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La tecnología anticovid marca España llegará a los países más pobres

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) firma un acuerdo con la Organización Mundial de la Salud para dar gratis las licencias de sus pruebas de anticuerpos en naciones de bajos y medianos ingresos para facilitar la producción local y mejorar el control de la pandemia

Una trabajadora sanitaria se dispone a realizar una prueba serológica a una mujer en Dakar, Senegal, en julio de 2020.
Una trabajadora sanitaria se dispone a realizar una prueba serológica a una mujer en Dakar, Senegal, en julio de 2020.Zohra Bensemra (Reuters)
L. H.

En verano de 2020, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) anunció que había conseguido crear una prueba de anticuerpos de covid-19 más fiable que las que había hasta el momento. A partir de ahora, esta tecnología, que ya se usa ampliamente en España, va a llegar hasta países en vías de desarrollo en virtud de un acuerdo que ha firmado el organismo público español con el Fondo de Patentes y Medicamentos (MPP) de la ONU, una iniciativa que trabaja para hacer llegar medicamentos en los lugares más desfavorecidos bajo la supervisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La española es, además, la primera tecnología licenciada que recibe el C-TAP o Fondo de Acceso a Tecnología Covid, una plataforma fundada por la OMS en mayo de 2020 para facilitar el acceso oportuno, igualitario y asequible a productos sanitarios de la covid-19 a través del impulso a su producción: desde terapias a vacunas y sistemas de diagnóstico de la ONU. Su meta es lograr que se compartan patentes, conocimientos y datos con otros fabricantes para contribuir a mejorar la atención sanitaria mundial en naciones ricas y pobres.

Así, el acuerdo busca facilitar la fabricación y comercialización de la prueba serológica, y para ello, el CSIC no cobrará regalías por su explotación, “siempre que se fabrique para los incluidos en la lista de países con ingresos bajos o medios”, ha puntualizado Javier Maira, responsable del Área de Estrategia Comercial e Internacionalización de la organización. “La OMS, que estuvo presente en las negociaciones, dio mucha importancia a que los tests se puedan licenciar en todo el mundo, porque puede que un país que no esté en vías de desarrollo también los necesite”, añade.

Este pacto también contempla que las compañías distribuidoras tengan que ajustar el precio para que los tests sean accesibles allá donde los comercialicen. “De nada sirve quitar las regalías si la empresa sube luego el coste; las hemos eliminado para que puedan poner uno asequible”, subraya Maira.

La principal novedad de la prueba serológica es que, mientras que otras similares solo pueden identificar uno o dos tipos de anticuerpos, la española distingue hasta tres tipos y diferencia quiénes los tienen porque fueron vacunados y quiénes se infectaron de forma natural. Desde el inicio de los programas de inmunización, conocer el origen de los anticuerpos de un individuo es importante para medir el número de casos de covid-19 en un país y el impacto que están teniendo las medidas de control aplicadas.

Además, estos test son fáciles de usar y adecuados incluso para entornos rurales con una infraestructura de laboratorio básica, resalta la OMS, y pueden jugar un papel relevante en la gestión de la pandemia. “En los países y territorios mayoritariamente vacunados, como los europeos, va a permitir conocer cuánto duran los anticuerpos contra el SARS-CoV-2 y, por tanto, la protección frente al virus. En aquellos que no han tenido acceso a las vacunas permitirán optimizar el uso de las mismas, evitando inmunizar a las personas que tengan anticuerpos por haber estado en contacto con el virus”, explica Maira.

En España, los tests del CSIC comenzaron a utilizarse en otoño de 2020 y su fabricación está a cargo de una empresa de biotecnología de Salamanca. En los Estados más pobres, sin embargo, la falta de acceso a herramientas de diagnóstico fiables es un reto, y una de las causas es, precisamente, la dificultad de los fabricantes locales para acceder a tecnologías patentadas, que suelen tener un coste demasiado elevado. Esto provoca una dependencia de productos importados desde Asia, Europa y Estados Unidos.

El acaparamiento de los tests, tal y como ha pasado también con las vacunas y con los fármacos, ha dejado a estos territorios menos favorecidos sin herramientas para controlar la covid-19. La OMS estima que en África, con 55 países y una población de 1.216 millones de personas, solo se detectan uno de cada siete casos y se ha vacunado a menos de un 8% de la población, mientras que solo en España, con 46 millones de ciudadanos, se ha vacunado con pauta completa al 79,2% de ellos y se han realizado 66 millones de análisis serológicos. En este contexto desigual, el virus ha matado a 5,4 millones de personas desde que surgió en China en diciembre de 2019.

“Felicito al CSIC de España por su compromiso con la solidaridad al ofrecer acceso mundial a su tecnología y conocimientos”, ha manifestado el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que también ha hecho un llamamiento a todos los desarrolladores de tratamiento y diagnóstico de covid-19 para que sigan este ejemplo y cambiar “el rumbo de la pandemia y de la devastadora desigualdad global que ha puesto de relieve”.

En diciembre la OMS recomendó el uso de las pruebas de anticuerpos utilizando la técnica de laboratorio de inmunoensayos cualitativos (ELISA) para vigilar la covid-19. Sin embargo, hasta hoy, la agencia sanitaria solo contaba con un proveedor, la corporación farmacéutica Roche, con sede en Suiza. Médicos Sin Fronteras (MSF) explica que el problema de esta es que las muestras que recoge únicamente pueden procesarse con un dispositivo que también es de Roche y que no está disponible en entornos empobrecidos. “Aunque la OMS ha recomendado el uso de inmunoensayos ELISA, Roche sigue siendo el único aprobado por la OMS, y sigue negándose a compartir abiertamente esta tecnología con otros fabricantes. La licencia al fondo C-TAP es un paso prometedor para romper monopolios y permitir que todos los países fabriquen esta tecnología que salva vidas”, ha declarado Stijn Deborggraeve, asesor de Diagnóstico en la Campaña de Acceso de MSF.

La organización ha celebrado el acuerdo, pero también ha recordado que la cesión de una licencia no es suficiente. “Eliminar las barreras de propiedad intelectual en todos los componentes tecnológicos claves y facilitar un intercambio abierto, puesta en común y transferencia de tecnologías, datos y conocimientos es importante para garantizar y mejorar el acceso a los diagnósticos de covid-19 para todos”.

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Sobre la firma

L. H.
Periodista de la sección de Internacional, está especializada en migraciones, derechos humanos y desarrollo. Trabaja en EL PAÍS desde 2013 y ha desempeñado la mayor parte de su trabajo en África subsahariana. Sus reportajes han recibido diversos galardones y es autora del libro ‘El tiempo detenido y otras historias de África’.

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