Saludable examen del 23-F

La desclasificación de toda la documentación en poder del Gobierno relacionada con el intento fallido de golpe de Estado del 23-F no ha aportado novedades significativas al conocimiento de aquel episodio catártico del proceso de democratización de España. Esa es una buena noticia. La ausencia de revelaciones espectaculares, que ha podido frustrar las expectativas de quienes prefieren creer que el presente siempre lo traza una mano negra en la oscuridad, tiene una virtud política indiscutible. Todavía más en tiempos en tiempos en los que el extremismo cabalga sobre los bulos y las redes.

Frente a las teorías de la conspiración que comenzaron casi inmediatamente después de la asonada y han circulado durante cuatro décadas, sin otro aval que el rumor interesado o la sospecha sin pruebas, las notas, informes y papeles confidenciales puestos por fin a disposición de los ciudadanos obligan a concluir que no hay alternativa al relato asentado sobre los sucesos del 23 de febrero de 1981. Y es bueno que así sea porque, primero, es un motivo de confianza en nuestra capacidad para reconstruir episodios controvertidos de nuestro pasado reciente desde el rigor profesional a pesar del secretismo oficial. Dicha tarea de contar el origen, desarrollo y desenlace del golpe la asumieron muy pronto algunos de los mejores los periodistas de la Transición y luego los historiadores, con sus respectivos métodos de trabajo: acudiendo a los testimonios, contrastando, buscando en las hemerotecas, abriendo cajas y más cajas en los archivos y poniendo la lupa sobre las fuentes primarias accesibles.

Aún no se ha escrito el punto final a la crónica e interpretación de esa jornada de tiros y tricornios. Claro que quedan aspectos menores por responder, siempre puede aparecer nueva documentación y, en realidad, la historia nunca termina de escribirse. Pero lo que sí puede descartarse ya es que los sucesivos gobiernos españoles, que ciertamente podrían haber desclasificado mucho antes esta documentación, no lo hicieran por ánimo de silenciar secretos o porque pretendiesen encubrir a alguno de sus hipotéticos protagonistas. El juicio sobre la conducta del rey Juan Carlos se clarifica a su favor, como reconocieron de inmediato las cancillerías internacionales.

Este es el segundo motivo por el cual la desclasificación ha tenido una útil virtud política. Precisamente uno de los secretos que quedan ahora en evidencia es quiénes fueron los primeros autores intelectuales del relato de la conspiración: los nostálgicos del franquismo, cuyos herederos son hoy los primeros interesados en la propagación de la incertidumbre para romper la confianza de la ciudadanía en el saber y las instituciones. Fueron los encausados y sus cómplices quienes apostaban por una involución democrática y pretendieron implicar al jefe del Estado, como detectó la inteligencia española ya entonces y como incluso alertaron miembros del Partido Comunista.

En tiempo de desconfianza con la mecánica de las instituciones, la información es una garantía del buen funcionamiento democrático. El Gobierno ha dejado claro que nada le impide desclasificar lo que quiera y cuando quiera. Este saludable ejercicio de transparencia ha establecido además un precedente que debe servir para no escamotear a los ciudadanos información sobre otros episodios. Sería aún mejor si fuese el prólogo para redactar una nueva ley de Secretos Oficiales —la vigente es franquista— que establezca plazos claros de desclasificación automática que no dependan de la voluntad del Ejecutivo.