365 días para el olvido del sistema escolar en Bolivia

Luis Fernando Pardo, de 14 años, tiene un nuevo celular desde hace casi tres meses. Son casi las nueve de la mañana y se alista para su clase de matemáticas a través de la plataforma Zoom. Tiene un libro de álgebra en la mesa, un cuaderno y un lápiz. Apoya su dispositivo móvil, con una pantalla de casi siete pulgadas, frente un viejo monitor que se encuentra conectado a una computadora que no tiene las capacidades técnicas para sostener una videoconferencia. Su maestra pide que enciendan la cámara para comprobar la asistencia. “Si la activo se para todo, profe”, se excusa uno de los 60 compañeros que están conectados. Algunos estudiantes no responden, otros se desconectan, hablan simultáneamente, el audio se corta y la profesora se desespera. Parece un déjà vu de 2020, un año para el olvido del sistema educativo en Bolivia.

El 12 de marzo de 2020, tras la confirmación del tercer caso de coronavirus en la nación, la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, suspendió las clases hasta el 31 de marzo como una de las medidas de precaución ante la pandemia. Desde entonces, la única aula que Luis Fernando ha pisado se encuentra en un espacio junto al comedor y la cocina de su casa. Después de diferentes intentos de capacitación de maestros y docentes en el uso de herramientas virtuales en la educación, cursos con los cuales se pretendía apoyar a más de 150.000 educadores, el Ejecutivo interino determinó que las clases no se retomarían de forma virtual hasta diciembre, medida que derivó en protestas por parte de los sindicatos de maestros del área urbana, así como también de educadores y padres de familia del área rural.

Durante días, los maestros demandaron el retorno a la educación presencial, argumentando que las clases virtuales eran excluyentes debido a los altos costes del acceso a internet en el país y la carencia de este servicio en diferentes zonas rurales. A pesar de los argumentos, las peticiones de los maestros y los intentos de diálogo entre las entonces autoridades del Ministerio de Educación, la Iglesia católica y los sindicatos no llegaron a ningún acuerdo.

Ante ese callejón sin salida, el Ejecutivo de Áñez anunció la clausura del año escolar el pasado 2 de agosto, con el argumento en su defensa del cuidado de la salud de los bolivianos, “especialmente de nuestros niños”, dijo, y la denuncia, con un trasfondo más político y social, de una “actitud radical y partidista” para desestabilizar a su Gobierno. La disposición determinaba, además, que todos los estudiantes de nivel inicial, primaria y secundaria pasarían al curso siguiente, sin que hubiera ningún suspenso ni repetidor.

La medida fue duramente criticada, ya que afectó a unos 2,9 millones de estudiantes, según estimaciones de la Organización de Estados Iberoamericanos y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Bolivia, de los cuales cerca de 160.000 jóvenes recibieron su diploma de bachillerato, de acuerdo con una nota de prensa publicada por el viceministerio de Comunicación.

En febrero de este año las clases se reiniciaron en Bolivia. Este retorno a las aulas, cuya aplicación se define de acuerdo a la situación epidemiológica del coronavirus en cada municipio o región, se realizó en tres modalidades, según dio a conocer el Ministerio de Educación: virtual, semipresencial y presencial, dando prioridad a la primera debido a la nueva ola de contagios por coronavirus en el país que comenzó en el mes de diciembre pasado. Hasta la fecha, la nación andina suma más de 260.000 casos y ha registrado casi 12.000 fallecidos a causa de la covid-19.

El ministro de Educación, Adrián Quelca, dio a conocer que las tres modalidades están siendo reforzadas con cuatro componentes de asistencia para el trabajo del maestro y los estudiantes: la plataforma educativa Moodle, cuyo acceso es totalmente gratuito, las clases transmitidas por radio y televisión, a través de 11 medios de comunicación privados y la televisión estatal, mediante la franja Educa Bolivia y la entrega de cartillas educativas. “Nos está costando que haya un pleno uso de la plataforma educativa; a pesar de las ventajas que tiene, muchos maestros y nuestros estudiantes no han logrado ingresar, pero la mayor parte de la población escolar está siendo atendida por el Estado en cuanto a educación pública, privada y de convenio”, explica Quelca.

Cuatro de cada diez adolescentes o jóvenes no tuvieron acceso a clases a través de internet durante 2020

Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, las juntas escolares de padres de familia determinaron la noche del 12 de febrero suspender las labores educativas en todo el país a partir del 22 del mismo mes, al menos hasta que se garanticen las condiciones para el acceso de todos los estudiantes a las diferentes modalidades de clases. Los problemas de conectividad a internet y el acceso a dispositivos como computadoras, tabletas electrónicas y celulares supusieron, de nuevo, un impedimento para algunos sectores.

De acuerdo con los resultados de la encuesta La continuidad educativa durante la cuarentena, publicada en 2020 por Unicef Bolivia, cuatro de cada diez adolescentes o jóvenes no asistieron a clases a través de ninguna plataforma de internet, hecho que se agravó en el área rural donde existen menos ingresos económicos y posibilidades de acceso a la web.

A pesar de la suspensión en febrero, las clases de Luis Fernando continuaron de forma virtual, como el pasado año. En su colegio, que es público, estaban a la espera de poder implementar la modalidad semipresencial, pero aún no contaban con las medidas de bioseguridad necesarias en la unidad educativa, como una cámara de desinfección, pediluvios en el ingreso principal y en las aulas, además de alcohol para desinfección, material de limpieza como jabones y abastecimiento de agua para el lavado de manos. Adicionalmente, los estudiantes deben llevar consigo alcohol desinfectante o gel hidroalcohólico, y se ha hecho obligatorio el uso de mascarilla y pantalla de protección facial.

Dentro de esta modalidad, las clases tienen una duración de dos horas, los cursos se dividen en dos grupos y se acordó implementarlas los lunes, miércoles y viernes para el ciclo de Primaria y martes, jueves y sábado para la Secundaria. “En Bolivia hay una tendencia de volver a las clases semipresenciales, a eso va acompañado el plan de la vacunación masiva que se ha iniciado en el país”, afirma el ministro Quelca.

“Yo quiero volver a clases presenciales. Con algunos profesores, como de matemáticas, física y química, se entiende igual lo que pasamos [virtual o presencial], pero hay otros que dan su materia como si no le estuvieran dando importancia, no se esfuerzan en pasar clases bien”, afirma Luis Fernando, algo cansado después de su hora lectiva. Según una encuesta de U-Report de Unicef Bolivia, publicada en junio del pasado año, el 93,2% de estudiantes preguntados expresaron críticamente que no están aprendiendo “nada”, “casi nada”, o “más o menos” con las iniciativas de enseñanza virtual que se aplican tanto en la enseñanza privada como estatal.

La madre de Luis Fernando, Sabina Pardo, se muestra dubitativa, pero es consciente de que no hay alternativa. Ve deficiencias en la modalidad virtual, pero también teme por la salud de sus hijos. “El nivel educativo en la modalidad online es muy bajo. A mi hija solo le están enseñando por cartillas para que haga sus tareas, nos mandan 10 hojas y pasan clases tres veces a la semana por Zoom. Como son 42 niños por curso, el profesor no termina de explicar, por eso también creo que está bien que regresen cuidándose en todo momento”, agrega Pardo.

Bolivia ocupa uno de los últimos lugares de América Latina, posición 13ª de 16, en cuanto a desempeño educativo, según un estudio regional de la Unesco

La calidad de la educación en Bolivia es un tema que se ha puesto sobre la mesa recientemente. A raíz del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (Terce), realizado en la región por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (Llece), de la Unesco-Santiago, la nación andina ocupa uno de los últimos lugares de América Latina, posición 13ª de 16, en cuanto a desempeño educativo. Si bien el Terce no establece un ranking como tal, el estudio comparativo entre los diferentes países fue realizado por el medio Brújula Digital, tomando el promedio de los resultados obtenidos en los exámenes de lectura y matemáticas para el tercer grado (niños y niñas de ocho años) y lectura, matemáticas y ciencias naturales para sexto grado (alumnos de 11 años).

Bolivia obtuvo 662 puntos sobre 1.150, solo superando la calificación obtenida por Nicaragua, Paraguay y República Dominicana. La lista es encabezada por Chile y Costa Rica, países con una puntuación de 785,2 y 749, respectivamente.

El Gobierno del Movimiento Al Socialismo ha hecho un gran esfuerzo en cuanto a mejoras en los índices de escolaridad y en la construcción de escuelas en los últimos 14 años, pero todo parece indicar que no se ha logrado incidir en la calidad de la educación. “No deja de llamar la atención esa posición, pero hay que ver que cada contexto en cada país es totalmente diferente. Nos sirve para fortalecer y mejorar las debilidades identificadas y potenciar lo positivo que se tiene y seguir trabajando. Pero no para condenar o enjuiciar el sistema educativo en Bolivia”, agrega Quelca.

A casi 11 años de la implementación de la Ley 070 de la Educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez y ante los resultados obtenidos en el Terce –realizado en Bolivia por primera vez en 20 años–, surge la incógnita sobre si hay que pensar en una reformulación de la Reforma Educativa o en repensar el currículo escolar. Quelca sostiene que la actual política educativa es válida, así como el modelo educativo sociocomunitario productivo que propone una “educación descolonizadora, liberadora, revolucionaria, despatriarcalizada”.

“La Ley 070 no se ha cumplido al 100% y tenemos que aplicarla plenamente, para que pueda reflejarse en el desarrollo y en la mejora de los procesos educativos. No hay necesidad de hacer una nueva política educativa. Tal vez hemos sido lentos, pero se ha ido de manera gradual en la aplicación”, puntualiza el responsable de la cartera de Educación.

Queda ver si el plan, diseñado por las autoridades del Gobierno electo para el 2021, logra sus objetivos o podría aplazarse nuevamente. Es un escenario que ninguno de los casi tres millones de estudiantes matriculados para este año quiere repetir.

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