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Un cambio de ley deja en el limbo a cientos de migrantes en Islandia: “Pensé que mi infierno había terminado, pero no”

El pequeño país del norte de Europa endurece sus normas tras registrar en los últimos años un importante aumento de las peticiones de asilo. Diversas ONG denuncian un cambio de rumbo inhumano y “sin sentido”

Migrantes Islandia
Un niño sostiene un cartel con el mensaje "Gracias, Islandia" tras recibir asilo, en una foto de archivo en 2016.Haraldur Guðjónsson (AFP)

Esther Monday llegó a Islandia en febrero de 2021 tras un viaje que comenzó en Nigeria, duró cuatro años y estuvo lleno de sufrimiento. “Pensé que mi infierno había terminado, pero no. En dos horas perdí todo lo que tenía”, dice a este diario. Esta mujer de 24 años vive en la calle, en la capital, Reikiavik, y es una de las afectadas por los cambios en la ley de inmigración aprobada en marzo por el Parlamento, que entró en vigor a finales de junio. El texto prevé que los solicitantes de asilo pierdan todos los derechos —desde la vivienda hasta la asistencia médica— 30 días después de recibir una respuesta negativa a su petición. La medida, que ha sido criticada por organizaciones humanitarias, ya ha dejado desprotegidas a 53 personas, entre ellos Esther, según cifras publicadas por organizaciones y prensa local islandesa. Una decena ha aceptado una repatriación voluntaria y el resto se encuentra sin techo a las afueras de la capital.

Tras salir de Nigeria, Esther pasó por Chad y Libia antes de llegar a Italia. “Pensé que sería fácil encontrar trabajo y alojamiento, pero no fue así. Me vendieron como un animal. Me dijeron que iba a trabajar de niñera y, en lugar de eso, me encontré en un cobertizo a las afueras de Milán, con decenas de otras chicas”, recuerda la joven, explicando que durante dos años tuvo que acostarse con hasta 15 hombres por día y entregar todo el dinero que ganaba a quienes la habían “comprado”. “Logré escapar y vine a Islandia para recibir protección, pero ahora me envían de regreso a Italia, con la gente que me explotó y violó. Estoy muy cansada, no tengo adónde ir… A los 24 años creo que, tal vez, ahora sí, mi vida se acabó”, asegura.

Según Magnus Nordhal, abogado que sigue los casos de varios refugiados cuyas solicitudes han sido denegadas, entre ellos Esther, las autoridades “han optado por complicar la vida de los solicitantes de asilo en Islandia, perdiendo de vista la realidad y el aspecto humanitario de la cuestión”. “El 80% de los solicitantes de asilo cuyas solicitudes son rechazadas permanecen en el país, sin derechos y viviendo en la calle. Sufren los efectos de una ley sin sentido y se ven obligados a permanecer en un limbo sin fin. Estas personas no gozan del estatus de refugiados, no pueden trabajar legalmente y no son deportados: solo pueden intentar sobrevivir, sin ningún derecho”, describe el letrado.

El número de personas que piden asilo en Islandia, un país gobernado por una coalición de izquierda, ha aumentado de manera sustancial en los últimos años. En 2019, por ejemplo, este pequeño país de 387.000 habitantes recibió a 867 solicitantes de asilo, pero en 2022 se registraron más de 4.500 peticiones de protección, de las cuales 3.455 tuvieron una respuesta positiva. En los primeros seis meses de 2023, llegaron a Islandia 2.480 solicitantes de asilo.

“No pinta nada bien”

Islandia es, según el Global Peace Index, el país más seguro del mundo, una tarjeta de presentación que sin duda atrae a numerosos migrantes de países como Venezuela, que ocupa el puesto 140 en este índice de 163. El número de personas del país sudamericano que aterrizaron en Reikiavik en los últimos años ha sido especialmente significativo. Según el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), más de siete millones de venezolanos han abandonado su país en los últimos años en busca de seguridad y estabilidad. A Islandia llegaron 1.209 en 2022, el mismo número registrado en tan solo el primer semestre de 2023. Entre ellos, Iván Galindo (nombre ficticio) y su familia. Este estudiante de Arquitectura y sus padres viven en una pequeña habitación de hotel, a dos minutos a pie del aeropuerto internacional de Keflavik (el mayor de Islandia), a 50 kilómetros de Reikiavik. Fueron trasladados a este lugar por los funcionarios del departamento de inmigración de Islandia a principios de año y siguen esperando que su destino se aclare. El incesante ruido de los aviones que despegan y aterrizan hace que Galindo no pueda pensar en otra cosa.

El 80% de los solicitantes de asilo cuyas solicitudes son rechazadas permanecen en el país, sin derechos y viviendo en la calle. Sufren los efectos de una ley sin sentido
Magnus Nordhal, abogado

“Vendimos la casa y el coche y con el dinero compramos los billetes de avión. Nos costó casi 10.000 dólares (unos 9.100 euros) volar desde Caracas a Reikiavik, pasando por Madrid y Ámsterdam. Un amigo de mi padre nos convenció de intentarlo y también habíamos visto algunos anuncios que circulaban en Instagram, donde se decía que Islandia ofrecía protección, altos salarios y bienestar”, recuerda.

“Pero la situación no pinta nada bien”, agrega. En otoño de 2022, el Gobierno de la primera ministra islandesa, Katrín Jakobsdóttir, solicitó oficialmente a las autoridades de Caracas que prohibieran los anuncios que invitaban a los venezolanos a trasladarse a Islandia y que eliminaran los múltiples anuncios en circulación. En abril, la Dirección General de Migraciones incluyó sorprendentemente a Venezuela en la lista de países seguros, una decisión que, en los últimos tres meses, ha provocado más de 500 denegaciones de solicitudes de protección presentadas por venezolanos. En 2021 y 2022, casi todas las demandas de asilo de los migrantes de este país sudamericano eran aceptadas.

“La forma en la que el Gobierno venezolano trata a los manifestantes y opositores políticos, la falta de alimentos y electricidad en diferentes partes del país, así como el informe de las Naciones Unidas de septiembre de 2022 —en el que las instituciones venezolanas son acusadas de crímenes de lesa humanidad en la represión de disidentes— explican por qué los ciudadanos venezolanos necesitan protección”, argumenta Jon Sigurdsson, presidente de la Asociación de Abogados que defienden a los solicitantes de asilo.

En abril, Islandia incluyó sorprendentemente a Venezuela en la lista de países seguros, una decisión que, en los últimos tres meses, ha provocado más de 500 denegaciones de solicitudes de protección presentadas por venezolanos

Además de venezolanos, a Islandia llegan ucranios (el grupo más numeroso en 2022, con 2.347 solicitantes de asilo, todos ellos con estatus de protección internacional garantizado y procedimiento de evaluación especial) y también iraquíes, afganos, sirios, somalíes y palestinos, entre otros.

“La inmigración es el problema más urgente para nuestro país en este momento”, ha declarado el ministro de Justicia, Guðrún Hafsteinsdóttir, cuyo ministerio ofreció una contribución de hasta 3.000 euros por persona, más el pago del billete de avión, a los refugiados que decidieran marcharse de forma voluntaria.

“Después de España, Islandia recibe el mayor número de refugiados procedentes de Venezuela. Esto pone en crisis nuestra capacidad de gestionar y acoger a estas personas en nuestro sistema social, de vivienda, de sanidad y de educación” explica a este diario Fjalar Sigurðarson, jefe de la oficina de prensa del Ministerio de Justicia. En estos días, el ministro de Justicia ha anunciado su intención de presentar, a finales de septiembre, un proyecto de ley que autorizará a las autoridades islandesas a confinar a los solicitantes de asilo, cuyas solicitudes hayan sido rechazadas, en centros de alojamiento cerrados. Un proyecto que 28 ONG presentes en Islandia ya han definido como un intento del Gobierno de establecer campos de detención-. “La creación de centros de alojamientos cerrados es la única opción para responder al problema de aquellos cuyas instancias de asilo hayan sido rechazadas, pero que no quieren abandonar el país”, afirmó el ministro de Justicia durante una entrevista en la emisora estatal RUV. “Sus casos están cerrados irrevocablemente y dichas personas no pueden quedarse; deben mostrar voluntad de cooperar, respetar la ley y marcharse. Nadie tiene que vivir en la calle, solo tienen que salir de Islandia y volver a sus hogares”, agregó.

Prefiero volver a casa, porque cuando estaba allí, al menos, podía imaginar la esperanza
Migrante iraquí

“Tenemos, por un lado, a algo más de 4.000 inmigrantes en el país, a los que se considera la causa de todos los problemas de Islandia. Y, por otro, la asociación de empresas islandesas informa de que actualmente hay un déficit de 12.000 trabajadores”, resalta Nína Helgadóttir, jefa de la Unidad de Refugiados de la Cruz Roja en Islandia. “Entonces, ¿por qué no damos a los solicitantes de asilo el permiso de trabajo que piden?, ¿por qué no les permitimos vivir dignamente, en lugar de deportarlos, de promulgar una ley que los priva de sus derechos fundamentales?”. Y añade: “Nos lo hemos jugado todo al turismo, más allá de cualquier límite posible, por eso hoy, en Islandia, un país de 380.000 habitantes, llegan más de dos millones de visitantes al año, con todo lo que ello supone en términos de impacto en los alojamientos (ya de por sí pocos y muy caros, dado que cada vez más ciudadanos prefieren ponerlos en alquiler en circuitos turísticos), y en muchos otros servicios. Culpar a los solicitantes de asilo de este círculo vicioso es terriblemente injusto. Es, simplemente, propaganda”.

“Hemos escapado de Bagdad y hemos venido aquí invitados por un pariente lejano”, explica A.T., una mujer iraquí que llegó a Islandia con sus dos hijas de 12 y 14 años. “Pero ahora quiero regresar a mi país, en vez de mendigar una protección internacional que, obviamente, no tienen ganas de darnos”, reflexiona. “Prefiero volver a casa, porque cuando estaba allí, al menos, podía imaginar la esperanza”.

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