El rey Abdalá de Jordania desvió 100 millones de dólares para comprar casas de lujo en Estados Unidos y el Reino Unido

Las autoridades jordanas anunciaron en junio de 2020 la adopción de medidas enérgicas contra la riqueza oculta, pensadas para detener la fuga del país de alrededor de 800 millones de dólares (690 millones de euros) anuales. Jordania iba a seguir la pista de hasta el último dinar que los ciudadanos hubiesen escondido en paraísos fiscales, aseguró el primer ministro, Omar Razzaz. No habría fortuna opaca que escapara a la inspección. Ninguna, al parecer, salvo la del rey.

Así lo demuestran los Papeles de Pandora, una filtración conseguida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y en cuyo análisis han colaborado EL PAÍS y La Sexta. Esos documentos revelan que el monarca del país, el rey Abdalá II, es propietario de 14 viviendas de lujo no declaradas, repartidas por el Reino Unido y Estados Unidos. Los inmuebles fueron adquiridos entre 2003 y 2017 a través de empresas pantalla registradas en paraísos fiscales. Su valor total se eleva a más de 106 millones de dólares (91,4 millones de euros).

Las viviendas incluyen una casa en Ascot, una de las ciudades británicas más caras, varios apartamentos en el centro de Londres valorados en millones, y otros cuatro apartamentos de lujo en un complejo de la ciudad de Washington (EE UU) con vistas panorámicas al río Potomac.

Entre las propiedades se encuentran también tres casas contiguas en primera línea de mar en Point Dume, un refinado enclave cercano a la ciudad estadounidense de Los Ángeles, que están siendo renovadas. Una de ellas, una mansión de siete dormitorios que se levanta en un acantilado con vistas al Pacífico, fue adquirida en 2014 a través de una de las sociedades instrumentales, Nabisco Holdings (no tiene nada que ver con la fábrica de galletas), por 33,5 millones de dólares (28,9 millones de euros).

El monarca concede un premio anual a la transparencia que lleva su nombre

Según la documentación, los asesores del monarca jordano, de 59 años, que concede un premio anual a la transparencia, que lleva su nombre, no escatimaron esfuerzos para ocultar las posesiones inmobiliarias. Contables y abogados de Suiza y las islas Vírgenes británicas (IVB) crearon empresas pantalla en nombre del rey y concibieron planes para ocultar su nombre de cara a los registros públicos, e incluso a los registros confidenciales del Gobierno.

En dos de los documentos, varios administradores corporativos de las IVB que trabajaban para el bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee, conocido como Alcogal, marcaron las casillas que indicaban que nadie relacionado con una de las empresas del monarca tenía que ver con la política, a pesar de que el rey tiene el poder de nombrar al Gobierno, disolver el Parlamento y aprobar leyes.

En un mensaje dirigido al ICIJ en nombre del monarca, los abogados negaron que hubiera nada indebido en poseer inmuebles a través de sociedades instrumentales. Los letrados afirmaban que la legislación jordana no obliga al rey a pagar impuestos.

Expertos en Oriente Próximo consideran que si las compras se hubiesen hecho públicas cuando se realizaron, habrían provocado el rechazo de muchos jordanos y de los líderes tribales con cuyo apoyo Abdalá II se mantiene en el poder. La mayoría de las operaciones inmobiliarias en Estados Unidos y el Reino Unido —seis de ellas por valor de más de cinco millones de dólares (4,3 millones de euros)— se produjeron en 2011 o con posterioridad a ese año, después de las protestas de la Primavera Árabe, que provocaron la caída de los gobiernos de Egipto, Libia y Túnez y supusieron la primera amenaza seria para la monarquía jordana en generaciones.

Jordania depende de la ayuda exterior para mantener a su propio pueblo y acoger y atender a millones de refugiados

Jordania es uno de los países más pobres de la zona. Casi no tiene petróleo, y sufre una fuerte escasez de agua. El reino depende de la ayuda exterior para mantener a su propio pueblo y acoger y atender a millones de refugiados. Solo el año pasado, Estados Unidos entregó al país más de 1.500 millones de dólares (1.293 millones de euros) en ayudas y financiación militar, y la Unión Europea acordó proporcionar más de 218 millones de dólares (188 millones de euros) para amortiguar el impacto de la pandemia.

“Jordania no tiene el dinero que tienen otras monarquías de Oriente Próximo, como Arabia Saudí, para permitir que el rey haga alarde de su riqueza”, observaba Annelle Sheline, experta en autoridad política y religiosa en la zona, en una entrevista con el ICIJ. Sheline, investigadora del Instituto Quincy de Washington, añadía: “Si el monarca jordano exhibiera su fortuna más a las claras, no solo se ganaría la enemistad de su pueblo, sino que a los donantes occidentales que le han dado dinero no les haría ninguna gracia”. Según los expertos, Abdalá de Jordania, cuyos súbditos se burlan de él porque habla árabe con acento inglés, no tiene mucho margen de error.

DLA Piper, abogados del monarca en el Reino Unido, afirman que este tiene razones fundamentales y legítimas de seguridad y privacidad para tener propiedades en empresas en paraísos fiscales, razones que no tienen nada que ver con la evasión de impuestos ni ningún otro propósito ilícito. El rey jordano nunca ha malversado los caudales públicos ni la ayuda exterior, afirman los letrados, que añaden que su riqueza es de origen personal. Según el despacho, el monarca se preocupa profundamente por Jordania y por su pueblo, y actúa en todo momento con integridad y en el interés de su país.

Los abogados sostienen que la mayoría de las sociedades instrumentales ya no existían o no tenían que ver con el rey, y que varias de las propiedades que el ICIJ identificaba como de su propiedad no lo eran. DLA Piper ha declinado explicar qué es lo que el rey considera inexacto escudándose en supuestos problemas de seguridad para él y su familia.

Abdalá de Jordania ha cultivado durante mucho tiempo una imagen moderada y modernizadora. El soberano, que monta en moto y ha ganado premios de la paz, estudió en la Real Academia Militar del Reino Unido y en la Universidad de Oxford, entre otras instituciones. Accedió al trono en 1999, tras la muerte de su padre, Hussein. El rey y su esposa, Rania (palestina nacida en Kuwait), a los que se califica a menudo de la pareja gobernante más “moderna” de Oriente Próximo, se conocieron en una cena de gala en Amán, la capital jordana, cuando la entonces futura reina e influencer de Instagram trabajaba para Apple.

La Jordania de Abdalá, colindante al norte y al este con Siria e Irak, ambos devastados por la guerra, y al oeste con Cisjordania, ocupada por Israel, es vista, al menos desde el exterior, como una isla de relativa estabilidad. El país tiene 10,2 millones de habitantes y es un importante aliado de Estados Unidos, que acogió bases militares aliadas durante la invasión de Irak de 2003. El país recibe cada año miles de millones de dólares en ayudas estadounidenses, de la Unión Europea y de otros países, gran parte de las cuales van destinadas a los millones de refugiados sirios y palestinos que viven en los campamentos jordanos.

En Jordania las manifestaciones a favor de la democracia han sido, en general, más pacíficas y menos masivas que las que tuvieron lugar en Túnez y Egipto durante la Primavera Árabe de 2011. Sin embargo, el estancamiento de la economía y la gran cantidad de asilados han alimentado el descontento.

En 2012, año en que el rey adquirió una de sus lujosas propiedades en Washington, miles de sus súbditos se agolparon en las calles de las ciudades y pueblos de todo el país para protestar por la supresión de una subvención al combustible, una decisión que muchos jordanos temían que los sumiera en la pobreza. Los manifestantes bailaban y cantaban rimas. Comparaban a Abdalá con Alí Babá, el hombre pobre de Las mil y una noches que se hizo rico pronunciando el “ábrete sésamo” y saqueando a continuación la cueva llena de oro y piedras preciosas de los cuarenta ladrones.

De acuerdo con los Papeles de Pandora, Abdalá de Jordania ha sido propietario de al menos 36 empresas pantalla en paraísos fiscales en los que reina el secretismo. El rey adquirió la mayoría de las propiedades entre 2008 y 2017.

Los intercambios de correos electrónicos hallados entre los documentos filtrados muestran que la prioridad número uno de los asesores financieros de Abdalá era ocultar los vínculos del monarca con las empresas y las propiedades que estas adquirieron.

Al parecer, los nombres de algunas de esas empresas pantalla contienen referencias geográficas o religiosas: Quba Ltd. alude a una de las mezquitas más antiguas del mundo musulmán, y Zayer Ltd. a un término para nombrar a los turistas que visitan los lugares sagrados.

Aunque los documentos filtrados no enumeran las propiedades personales del rey, su localización, detalles y valor pueden encontrarse cotejando los nombres de las empresas fantasma con los registros públicos de la propiedad. Los periodistas descubrieron que 12 de las empresas del monarca eran propietarias de bienes inmuebles, entre ellos un bloque de viviendas de 6,5 millones de dólares (5,1 millones de euros) situado en el exclusivo barrio de Georgetown, en Washington, adquirido en 2012 por Zayer Ltd. En 2016, el príncipe heredero Hussein, hijo de Abdalá II, se licenció en Historia Internacional en la Universidad de Georgetown, a 10 minutos a pie de los lujosos apartamentos.

Los documentos no revelan el propósito exacto ni los activos de otras empresas pantalla propiedad del rey. De algunas de ellas se dice que son titulares de inversiones no especificadas en Estados Unidos y Europa.

“Ya sabes quién”

En la documentación consta que la oficina de Alcogal se hizo cargo de los asuntos de Abdalá II en Panamá y en las islas Vírgenes británicas ya en 2007. Era la elección lógica para un soberano que buscaba el secreto.

Las IVB, un territorio formado por un grupo de más de 50 islas y cayos caribeños al este de Puerto Rico, se ha enriquecido gracias a su sector financiero. La creación y administración de cientos de miles de empresas ficticias para extranjeros emplea a multitud de abogados, contables y otros profesionales. Las estrictas leyes de privacidad y la simpatía de las altas esferas por el sector de las sociedades instrumentales atraen no solo a famosos y políticos, sino también a delincuentes.

Tanto los empleados de Alcogal como Andrew Evans, asesor de Abdalá II, entendieron la importancia de la discreción. Los empleados del bufete se referían al rey como el “beneficiario final” residente en Jordania. Evans prefería “ya sabes quién”.

La legislación de las IVB y otras muchas jurisdicciones, como la de Estados Unidos, exige que las empresas de servicios profesionales como Alcogal identifiquen la posibilidad de que sus clientes estén blanqueando capitales y cometiendo otras ilegalidades. Se considera que los políticos y los funcionarios de la Administración están “expuestos políticamente”, y son especialmente propensos al soborno y otros delitos relacionados. Las leyes del territorio caribeño prevén multas de hasta 75.000 dólares (64.600 euros) por cada incumplimiento de la obligación de identificar o revelar tales riesgos.

A pesar de ello, en 2017 Alcogal marcó con un “no” la casilla correspondiente a un punto de un documento interno de evaluación de riesgos que preguntaba si alguien conectado con alguna de las empresas del rey Abdalá estaba expuesto políticamente, es decir, si era un político o una persona relacionada con un político. En el mismo documento aparecían el nombre completo del rey, su fecha de nacimiento y su domicilio: el inmenso palacio con suelos de mármol de Raghadan.

Evans se esforzó al máximo en asegurarse de que la propiedad real de las sociedades instrumentales permaneciera en secreto. En un borrador de acuerdo comercial con Alcogal, FidiGere, una de las empresas de Evans, preguntaba dónde y a quién se daría a conocer el nombre del soberano y sus actividades en paraísos fiscales, como reveló una revisión del seguimiento de cambios y comentarios del documento.

Como escribe Alcogal, el acuerdo solicitaba a la empresa pantalla que compartiera información sobre las propiedades del rey con las autoridades de las islas Vírgenes británicas en el caso de que terceros países pidieran dicha información en el marco de una investigación penal. Evans se mostró reacio y quiso saber exactamente a quién se le podía decir toda la verdad en este territorio: “Por favor, ¿podría definir a quién incluye ‘las autoridades’?, inquirió.

El contable modificó el acuerdo para exigir que Alcogal ofreciera más protección a sus “clientes especialmente delicados”. Según su modificación, el bufete debía almacenar la información recibida sobre dichos clientes solo en formato impreso, lo cual la haría menos vulnerable a la filtración de datos y a los errores humanos, y facilitar el acceso a ella “solo en caso necesario”. Los documentos filtrados no dicen si Alcogal aceptó las modificaciones; la empresa siguió trabajando con Evans y FidiGere después de que se discutiera el acuerdo.

“Actualmente solo tenemos un cliente que entre en esta categoría” de clientes especialmente delicados, escribió Evans en el borrador de 2016. Aunque su autor no menciona directamente el nombre del monarca o de sus empresas, otros documentos enviados por la misma época hacen referencia a Abdalá. A Evans le preocupaba en particular lo que pudiese ocurrir con el pasaporte del rey. Aceptó proporcionar a Alcogal una copia electrónica, pero pidió que se restringiera el acceso a ella y que se asegurara con una contraseña. Alcogal accedió.

Una vez resueltos los problemas relacionados con el manejo de los documentos, Alcogal y Evans se enfrentaron a una cuestión espinosa: declarar o no a las autoridades de las islas Vírgenes británicas que el propietario de las empresas era el rey de Jordania.

Las islas Vírgenes británicas redoblaron las peticiones de divulgación de información a raíz de las explosivas revelaciones sobre el secretismo de los paraísos fiscales, entre ellas la investigación de los Papeles de Panamá llevada a cabo por el ICIJ en 2016. Según la nueva legislación, las empresas que ayudan a sus clientes a crear sociedades en las islas Vírgenes británicas están obligadas a facilitar a las autoridades los nombres de los verdaderos propietarios, denominados “beneficiarios finales”. La información se inscribe en un registro confidencial del Gobierno. De acuerdo con la legislación del territorio británico de ultramar, Alcogal debe registrar dicha información incluso cuando se trata de empresas transferidas posteriormente a otros paraísos fiscales, como Panamá, como es el caso de varias sociedades del monarca jordano.

Los documentos filtrados revelan que Evans pidió por correo electrónico a Alcogal que incluyera en el registro confidencial una de sus empresas —Khalij Fiduciaire o FidiGere— en lugar del rey.

La legislación de las IVB permite una excepción a los requisitos de divulgación si el propietario de una empresa es un “Estado soberano”. Según un correo electrónico de junio de 2018, el responsable de cumplimiento normativo de Alcogal en las IVB consideraba que se podía registrar una de las empresas de Evans como beneficiaria final en virtud de dicha exención. No obstante, afirmaba también que aprovecharse de ella contravenía como mínimo el espíritu de la nueva ley, cuyo objetivo era limpiar la fama de las islas como refugio del dinero negro. La ley exigía asimismo que Alcogal facilitara “sin demora” la información sobre la propiedad, especificaba el responsable de cumplimiento normativo, que añadía que inscribir a Khalij o a FidiGere “no facilita el cumplimiento del requisito ‘sin demora”.

Hakim Creque, un abogado del destacado bufete de las IVB Martin Kenney & Co aseguró al ICIJ que un rey que actúa a título personal “debe ser declarado como beneficiario final”.

En los archivos de Alcogal no consta la decisión adoptada. En una respuesta al ICIJ, la empresa afirmaba que la ley no obliga a informar de las personas expuestas políticamente, conocidas como PEP, únicamente en razón de sus vínculos políticos. El bufete señaló que lleva a cabo controles reforzados sobre los antecedentes de cualquier persona que tenga esta clase de conexiones, y añadió que la legislación sobre diligencia debida ha cambiado con el tiempo en los países en los que ellos operan.

Evans declaró al medio colaborador del ICIJ en Suiza, la editorial digital e impresa Tamedia, que está jubilado y ya no trabaja para el rey, y no respondió a las preguntas. Los abogados del monarca aseguraron al Consorcio que la gestión de las empresas de Abdalá II está en manos de profesionales que garantizan el cumplimiento de las obligaciones legales y financieras pertinentes.

En 2018, después del intercambio de correos electrónicos, el monarca todavía se enfrentaba a las protestas contra los impuestos que se habían extendido por todo el país, en el que el salario medio anual es de 7.620 dólares (6.572 euros). Tras nombrar primer ministro a Razzaz, el rey celebró una reunión pública con editores de periódicos y periodistas aprobados por palacio. El monarca aseguró a los asistentes que entendía su sufrimiento económico. “Las instituciones deben adoptar un método de actuación basado en la transparencia y la responsabilidad”, proclamó.