lugares inesperados de todo el mundo. En su ahínco de favorecer el acceso universal a la energía ha encadenado responsabilidades y proyectos internacionales que va desgranando conforme avanza esta entrevista.

“La electricidad es un facilitador del desarrollo, el acceso a la electricidad es un imperativo moral. Por ejemplo, sin energía no puedes tener saneamiento, no hay salud y los profesores no quieren ir a dar clase a ese poblado”, dice a este diario en los pasillos de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, donde se licenció como ingeniero en 1970 y con la que está vinculado hasta hoy. “Y Europa está ciega al no darse cuenta de que el problema no son las fronteras, sino los 1.000 millones de vecinos más que tendremos en 25 años en el África subsahariana. Hay que intentar resolver los problemas de estas personas allá donde viven”, agrega.

Su discurso es llano. Tal vez por ser un veterano en la materia o por su mentalidad de ingeniero, huye de la grandilocuencia y del idealismo y se concentra en los hechos. Pérez Arriaga ha tenido responsabilidades en España, donde elaboró, por ejemplo, el Libro Blanco para la reforma de la regulación del sector eléctrico, pero sobre todo en el extranjero. Durante 30 años ha aconsejado a gobiernos y compañías en regulación eléctrica en más de 40 países, ha sido profesor e investigador en varias universidades, ha dirigido decenas de proyectos de investigación y tesis doctorales y ha sido responsable de formación en la Escuela de Regulación de Florencia, un centro integrado en el Instituto Universitario Europeo que tiene por fin mejorar la calidad de la regulación y la política europeas.

Europa está ciega al no darse cuenta de que el problema no son las fronteras, sino los 1.000 millones de vecinos más que tendremos en 25 años en el África subsahariana. Hay que intentar resolver los problemas de estas personas allá donde viven

“Ese runrún de aplicar lo que yo sé para reducir la desigualdad lo tuve siempre, desde que estudiaba. Los ingenieros tenemos que hacer puentes y carreteras, pero también podemos aplicar la ciencia para ayudar a los más desfavorecidos. Tuve que esperar a llegar al MIT y a tener dinero para hacer proyectos para que todo fuera tomando forma”, explica.

En Massachusetts impulsó la creación de un laboratorio para el acceso universal a la energía, conjuntamente con la Universidad Pontificia Comillas. Y en sus primeros viajes a la India germinó la idea de crear un programa informático llamado REM (Reference Electrification Model) que, gracias a análisis técnicos y económicos, al estudio exhaustivo del terreno, imágenes vía satélite y hasta a la inteligencia artificial, elabora un plan detallado de lo que habría que hacer para electrificar una zona, cómo llegar a cada casa y cuánto costaría. “Es la bomba, es muy bueno”, celebra Pérez Arriaga. “Primero ganamos un concurso para hacer un plan de electrificación de Ruanda, convocado por el Banco Mundial. Después fue Mozambique y después, Indonesia. Decidimos crear una pequeña empresa, que se llama Waya, que desde 2019 ha hecho planes nacionales para 22 países: Bolivia, El Salvador, Panamá, Ecuador, Gambia, Pakistán o Camboya”, cita.

Proyectos en un cajón

Algunos países, como por ejemplo Ruanda, un Estado pequeño y con fondos internacionales —dos aspectos cruciales para esta tarea— están llevando a la práctica el plan elaborado por el equipo de Pérez Arriaga. Pero el experto admite que a menudo sus proyectos se quedan en un cajón de un ministro por no saber quién puede llevarlo a la práctica y con qué dinero.

“Por ejemplo, en el África subsahariana hacen falta entre 160.000 y 200.000 minirredes, es decir, dispositivos de generación normalmente solares que brindan electricidad en zonas aisladas, donde no es rentable ni fiable extender la red eléctrica tradicional. Instalar esas minirredes costaría unos 20.000 millones de euros. Es un montón de dinero y no hay fondos públicos para eso. Hay que recurrir al capital privado, pero ¿quién va a invertir en un negocio que cuesta más de lo que la gente pagará en sus facturas?”, se pregunta.

Necesitamos planes nacionales y dinero. Y la gente solo invertirá si hay una buena regulación. La regulación no instala el panel solar, pero sí allana el camino para que eso ocurra.

La respuesta no vendrá, según él, de proyectos pequeños, de ONG o agencias de cooperación, que dotan de minirredes a una población, pero carecen de un plan global y muchas veces no pueden garantizar que el dispositivo siga funcionando con el tiempo, una vez que ellos ya no estén allá. “Hacen un gran trabajo, pero necesitamos planes nacionales y dinero. Y la gente solo invertirá si hay una buena regulación. La regulación no instala el panel solar, pero sí allana el camino para que eso ocurra. Y ese es mi trabajo actualmente”, explica.

En esta tarea titánica, su consigna es pensar en grande porque el problema es inmenso. “Más de 600 millones de personas en África no tienen electricidad”, recuerda el experto. Por ello, tras años de grupos de trabajo internacionales, negociaciones y búsqueda de fondos, se logró lanzar el pasado septiembre la Escuela de Regulación Africana, (ASR, por sus siglas en inglés), que ya recibió un espaldarazo rotundo de la Unión Africana. La ASR tiene su sede provisional en Italia, en la Escuela de Regulación de Florencia, pero en los meses venideros será acogida por la Fundación Africana para el Desarrollo de Capacidades (ACBF, por sus siglas en inglés) en Accra. “Porque es una institución africana”, insiste Pérez Arriaga, que preside la institución de manera temporal, hasta que el 1 de abril asuma las riendas el keniano Frederick Nyang. La organización, que aspira a mejorar la calidad de la regulación y la política energética africanas, cuenta con el respaldo financiero de la Unión Europea, de la Fundación Rockefeller y la Fundación Enel, entre otros.

“La idea es asesorar a los países sobre cómo organizarse para implementar los planes de electrificación: concesiones, privatizaciones, apoyo a empresas mediante subsidios... Y también ayudarles a definir el entramado del negocio y a cómo crear la confianza de los inversores privados. Además, la escuela brinda cursos, crea espacios de diálogo, hace investigación aplicada...”, explica el experto.

Transformar la vida de la gente

Pérez Arriaga habla rápido y sin titubeos. Recita de memoria porcentajes, los millones de personas que viven en tal o tal país o los proyectos exitosos y fracasados. Recuerda a sus exalumnos convertidos hoy en responsables de grandes empresas de energía a los que a veces tiene que recurrir, y también los viajes que le han marcado: el primer pueblo de Ruanda, una comunidad del Estado indio de Bihar...

“Hablamos mucho de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que deben concretarse antes de 2030 para ayudar a que todo el mundo tenga un mínimo de muchas cosas, entre ellas energía. Pero ahora ya hay una conciencia de que no se están cumpliendo y ni de coña se van a cumplir”, asegura, pragmático.

En el MIT y la Universidad Pontificia Comillas han creado un índice con los países que de aquí a 2030 aún pueden lograr un acceso universal a la energía y los que no podrán conseguirlo y para los que habrá que fijar nuevas metas y nuevos planes, entre ellos, 20 o 25 Estados del África subsahariana. Por ejemplo, Malaui, donde la electrificación ronda el 13%, Burundi, con un 12%, o Nigeria, un país de 220 millones, la mitad sin electricidad, “donde se ha privatizado el sector, pero se ha privatizado mal”.

—¿Y si tuviera que elegir un momento en el que se haya dicho que todo este viaje vale la pena?

— Los momentos buenos no son los estudios, sino ver las cosas que pasan. Por ejemplo, fue bonito conseguir el primer proyecto para Ruanda e ir allí. O viajar a un pueblo de Perú, con un exalumno que tuvo una idea genial que ha beneficiado ya a decenas de miles de personas: una empresa que suministre kits solares a familias. Esos dispositivos son propiedad de la compañía, que es responsable del servicio y de su manutención. Los usuarios pagan un poco y el Gobierno asume el resto. Fuimos a esa comunidad perdida y ahí uno se da cuenta realmente de cómo la electricidad puede realmente transformar la vida de la gente.

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