Un grupo de militares dan un nuevo golpe de Estado en Burkina Faso ante la creciente violencia yihadista

El capitán Ibrahim Traoré se pone a la cabeza de la junta militar en sustitución del teniente coronel Damiba, quien había llegado al poder hace ocho meses por el mismo método

Protestas en las calles de Uagadugú, con banderas de Burkina Faso y de Rusia, este viernes.
Protestas en las calles de Uagadugú, con banderas de Burkina Faso y de Rusia, este viernes.OLYMPIA DE MAISMONT (AFP)

Un grupo de militares encabezados por el capitán Ibrahim Traoré ha dado este viernes un golpe de Estado en Burkina Faso y ha derrocado a quien ocupaba el puesto de presidente, el teniente coronel Paul-Henri Samaogo Damiba, quien a su vez llegó al poder mediante una asonada militar el pasado 24 de enero. El nuevo líder de la junta militar es el propio capitán Traoré. Los militares también han suspendido el Gobierno y la Constitución, según han informado este viernes por la tarde a través de un comunicado leído en la televisión pública RTB tras una jornada de confusión con tiroteos, explosiones y militares posicionados en los puntos principales de Uagadugú, capital del país.

Al igual que ocurriera en el último golpe de Estado de enero de este año, los militares han justificado su alzamiento por “el deterioro de la situación en materia de seguridad”, en referencia a la creciente violencia yihadista que se extiende por el país. Además, han acusado al teniente coronel Damiba, que llevaba ocho meses en el poder, de haber mantenido “el mismo sistema de seguridad que fracasó en los anteriores gobiernos”. Los oficiales también han decidido cerrar las fronteras hasta nuevo aviso y decretar un toque de queda entre las 21.00 y las 6.00 horas.

Los incidentes comenzaron pasadas las cuatro de la madrugada de este viernes cuando se escucharon disparos y explosiones en diferentes puntos de la ciudad, especialmente en los alrededores del palacio presidencial y el cuartel militar Baba Sy, sede de la junta militar que gobierna el país. Los militares tomaron posición en puntos estratégicos de la capital y la televisión pública dejó de emitir durante buena parte del día.

En medio de numerosos rumores y sin saber muy bien qué estaba pasando, decenas de ciudadanos se concentraron en la plaza de la Nación pasado el mediodía para pedir la salida de las tropas francesas de Burkina Faso, una mayor cooperación militar con Rusia y la liberación del teniente coronel Emmanuel Zoungrana, en prisión desde el pasado enero, acusado de conspiración por organizar un golpe de Estado. Instantes después volvieron a escucharse disparos y explosiones en el barrio de Ouaga 2000, donde se encuentra el palacio presidencial.

El malestar entre ciertos sectores del Ejército había ido creciendo en los últimos meses ante el deterioro de la situación en materia de seguridad y el constante hostigamiento por parte de grupos yihadistas, en concreto el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM) y sus aliados locales. La gota que colmó el vaso fue el ataque terrorista, el pasado lunes, a un convoy de mercancías a su paso por la localidad de Gaskindé, en el norte del país, cuando se dirigía a abastecer a la ciudad de Djibo, sitiada por los yihadistas desde hace meses. En dicho ataque fallecieron, según las autoridades, 11 soldados, una veintena de personas resultaron heridas y 50 civiles, en su mayor parte comerciantes, están desaparecidos.

El teniente coronel Damiba llegó al poder el pasado 24 de enero tras protagonizar un golpe de Estado contra el presidente Roch Marc Christian Kaboré. Entonces, los sublevados aseguraron que tomaban el poder ante la incapacidad del Gobierno para hacer frente a la violencia yihadista. “La degradación de la situación en materia de seguridad que amenaza las bases de nuestra nación y la incapacidad manifiesta del poder para unir a los burkineses y hacer frente a la situación” fue el motivo esgrimido entonces en una declaración realizada en la televisión pública.

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Sin embargo, ocho meses después la situación en materia de seguridad se ha seguido deteriorando a un ritmo alarmante. La mitad del país, especialmente las zonas rurales y con especial intensidad las regiones del norte, el sur y el este, está fuera del control del Estado y en ellas campan a sus anchas grupos armados que se dedican al robo, la extorsión, el secuestro de civiles y el cobro de impuestos. La crisis comenzó en 2015 primero como un contagio del yihadismo procedente de Malí y después mediante la emergencia de grupos terroristas locales. En estos siete años ha habido más de 7.000 muertos y unos dos millones de personas, el 10% de la población, han huido de sus hogares, según la agencia de la ONU para los refugiados (Acnur).

Esta asonada militar viene precedida también de la primera gran manifestación contra Damiba desde su llegada al poder en enero. La protesta se produjo este jueves en Bobo Dioulasso, la segunda ciudad del país, cuando colectivos de la sociedad civil organizaron una concentración a primera hora de la mañana para denunciar la “gestión caótica” en materia de seguridad y pedir la dimisión del presidente. Decenas de personas, muchas de ellas comerciantes especialmente dolidos por lo ocurrido en Gaskindé, decidieron cerrar sus negocios en una protesta que fue ganando amplitud con el paso de las horas. Las fuerzas del orden trataron de impedir la concentración.

Al igual que sucedió en Malí en los dos golpes de Estado sufridos en 2020 y 2021, que llevaron al poder al coronel Assimi Goïta, la sombra del sentimiento antifrancés y de la creciente influencia rusa que se extiende por el Sahel está presente en esta revuelta. Decenas de ciudadanos burkineses ya sacaron banderas rusas para celebrar el golpe en enero pasado y en la concentración de Bobo Dioulasso de este jueves representantes de la sociedad civil reclamaban un cambio de aliados en la lucha antiterrorista, siguiendo el ejemplo de Malí, que ordenó la expulsión de todos los militares franceses y desde finales de 2021 colabora con instructores y mercenarios rusos de la compañía privada Wagner.

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Sobre la firma

José Naranjo

Colaborador de EL PAÍS en África occidental, reside en Senegal desde 2011. Ha cubierto la guerra de Malí, las epidemias de ébola en Guinea, Sierra Leona, Liberia y Congo, el terrorismo en el Sahel y las rutas migratorias africanas. Sus últimos libros son 'Los Invisibles de Kolda' (Península, 2009) y 'El río que desafía al desierto' (Azulia, 2019).

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