Tailandia está deportando refugiados camboyanos

Tailandia ha sido señalada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) por la deportación de tres camboyanos que habían obtenido protección internacional y que estaban acusados de conspirar contra el Gobierno de su país. Los hechos sucedieron el 8 de noviembre, cuando la policía tailandesa arrestó y deportó a Camboya al activista Voeun Veasna y el exfuncionario Voeung Samnang, ambos miembros del opositor Partido Nacional de Rescate de Camboya (CNRP), el cual fue disuelto en 2017. Solamente diez días después también fue arrestada Thavry Lanh, una funcionaria electa de la misma formación política.

En un comunicado, Acnur expresó que había notificado a las autoridades que estas personas tenían estatus de refugiados. En el mismo texto, indicó que habían solicitado al Gobierno no devolverlas a Camboya porque les preocupa su seguridad.

Sin embargo, parte del problema al que se enfrentan Veasna, Samnang, Lanh y tantos otros refugiados en Tailandia es que, aunque estén reconocidos por Acnur, no tienen estatus legal en este país asiático, ya que no es firmante de la Convención de Refugiados de Ginebra de 1951, ni se contempla el principio de no devolución en su legislación. Estas deportaciones “son contrarias al principio que obliga a los Estados, incluida Tailandia, a no expulsar a las personas a un territorio donde su vida o su libertad pueden estar amenazadas”, denunció el Alto Comisionado, que ha calificado la situación de “alarmante”.

Además, como señala en un correo electrónico Andrea Giorgetta, director de Asia para la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), “Tailandia a menudo ignora su obligación bajo derecho internacional de no devolver a las personas a un país donde se enfrentan a graves amenazas a su vida o libertad”. Según el activista, ignora estas obligaciones de forma selectiva, ya que, por ejemplo, desde el golpe de Estado de febrero en Myanmar, no se han registrado casos de deportación por parte de Tailandia de los opositores birmanos a la junta militar.

Phil Robertson, subdirector de la división de Asia de Human Rights Watch (HRW), comenta por correo electrónico que mucha gente en Tailandia está especulando con que la devolución de los tres refugiados camboyanos puede ser una retribución relacionada con la desaparición forzada de un activista tailandés de los Camisas Rojas, el grupo de seguidores del ex primer ministro Thaksin Shinawatra.

Este hecho sucedió en junio de 2020 y Camboya ha evadido constantemente cualquier esfuerzo para investigar el suceso. El activista expresa que, como tantas cosas relacionadas con estos casos, “solo los niveles superiores de ambos gobiernos conocen la verdad y, por supuesto, lo niegan”.

Los tres refugiados recientemente deportados a Camboya tienen un pasado similar. Samnang fue acusado en 2019 por los fiscales camboyanos de conspiración e incitación a cometer un delito grave, motivo por el que huyó a Tailandia en 2020. Como indica Robertson, las autoridades no han desvelado de qué se le acusa específicamente, porque en realidad “se trata de un cargo inventado”: “Decenas de activistas han sido acusados de cargos de esa índole durante los últimos tres años”, comenta.

La gran pregunta es qué va a hacer la comunidad internacional para responder a estas flagrantes violaciones de la protección de los refugiados que son a la vez indignantes e inaceptables

Phil Robertson, subdirector de la división de Asia de Human Rights Watch (HRW)

El experto en derechos humanos explica que estos activistas se consideran que están siendo perseguidos por razones políticas y que “serán declarados culpables” porque el gobernante Partido Popular de Camboya (PPC) así lo solicitará a los jueces.

Veasna huyó a Tailandia a principios de 2020 tras ser acusado, en abril de 2021 como Samnang, de incitar a la práctica de un delito grave y de obstruir las medidas contra la covid-19. Robertson remarca que el cargo relacionado con la pandemia puede tener que ver con las críticas que realizó en redes sociales a las normas de contención tomadas por el Gobierno.

Lanh fue arrestada en Tailandia el 19 de noviembre y enviada a Camboya al día siguiente. Fue acusada en 2017 de incentivar un delito de traición, por lo que ese mismo año huyó de su país. Esta activista es miembro activo del CNRP y fue elegida jefa de una comuna en la provincia de Banteay Meanchey en las elecciones de 2017. Participó activamente en la promoción del regreso del líder exiliado del CNRP, Sam Rainsy, por lo que Robertson piensa que fue acusada por motivos políticos.

Tailandia no se enfrenta a ninguna consecuencia por las expulsiones, a excepción del daño a su reputación

Andrea Giorgetta, director de Asia para la Federación Internacional por los Derechos Humanos

La portavoz regional para Asia y el Pacífico de Acnur, Catherine Stubberfield, expresa en un correo electrónico que están buscando “una aclaración urgente” de las autoridades tailandesas sobre las circunstancias que llevaron a estas expulsiones y por qué ocurrieron.

No obstante, tras la salida de estos tres activistas, “Tailandia no enfrenta ninguna consecuencia, a excepción del daño a su reputación”, expone Giorgetta, de la FIDH, y recuerda que, hace menos de dos semanas, el Gobierno comunicó a la comunidad internacional que no está efectuando deportaciones. Este anuncio se hizo público un día después de las devoluciones de Veasna y Samnang.

Giorgetta explica que el primer ministro de Tailandia, Prayuth, y su homólogo camboyano, Hun Sen, ambos conocidos por ser líderes autoritarios, “han acordado no permitir que se realicen actividades antigubernamentales en los territorios camboyano y tailandés por sus respectivos disidentes”. En su opinión, estos destierros son una consecuencia directa de este convenio, sobre todo teniendo en cuenta que se han producido en un momento de gran represión contra los disidentes que comenzó antes de las elecciones generales de 2018.

Robertson, de HRW, comparte una opinión similar a la de Giorgetta, y expone que el arresto y el regreso forzado de estos tres refugiados demuestra que el acuerdo de “intercambio comercial” entre las autoridades camboyanas y tailandesas está operando “a toda velocidad”, pasando por alto la protección y los derechos de los refugiados.

El experto en derechos humanos detalla que Hun Sen busca detener a los exiliados del CNRP en Bangkok, con lo cual algunos de sus asesores se reunieron con las autoridades tailandesas para llegar a un acuerdo. Considera que este “nefasto arreglo” busca detener a quienes puedan y, en el proceso, hacer que todos los demás exiliados del CNRP en Tailandia intenten reasentarse en un tercer país.

Roberston piensa, además, que no es coincidencia que la ofensiva de Hun Sen contra el CNRP se produzca mientras se realizan los preparativos para las elecciones comunales nacionales de 2022. El mandatario camboyano y su partido, el PPC, “tradicionalmente han reprimido a los activistas políticos y defensores de los derechos en el período previo a las elecciones” y sostiene que siguen operando en el mismo sentido.

Para Robertson, la gran pregunta es qué va a hacer la comunidad internacional para responder a estas “flagrantes violaciones” de la protección de los refugiados que son a la vez “indignantes e inaceptables”.

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