La prensa bajo sospecha en el Sahel

La universidad pública de Koudougou (al norte de Burkina Faso) se llama Norbert Zongo en recuerdo al periodista burkinés asesinado en 1998 cuando investigaba sobre la muerte del chófer personal de François Compaoré, el hermano pequeño del expresidente Blaise Campaoré. Uno de sus legados fue la publicación bimensual L’Indépendant, que años más tarde pasaría a llamarse l’Événement, y que actualmente tiene su sede en la capital burkinesa, Uagadugú. Su director, Atiana Serge Oulon, afirma que el contexto para ejercer hoy el periodismo en el país es “hostil”, pero que “hay que seguir trabajando para ofrecer información justa y trabajando con fuentes verificables para así permitir avanzar la sociedad”.

“Normalmente, yo viajaba por el interior del país, ahora ya casi no me muevo”, afirma Oulon en el informe En la piel de un periodista en el Sahel, presentado por Reporteros Sin Fronteras (RSF) este lunes en Dakar, sobre las dificultades para los informadores en esta zona del mundo. Un informador en Burkina Faso ya no puede ir a donde ocurren los hechos. Desde junio de 2022 está prohibido a civiles y periodistas viajar a la provincia de Soum (frontera con Mali) y a los bosques entre Pama y el Parque Nacional de W, al este del país, catalogadas como “zonas de interés militar”. “Debemos ser más profesionales que nunca en el tratamiento de la información para no dar pie a críticas”, agrega Oulon, que trabaja sin descanso y tiene un teléfono que suena a cada minuto.

Normalmente, yo viajaba por el interior del país, ahora ya casi no me muevo

Atiana Serge Oulon, periodista, director de l’Événement

Burkina Faso ocupa el puesto 41 de libertad de prensa, por delante de Italia, según la clasificación de 2022 de Reporteros Sin Fronteras, y cuenta con 80 periódicos y 185 emisoras de radio. Una cifra que lo sitúa como uno de los países africanos con más presencia y diversidad de medios y el mejor posicionado del Sahel, el cordón semidesértico que atraviesa el continente de este a oeste. Aunque esta fotografía ha cambiado. Los periodistas españoles David Beriain y Roberto Fraile fueron asesinados en abril del año pasado por un grupo terrorista cuando realizaban un reportaje sobre la caza furtiva en el este de Burkina Faso. Los periodistas locales trabajan cada día bajo presiones y amenazas que se han recrudecido desde que gobierna una junta militar liderada por el capitán Ibrahim Traoré, tras un golpe de estado el 30 de septiembre de 2022.

Esta última semana, el Gobierno ha dado un paso más con la suspensión de la emisión del canal francófono France24 y la expulsión de dos corresponsales de Libération y Le Monde. “La cadena no dispone de los derechos de difusión para este programa y hemos pedido ocultarlo”, es el mensaje que desde este lunes emite el canal France24. La decisión de cortar la señal fue tomada después de que el especialista en yihadismo, Wassim Nasr, hiciera un análisis en directo de las respuestas que había conseguido después de entrevistar a Abu Obeida Youssef al-Aanabi, el líder yihadista del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM, por sus siglas en árabe), vinculado a Al Qaeda. Pese a que no difundió ni la voz ni las contestaciones literales, el portavoz del gobierno burkinés, Emmanuel Ouedraogo, explicó en un comunicado que France24 había dado un espacio de “legitimación” al terrorismo y que por eso quedaba suspendida.

La junta militar que ahora gobierna Burkina Faso va ganando popularidad entre la población, a la par que controla cada vez más el espacio mediático

Dos días más tarde, las corresponsales de los medios franceses Libération y Le Monde eran expulsadas del país después de la publicación de un artículo en el que se relacionaba al ejército burkinés con la ejecución de unos niños y jóvenes. Según Libération, los servicios de inteligencia nacionales interrogaron a las dos periodistas durante una hora. Una vez en su casa, recibieron la visita de un teniente que les dio 24 horas para salir del país. Ninguna de las dos firmaba la publicación por la cual fueron expulsadas. Otros periodistas internacionales, además, han sido citados por entes estatales a reuniones de “intercambio”, según sus palabras, para conversar y recibir advertencias sobre su trabajo en el terreno. En su opinión, lo que los medios cuentan no se corresponde con la realidad. Y no es la primera vez que esto ocurre en el país saheliano. En diciembre, el gobierno suspendió la difusión de Radio France Internationale (RFI) atribuyéndole “la desmotivación de miles de burkineses movilizados para la defensa de la patria” tras haber difundido un “mensaje de intimidación” de un “líder terrorista”.

Burkina Faso es uno de los países, junto con Malí, Níger o Chad, envueltos en un conflicto transfronterizo entre grupos armados no estatales y los ejércitos nacionales y sus aliados. En 2015 se produjeron los primeros incidentes violentos en Burkina Faso y desde entonces vive en una espiral de violencia. Al menos 10.000 personas han muerto y dos millones han tenido que huir de sus hogares a causa de los ataques perpetrados por grupos terroristas afines a Estado Islámico y Al Qaeda.

Comunicación de guerra

En este contexto, la junta militar que ahora gobierna el país va ganando popularidad entre la población, a la par que controla cada vez más el espacio mediático a través de la televisión pública (RTB) y las redes sociales, con un único relato: la ofensiva del Estado contra el terrorismo ha comenzado.

Esta semana, la televisión pública (RTB) ha difundido unos vídeos grabados por el ejército en los que se ven drones disparando a “un grupo armado terrorista, en movimiento, compuesto por una veintena de motos”, según su información. Esos mismos vídeos han circulado por WhatsApp y redes sociales como Facebook, donde la mayoría de comentarios son de ánimo al ejército y apoyo incondicional al presidente.

El informe de RSF sobre la libertad de prensa en el Sahel indica que el mandato patriótico de las juntas militares “favorecen el desarrollo de un periodismo por encargo y un fenómeno de omertá [ley del silencio] en torno a determinados temas sensibles”. Las organizaciones locales también han mostrado su preocupación por la restricción de la libertad de expresión. En un comunicado enviado a la agencia de noticias AFP a finales de marzo, el Movimiento Burkinés por los Derechos Humanos y de los Pueblos se ha declarado “consternado por el secuestro y alistamiento forzoso” como voluntario de defensa de la patria (VDP) de Boukaré Ouédraogo, presidente del movimiento Appel de Kaya, después de que criticara públicamente al gobierno por la falta de seguridad en la ciudad de Kaya. Unos días más tarde, el jefe del Estado, Ibrahim Traoré, declaraba desde la misma ciudad que “un responsable de la sociedad civil [sin mencionar a Ouédraogo] había sido reclutado para unirse a los VDP”, unas milicias populares creadas en 2020 para luchar contra el terrorismo y que actualmente cuentan con al menos 90.000 voluntarios inscritos. Después de estas declaraciones empezaron a circular por redes sociales imágenes del activista vestido con uniforme y empuñando un arma.

Ningún periodista sobre el terreno se atreve a investigar sobre la presencia de Wagner

Informe Reporteros Sin Fronteras

El proyecto All Eyes on Wagner (AEOW) que monitoriza las actividades paramilitares de Wagner ―mercenarios rusos cada vez más presentes en el continente africano― ya ha advertido de que el “ecosistema mediático burkinés” ha sido manipulado a través de cuentas “falsas” en redes sociales que crean y difunden contenido prorruso. El director de Reporteros Sin Fronteras en África, Sadibou Marong, destaca que “de ahora en adelante, habrá que aprender a investigar la milicia Wagner que ejerce una influencia cada vez más palpable en el espacio informativo del Sahel”.

Según la ONG, en Malí comenzaron a aparecer en las redes sociales cuentas prorrusas al mismo tiempo que los mercenarios de Wagner se desplegaban en el país en diciembre de 2021. Ahora “ningún periodista sobre el terreno se atreve a investigar sobre la presencia de Wagner”, afirma RSF después de entrevistar a los profesionales que trabajan en el Sahel. “Los medios están entre la espada de los terroristas, y la pared de la junta militar y sus socios rusos”, dice uno de los periodistas.

Si bien el informe de RSF alerta de que las condiciones de trabajo de los periodistas se han deteriorado en los últimos diez años en la región —cinco informadores han sido asesinados y otros dos han desaparecido recientemente—, se están desarrollando estrategias de resiliencia para seguir trabajando con profesionalidad. En medio del caos informativo, hay proyectos como Mali Check, Africa Check o DésinfoxTchad, que han nacido con la misión de verificar informaciones publicadas tanto por “las autoridades políticas” como contenido que circula por las redes sociales.

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