“Las libertades están amenazadas en Senegal”

Nuevos disturbios han estallado en las calles de Dakar, la capital de Senegal, este miércoles y jueves. Al igual que ocurriera hace dos semanas, decenas de jóvenes se han enfrentado con piedras y palos a un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad del Estado después de que el prefecto de la capital prohibiera dos protestas convocadas por la oposición. Asociaciones de derechos humanos y colectivos de periodistas advierten de un fuerte retroceso de las libertades en Senegal y de una justicia bajo sospecha de parcialidad, mientras el Gobierno lo niega.

Senegal atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. “De cara a las elecciones presidenciales de 2024, las autoridades senegalesas están debilitando la protección de los derechos humanos en el país, restringiendo los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, la libertad de prensa, prohibiendo las manifestaciones organizadas por partidos de oposición y no respetando los derechos a la justicia, transparencia y verdad de las víctimas del uso letal de la fuerza”. Con esta contundencia se expresaba el pasado 17 de marzo Samira Daoud, directora regional de Amnistía Internacional (AI) para África occidental y central. En los disturbios de marzo de 2021 que abrieron este periodo de inestabilidad fallecieron 14 manifestantes, 12 de ellos por heridas de bala, mientras que en las protestas de hace 15 días fue asesinado otro joven.

En el origen de esta alta tensión está que el presidente, Macky Sall, baraja presentarse para un tercer mandato en los comicios de 2024, algo que la oposición juzga anticonstitucional. El líder opositor Ousmane Sonko fue condenado este jueves a dos meses de cárcel y una multa de 300.000 euros por difamación, una pena que no le impedirá concurrir a las citadas elecciones.

Este miércoles, un periodista de la agencia France Presse fue golpeado a puñetazos en repetidas ocasiones por las fuerzas de seguridad cuando cubría los disturbios en la Universidad de Dakar, según ha informado la propia agencia. No es el primer informador que sufre este tipo de violencia policial. Otros dos periodistas senegaleses han sido detenidos en los últimos tres meses acusados de difusión de secreto oficial y difamación. “Trabajamos bajo la amenaza de ser detenidos por cumplir nuestra función, como ya le ha ocurrido a dos compañeros. Esto no es razonable en una gran democracia como la nuestra. Las libertades están amenazadas”, asegura el periodista Mamadou Thior, presidente del Consejo para la Observación de las Reglas Éticas y de la Deontología (CORED) en los medios de Senegal.

Muertes sin investigar

La detención de activistas ciudadanos, manifestantes y opositores también se ha intensificado en el último año, denunció este miércoles Seydi Gassama, director de la sección senegalesa de AI. “En la actualidad, los jueces sirven de instrumento al Estado para impedir toda crítica y enviar a los activistas a prisión”, aseguró. Asimismo, reveló que ninguna investigación por el asesinato de manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad en los últimos dos años ha conducido a resultado alguno. “La impunidad provoca que siga ocurriendo”, añadió. Por su parte, el Gobierno senegalés ha negado este recorte de derechos y libertades. De hecho, el presidente Macky Sall instó a su Gobierno a “adoptar todas las medidas idóneas” para garantizar el orden público ante esta sucesión de disturbios. En el consejo de ministros celebrado este martes recordó que “Senegal es un Estado de derecho de referencia y una democracia ejemplar”, según un comunicado del Ejecutivo.

Los jueces sirven de instrumento al Estado para impedir toda crítica y enviar a los activistas a prisión

Seydi Gassama, director de la sección senegalesa de Amnistía Internacional

Las últimas manifestaciones callejeras han sido convocadas por el emergente líder opositor Ousmane Sonko, alcalde de Ziguinchor, y el más duro rival del régimen de Macky Sall, quien quedó en tercer lugar en las elecciones presidenciales de 2019 y cuya coalición estuvo a punto de lograr la mayoría absoluta en las legislativas de 2022. Las protestas fueron organizadas en los días en que Sonko debía acudir a los tribunales a declarar en alguno de los dos procesos judiciales en los que está imputado: en el primero es acusado de violación por la empleada de un centro de masajes de Dakar y en el segundo fue denunciado por Mame Mbaye, ministro de Turismo, después de que asegurara que este había cometido malversación de dinero público. Este jueves, en este último proceso, el tribunal condenó a Sonko por difamación y le impuso una pena de dos meses de prisión condicional y una multa de unos 300.000 euros. Su defensa asegura que es una “mascarada” y anuncia recurso.

Desde la oposición han asegurado con insistencia que ambos procesos judiciales son intentos del régimen para que un tribunal emita una sentencia condenatoria que impida a Sonko presentar su candidatura a las elecciones presidenciales de 2024. Pese a la existencia de un límite constitucional de dos mandatos, Macky Sall abandonó su habitual laconismo en una entrevista publicada por el periódico francés L’Express el pasado 20 de marzo para admitir que está pensando seriamente en concurrir a las elecciones de 2024, avalado, según dijo, por el Tribunal Constitucional tras haber reformado la Carta Magna. La oposición lleva dos años movilizada para impedir por todos los medios una candidatura que juzga ilegal.

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