Brasil: el ministro de Economía y el presidente del Banco Central crearon empresas ‘offshore’

Los dos hombres más poderosos del mundo económico de Brasil, Paulo Guedes y Roberto Campos Neto, ministro de Economía y presidente del Banco Central, respectivamente, figuran en los Papeles de Pandora. Ambos, según la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en la que participa EL PAÍS, crearon empresas en paraísos fiscales y nunca lo hicieron saber a la opinión pública, pese a la preeminencia de sus puestos y a que los organismos que dirigen tomaron decisiones relevantes sobre fondos offshore.

Guedes, de 72 años y cuyas conexiones con la élite financiera siempre han sido motivo de polémica, aparece como accionista de la empresa Dreadnoughts International Group, registrada en las Islas Vírgenes Británicas. Se trata de una sociedad que en el argot financiero se conoce como shelf company: empresas que se abren en paraísos fiscales pero que pueden permanecer sin actividad durante años, a la espera de que alguien les dé un destino. Los documentos muestran que el ministro tenía en 2014 al menos ocho millones de dólares invertidos en la compañía, registrada a su nombre; al de su esposa, María Cristina Bolívar Drumond Guedes, y al de su hija, Paula Drumond Guedes. Al año siguiente, esa cifra había subido a 9,5 millones, según los documentos obtenidos por la investigación, liderada en Brasil por la revista Piauí.

Quien intermedió la compra de la offshore fue Trident Trust, una proveedor de servicios que posee filiales en varios paraísos fiscales y ofrece soluciones discretas a personas u organizaciones que quieren mantener sus actividades ocultas, según fuentes del mercado financiero. En el mismo sector trabajaba Mossack Fonseca, el bufete panameño que se hizo famoso después de que el ICIJ revelara sus documentos en 2016, en la investigación conocida como los Papeles de Panamá.

En Brasil es habitual que los socios y altos ejecutivos de bancos e instituciones financieras reciban bonificaciones y dividendos en paraísos fiscales, lugares que gozan de privilegios —como impuestos reducidos o incluso exenciones al pago de impuestos— y ninguna transparencia. Guedes fue socio del Banco Pactual de 1983 a 2006. De ahí en adelante tuvo participación en varias empresas de inversiones, hasta que asumió el cargo de ministro en 2019, convirtiéndose en uno de los hombres fuertes del Gobierno de Jair Bolsonaro.

El presidente del Banco Central, por su parte, es propietario de cuatro empresas. Dos de ellas, Cor Assets y ROCN Limited, están registradas en Panamá en sociedad con su esposa, la abogada Adriana Buccolo de Oliveira Campos. El objetivo declarado de las compañías es invertir en los activos financieros del Santander Private Bank, donde Campos Neto fue miembro del consejo ejecutivo. Las otras offshores son Peacock Asset, gestionada por el banco Goldman Sachs, y que fue descubierta en la investigación Bahamas Leaks de 2016; y Darling Group, una empresa de “gestión inmobiliaria”.

La polémica no radica tanto en poseer una empresa en el extranjero, algo que no es ilegal —si se declara a la agencia tributaria brasileña—, sino en el conflicto de intereses. Guedes, así como Campos Neto, participaron de decisiones estratégicas que, a la postre, han influido en sus propias inversiones fuera de Brasil.

El ministro de Economía fue el responsable de enviar al Congreso el proyecto de reforma fiscal que, en su versión actual, beneficia a quienes tienen dinero en paraísos fiscales. Y Campos Neto firmó una resolución que exime a las personas que poseen activos por menos de un millón de dólares en el extranjero de tener que presentar cuentas al Banco Central, algo que era información pública hasta entonces. Eso dejó fuera a casi 40.000 personas de las estadísticas del banco. El Banco Central argumenta que las personas y empresas con negocios en el exterior siguen con la obligación de declarar sus cuentas al fisco; no obstante, la medida permite esconder una información que antes era pública.

Aunque los cálculos oficiales cifran en 20.554 las personas con cuentas declaradas en el extranjero (que representan 204.237 millones de dólares), los expertos consideran que la cifra en dinero ilegal es muy superior y rondaría el billón de dólares.

La falta de transparencia con la opinión pública de Guedes y Campos Neto también choca con el Código de Conducta de la Alta Administración Federal, que prohíbe “invertir en activos cuyo valor o cotización pueda verse afectado por una decisión o política gubernamental”, es decir, a cualquier autoridad que tenga “informaciones privilegiadas, en razón del cargo o función”.

Guedes asegura que sí ha declarado sus empresas offshore. El Ministerio de Economía, que él dirige, informó de que las acciones privadas anteriores a su investidura en 2019 “fueron debidamente declaradas a la agencia tributaria y a los demás organismos competentes, lo que incluye su participación en la empresa Dreadnoughts International Group”. “Su actuación siempre respetó la legislación aplicable y se guió por la ética y la responsabilidad”, señaló en un comunicado enviado a Piauí. El ministerio también afirmó que, desde que asumió el cargo, Guedes se ha desvinculado de todas sus actividades en el mercado privado, tal y como exige la Comisión de Ética Pública. “Cabe señalar que el propio Supremo Tribunal Federal ya dio fe de la idoneidad y capacidad de Paulo Guedes para ejercer el cargo, en el juicio de la acción interpuesta por el PDT [Partido Democrático Laborista] contra el ministro de Economía”, subrayó.

El presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto, también asegura que declaró todo su dinero en el exterior a la Comisión de Ética de la Presidencia de la República, así como a la agencia tributaria brasileña y al mismo Banco Central. En un comunicado oficial enviado a Piauí, la asesoría del Banco Central aclaró que Campos Neto ha construido su “patrimonio con los ingresos obtenidos a lo largo de 22 años de trabajo en el mercado financiero” y que desde que ingresó a la presidencia del Banco Central “no hubo ninguna remesa de recursos a las empresas”. Menciona, además, que informó de toda su situación fiscal cuando se presentó ante el Senado antes de asumir el cargo de presidente del Banco Central.

Campos Neto abrió la empresa offshore Cor Assets el 6 de abril de 2004 a través del bufete de abogados Mossack Fonseca. En abril de 2018, tras el escándalo de los Papeles de Panamá, transfirió la offshore a otro gestor, Overseas Management Company (OMC). En ese momento, tenía un capital de un millón de dólares.

La empresa ROCN Limited, por su parte, se remonta al 8 de enero de 2007, fecha en que la abrió Trident Trust. Se catalogó como inactiva en noviembre de 2016, lo que significa que mantuvo su estatus legal, pero no podía operar con sus activos. En su nota, Campos Neto afirma que ha declarado la totalidad de este patrimonio, que paga “todos los impuestos debidos” y cumple “todas las normas legales y éticas aplicables a los agentes públicos”.

El dilema de las sociedades ‘offshore’

El problema de las sociedades opacas es que, aunque sean legales, acaban vaciando la recaudación fiscal nacional. Tanto es así que las empresas offshore, en sus anuncios, ofrecen a sus potenciales clientes “evitar el pago de impuestos”. Para ello actúan como una estructura intermediaria entre las inversiones del cliente y los ingresos que recibirá, ya sea por los beneficios de las acciones o por el alquiler de propiedades, por ejemplo. Estas ganancias no se ingresan en la cuenta del propietario de la empresa, sino en la offshore, con lo que quedan al margen del fisco brasileño.

El abogado fiscal Márcio Calvet Neves explica que, desde mediados de los años noventa, en Brasil se paga un impuesto sobre la renta de hasta el 34% sobre los beneficios de las empresas en el extranjero cuando el socio o accionista es una persona jurídica. Si el propietario de la empresa es una persona física, las ganancias solo tributarán hasta el 27,5%, siempre y cuando el beneficio acabe en Brasil. Pero aquí hay un vacío legal, ya que es la persona física quien decide si comunica o no esta ganancia a la agencia tributaria. En otras palabras: el dinero puede permanecer años en el extranjero, sin que su propietario pague ningún impuesto por él. “Brasil tiene una legislación muy completa para gravar los beneficios de las compañías en el extranjero. Pero no ocurre lo mismo con las personas físicas. Basta con que tengan una empresa en el extranjero y se aseguren de que esta empresa no distribuye beneficios a Brasil, para que nunca sean gravados”, dice Neves.

Por esta vía, los más ricos mantienen su dinero blindado en el extranjero. Si no fuera por los Papeles de Pandora, no sería posible saber que el ministro de Economía y el presidente del Banco Central poseen empresas en paraísos fiscales. La agencia tributaria brasileña considera paraísos fiscales aquellos países que tienen un tipo impositivo inferior al 20% o cuya legislación protege el secreto de la composición societaria de las empresas. Más de 60 países componen la lista, entre ellos Panamá, Hong Kong, Islas Vírgenes y Chipre.

La reforma y el riesgo de blanqueo

En el caso del ministro de Economía, Paulo Guedes, la mayor controversia procede de la reforma fiscal que lidera como funcionario. El proyecto inicial, preparado por el fisco brasileño y presentado por el Ministerio de Economía al Congreso, pretendía acabar con la distinción entre persona física y jurídica. El texto preveía gravar tanto los “beneficios derivados de las participaciones en filiales residentes o domiciliadas en el extranjero”, aunque el dinero no se trajera a Brasil. Y, al imponer automáticamente gravámenes para los beneficios de las empresas en los paraísos fiscales que fueran de propiedad de personas físicas brasileñas, cerraba el camino a la evasión de impuestos. Es una medida que recomienda la OCDE y que adoptan varios países, como Estados Unidos, Japón, China, Argentina y México.

Pero la Cámara de Diputados excluyó el párrafo que terminaba con esta diferenciación, en una decisión que fue negociada también con Paulo Guedes. En lugar de mejorar el instrumento de recaudación, el texto aprobado en la Cámara baja (y que todavía debe pasar por el Senado) trae una nueva medida, que determina que las personas físicas residentes en Brasil pueden optar por tributar, a solo el 6%, todos los beneficios, ingresos y activos de origen lícito que se tengan en el extranjero. “Es decir, pasamos de una imposición obligatoria del 27,5% a una optativa del 6% durante el proceso de lobby y enmiendas”, dice Calvet. Y añade que, aunque el texto exige que el dinero tenga un “origen lícito”, “existe un alto riesgo de que mucha gente aproveche para blanquear lo que también tiene un origen ilícito, pagando muy pocos impuestos”.

En la investigación de Brasil han participado Piauí, Agencia Pública, Metrópoles y Poder360.

Fe de errores. En una versión de este artículo se decía que Trident “ofrecía un servicio parecido” a Mossack Fonseca. Mossack Fonseca era un despacho legal; Trident es un proveedor global de servicios corporativos.