Exceso de ruido

El reconocimiento por parte del presidente del Gobierno de que hay que elevar los niveles de exigencia en el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria es un primer paso para hacerse cargo políticamente de las consecuencias de la tragedia de la alta velocidad en Adamuz, que el pasado 18 de enero le costó la vida a 46 personas en dos trenes. Aquel accidente, junto con el de cercanías de Barcelona dos días después, ha provocado una crisis de confianza sin precedentes en el funcionamiento de los trenes españoles, aparte de una disrupción del servicio que ha alterado la vida de miles de usuarios. Los ciudadanos tenían que escuchar a Pedro Sánchez.

Sánchez adelantó desde la tribuna la mejora de los protocolos ferroviarios para que una tragedia como la de Adamuz no se repita. En su comparecencia, vino a transmitir la idea de que en Adamuz todo se hizo correctamente, pero se produjo “una fatalidad” porque los actuales protocolos “no son infalibles” y no existe la seguridad al 100%. Es pronto para dar esa versión a los ciudadanos. Las conclusiones preliminares de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios apuntan la hipótesis de que hubiera un fallo en la soldadura de una vía que derivó en una rotura al paso del tren Iryio que descarriló y produjo la secuencia fatal: la invasión de la vía contraria exactamente en el momento en el que pasaba otro tren en sentido contrario a 200 kilómetros por hora. La magnitud del accidente fue una fatalidad. La rotura de una vía, no. Hay que esperar a los informes técnicos.

No parece dispuesto a esperar a nada el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, quien en el debate de este miércoles aseguró sin pruebas que el accidente de Adamuz era evitable, que de alguna forma el Gobierno sabía que la red ferroviaria es insegura y que, por tanto, tiene una responsabilidad criminal en el accidente. La afirmación es pura demagogia con el único objetivo de crear sensación de caos y desmoronamiento del sistema. No ayuda en nada a esclarecer lo ocurrido ni a sacar conclusiones, ni mucho menos a dar a las víctimas el consuelo que merecen a través de una explicación técnica y coherente de lo que ocurrió.

Feijóo lanzó la profecía de que el Gobierno de Sánchez tendrá que “sentarse en el banquillo”. En realidad, la amenaza sobra. Es evidente que en algún momento Renfe, Adif e Iryo tendrán que ser parte en el procedimiento judicial de una forma u otra. Feijóo lo sabe bien porque varios altos cargos estuvieron imputados durante la instrucción del accidente de Angrois que se produjo cuando él era presidente de Galicia. Solo el juzgado de Montoro (Cordoba) que investiga el accidente de Adamuz se prepara para un proceso con decenas de abogados, al menos 14 denuncias de víctimas directas y ocho peticiones de personación de acusaciones populares. Precisamente es en el ámbito judicial donde hay que mostrar más paciencia.

Entre retrasos, cancelaciones y cierto miedo irracional pero comprensible tras dos accidentes seguidos, programar un viaje en tren en España hoy genera inquietud, no tranquilidad. Esa es la dura realidad a la que se enfrenta el Gobierno. Recuperar la confianza en el sistema previa a Adamuz será un proceso largo, imperfecto, que quizá vaya más allá de una legislatura. La comparecencia de este miércoles fue solo el primer paso de un largo recorrido en el que se irán depurando, sin prisa pero con toda la precisión necesaria, responsabilidades en los planos técnico, político y judicial. Lo saben todos los partidos que han tenido responsabilidad de gobierno en una catástrofe.