Donde la comunidad internacional no llega: las iniciativas pequeñas tienen la llave para acabar con el VIH, pero no los fondos

“Di positivo en 1985, apenas unas semanas después de que el Gobierno de Estados Unidos autorizase la primera prueba del VIH. Los médicos me dieron seis meses de vida. Cuando le confesé a mi padre mi orientación sexual, me dijo: ‘Ya que has decidido cavar tu propia tumba, apáñatelas tú solo hasta que llegue el momento de usarla”. Y eso hizo, se las arregló, pero ni solo ni muerto.

En 1988, Phill Wilson decidió fundar con otros en su misma situación el Grupo Operativo Nacional para la Prevención del SIDA (NTFAP). “Para educar a los hombres homosexuales negros sobre el VIH”, y que no creyesen, como él, que el sida era “una enfermedad de gais blancos”. Una década después constituyó el Black Aids Institute, cuyo eslogan es “Nuestra gente, nuestro problema, nuestra solución”. Organizaciones como estas, pequeñas pero eficientes, lideradas por los propios afectados o colectivos en riesgo, son indispensables para poner fin a la epidemia de sida como amenaza para la salud pública en 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, según el informe Que lideren las comunidades, publicado este martes por la Agencia de las Naciones Unidas para la lucha contra el VIH, Onusida, que recoge el testimonio de Wilson.

En 2022 hubo 1,3 millones de nuevas infecciones, 9,2 millones de los 39 millones que vivían con el VIH (el 23,6%) no accedían a antirretrovirales y 630.000 personas fallecieron por enfermedades relacionadas con el sida, más de una cada minuto. Son mejores cifras que las de años precedentes, celebra Benedict Phillips, autor del informe, pero “los avances no son suficientemente rápidos, la ampliación del tratamiento se está desacelerando y actualmente el mundo no está en camino de cumplir los objetivos de 2025 y 2030″. Es decir, que el 95% de la población con VIH conozca su condición, que el 95% de ellas reciba terapia y el 95% presente niveles indetectables del virus y, por tanto, intransmisibles.

Los fondos canalizados a través de organizaciones de personas seropositivas o en riesgo han caído de un 31% del total en 2012 a un 20% en 2021, según la ONU

“Las muertes relacionadas con el sida han disminuido casi un 70% desde su punto máximo en 2004, y las nuevas infecciones por VIH se encuentran en el punto más bajo desde los ochenta”, subraya António Guterres, secretario general de la ONU, en una declaración con motivo de la celebración del Día Mundial del Sida el 1 de diciembre.

La carrera contra la epidemia del sida entra en su última milla, pero dar por sentado el progreso ha provocado “una bajada del VIH en la lista de prioridades de los donantes”, apunta Luisa Cabal, directora de Onusida para América Latina y el Caribe. “Nos hemos vuelto complacientes. A diferencia de África subsahariana, donde ha habido una gran inversión y se han reducido los contagios, en América Latina hay una crisis de prevención y se ha producido un ascenso del 8% de nuevos casos desde 2010”, detalla. “Esto pasa cuando se retira la respuesta de un país, incluido el apoyo a las comunidades”.

Los aumentos más pronunciados de nuevos casos los han experimentado Europa del Este y Asia Central (un crecimiento del 49%) y Oriente Próximo y Norte de África (61%). África subsahariana, que concentra la mayor carga de la enfermedad, es la región que logra mayores avances, con un 57% menos de infecciones en el Este y Sur del continente, y un descenso del 49% en el centro y oeste. De hecho, cinco países africanos (Botswana, Eswatini, Ruanda, Tanzania y Zimbabue) alcanzaron los objetivos 95-95-95 en 2022.

La ralentización global de los progresos se debe, según el análisis de Phillips, a que las iniciativas lideradas por las comunidades de personas que viven con el VIH o están más expuestas al contagio ―grupos de mujeres, jóvenes, personas LGTBI, prostitutas y usuarios de drogas― reciben cada vez menos apoyo financiero para defender sus derechos y sostener sus actividades de prevención, testeo y prestación de servicios. A escala mundial, los fondos canalizados a través de ellas han caído de un 31% del total en 2012 a un 20% en 2021.

La explicación que ofrece Phillips es que los gobiernos y los grandes donantes reconocen el valor de estas pequeñas iniciativas, “pero quieren informes de muchas páginas sobre el impacto de sus inversiones”. Por lo que a la hora de otorgar una importante suma de fondos, optan por organizaciones grandes, profesionalizadas y con programas de gran escala, capaces de gestionar abultadas cifras de dinero y redactarles sus preciados estudios. Hacen eso en vez de trocear el pastel en pequeñas porciones para repartirlas entre multitud de comunidades y activistas de la sociedad civil. Sin apoyo, estas dependen desproporcionada e insosteniblemente del trabajo no remunerado de sus miembros, ahonda el informe.

“Los programas a la antigua usanza no llegan a todos los que los necesitan”, explica Phillips a este medio. Sí lo consiguen las iniciativas comunitarias. “Los colectivos marginados y estigmatizados son conscientes de sus propias necesidades y de las barreras a las que deben enfrentarse, y están más capacitados para identificar las estrategias para llegar a los más necesitados”. El experto de Onusida cita un estudio del Banco Mundial que demostró que los programas llevados a cabo por este tipo de organizaciones están asociados a un aumento del 64% en el acceso al tratamiento del VIH en zonas rurales de Nigeria y a una duplicación de la probabilidad de uso de los servicios de prevención. “En Kenia, las comunidades con una alta participación de organizaciones comunitarias han cuadriplicado el uso sistemático del preservativo con todas las parejas en los 12 meses anteriores” a la investigación, escribe el autor.

Los programas a la antigua usanza no llegan a todos los que los necesitan

Benedict Philips, ONUSIDA

La financiación global destinada a abordar esta epidemia también disminuyó en 2022, advierte la ONU y volvió al mismo nivel que en 2013. Estados Unidos y el Fondo Mundial para la Malaria, la Tuberculosis y el VIH fueron los mayores donantes, con el 58 y el 29% del total, que el año pasado ascendió a 20.800 millones de dólares (19.000 millones de euros). Es un 2,6% menos que en 2021 y está por debajo de los 29.300 millones de dólares (26.800 millones de euros) necesarios para 2025. “La respuesta al sida en países de ingresos bajos y medianos necesita más de 8.000 millones de dólares adicionales (7.300 millones de euros) por año para estar totalmente financiada”, recalca el secretario general de la ONU.

“Penalizar mata”

La comunidad internacional se marcó como objetivo que las organizaciones lideradas por la comunidad proporcionen el 30% de los servicios de pruebas y tratamiento, el 80% de los servicios de prevención y el 60 % de los programas de apoyo a los facilitadores sociales para 2025. Pero los testimonios de activistas que recoge el estudio de Onusida describen dificultades presupuestarias y de otra índole, como la discriminación, persecución y penalización.

El potencial de las comunidades no solo está ahogado por la falta de recursos, apunta el informe, sino también por leyes represivas que dificultan su actividad e incluso persiguen a sus miembros. “Sabemos que la oposición a los derechos de las personas más vulnerables afecta a la lucha contra el VIH. Penalizar mata”, asegura rotunda Cabal.

Entre los 54 países con estudios recientes, una media del 59 % de los encuestados presentó actitudes discriminatorias hacia las personas que viven con el VIH

Un ejemplo es Uganda, que el pasado mayo aprobó una de las leyes más duras contra la homosexualidad. La nueva norma no solo mantiene la cadena perpetua para los actos sexuales entre personas del mismo sexo, sino que condena “la promoción de la homosexualidad” con hasta 20 años de cárcel y la “homosexualidad agravada” con la pena de muerte. Activistas, seropositivos y personas de riesgo del país han denunciado los efectos negativos de esta polémica norma en la lucha contra el VIH.

“La represión contra la sociedad civil y los derechos humanos de las comunidades marginadas afecta a los servicios de prevención y tratamiento del VIH, que hace peligrar la lucha contra la epidemia de sida. Las leyes y las políticas perjudiciales dirigidas a poblaciones en riesgo de infección por el VIH amenazan la vida de activistas comunitarios, que intentan hacerles llegar servicios”, recoge Winnie Byanyima, directora de Onusida, en el prólogo del texto presentado este martes.

“Se acordó eliminar leyes punitivas contra el colectivo LGTBIQ+, personas que consumen drogas, trabajadores sexuales y personas de otras poblaciones normalmente criminalizadas”, recuerda el informe. Pero “entre los 54 países con estudios recientes, una media del 59 % de los encuestados presentó actitudes discriminatorias hacia las personas que viven con el VIH, una cantidad seis veces mayor que la meta del 10% para 2025″, denuncia.

Sin embargo, el fracaso “no es inevitable”, finaliza Phillips. Un empujón a las comunidades puede acelerar la lucha y concluir en éxito la estrategia 95-95-95. “Están haciendo un servicio al mundo”.

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