Bolivia extiende la cuarentena y amenaza a quien la incumpla con hasta 10 años de cárcel

El Gobierno boliviano endureció este miércoles las medidas para enfrentar la epidemia de coronavirus, decretó el “estado de emergencia sanitaria”, prohibió la circulación vehículos y restringió la de personas hasta el próximo 15 de abril. La razón obedece, según la jefa del Gabinete interino, Jeanine Áñez, a que “no se está cumpliendo la cuarentena” establecida el pasado sábado. Las autoridades dispusieron un confinamiento general de la población durante 14 días, una cuarentena que pretendía impedir la propagación del Covid-19, cuya transmisión sigue aumentando rápidamente en algunas regiones, en especial en Santa Cruz.

La mandataria ordenó el cierre de las fronteras para todo el mundo, estrechó la prohibición de circulación de vehículos y asignó a cada persona un solo día para salir de sus casas con el único propósito de aprovisionarse. Áñez fue más allá y advirtió de que movilizará al Ejército y a la Policía para controlar el cumplimiento de las medidas y también amenazó a los infractores de la cuarentena con penas de hasta 10 años de cárcel cuando su comportamiento implique “atentado contra la salud”.

Para tratar de aliviar los efectos del confinamiento forzoso, la dirigente política anunció que el Gobierno pagará las cuentas bajas de electricidad y la mitad de las cuentas de agua por un tiempo de tres meses. También prometió que se repartirá alimentos gratuitamente a la población en el campo y en las ciudades. “Estoy de lado de quienes sufren más la cuarentena”, ha afirmado. Las autoridades interinas ya habían ofrecido el pago de un bono familiar de 70 dólares a cada niño que estudie en la primaria. Los anuncios de la presidenta boliviana se producen después de múltiples denuncias de incumplimiento de la cuarentena.

Las consecuencias de la pandemia repercutieron con especial fuerza en la rutina política del país. Bolivia tenía previsto celebrar el próximo 3 de mayo unas elecciones presidenciales que volvieron a quedar en suspenso tras la anulación de los comicios de octubre. Entonces, las acusaciones de fraude movidas principalmente por la Organización de los Estados Americanos (OEA) contra el expresidente Evo Morales llevaron a la anulación de ese proceso electoral. La exsenadora Áñez asumió entonces el cargo de jefa de un Gabinete interino y ahora se dispone a participar en las elecciones. Las encuestas la sitúan en segundo lugar, empatada con Carlos Mesa, frente al economista Luis Arce, candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), la formación de Morales. Este partido es el único que criticó el aplazamiento de las elecciones dictado por el Tribunal Supremo Electoral.