Tacticismo contraproducente

Los votos de cuatro partidos de derechas diferentes e incluso antagónicos (PP, Vox, Junts y UPN) se sumaron el martes en el Congreso para infligir una seria derrota al Gobierno y rechazar la convalidación de un decreto que incluía numerosas medidas y ayudas de carácter social. Entre la veintena de iniciativas que ahora han decaído, las más relevantes eran la revalorización de las pensiones este año en un 2,7%, la subida de las pensiones mínimas en un 7% y la de las no contributivas y del ingreso mínimo vital en un 11,4%. Junto a ellas figuraban la suspensión de los desahucios de las familias vulnerables en determinadas circunstancias, la prohibición del corte de suministros básicos a este mismo tipo de familias o la prórroga de las ayudas a la reconstrucción de los municipios afectados por la dana de Valencia. Todo fue presentado en una sola votación al Congreso bajo la marca “escudo social”.

Se repite así la situación de hace un año, cuando la derecha hizo fracasar otro decreto “ómnibus” del Ejecutivo que también mezclaba el alza de las pensiones con un popurrí de medidas. Como entonces, son los 10 millones de pensionistas los paganos de un partidismo más pendiente del relato público que se hace de la política que de la propia política. La revalorización de las pensiones queda bloqueada por la perversa combinación del intento del Gobierno por retratar al PP como enemigo de los pensionistas, y la obsesión de los populares por retratar la debilidad del Ejecutivo en una derrota parlamentaria.

No cabe duda de la necesidad y urgencia de muchas de las medidas del decreto y no faltan razones para criticar a una oposición que ignora medidas sociales necesarias para desgastar al Gobierno. Pero es solo responsabilidad del Gobierno intentar utilizar un instrumento como el decreto-escoba y forzar al Congreso a votar en bloque. Si está convencido de la utilidad y pertinencia de sus medidas, nada le impide someterlas a votación por separado y buscar los apoyos necesarios para cada una.

La composición fragmentada de las Cortes lleva y seguirá llevando a todos los grupos a aprovechar su poder para sacar rendimiento político inmediato de cualquier cuestión, una realpolitik que sería ingenuo desconocer. Distintos gobiernos han recurrido al decreto ómnibus cuando no han logrado aprobar unos Presupuestos Generales para que estuviesen vigentes el correspondiente 1 de enero. Por ejemplo, con Mariano Rajoy ocurrió tres veces. Todo ello no obsta para reprochar con firmeza al Ejecutivo que ha impedido que los españoles conozcan la posición de cada partido sobre cada una de las cuestiones que se sometían conjuntamente a votación y que esas posiciones quedasen especificadas donde debe hacerse: en el Congreso. Incluso un socio tan fiable para Pedro Sánchez como el PNV ha deplorado el “juego a la ruleta rusa” parlamentaria con medidas tan importantes y que afectan a tantas personas.

La decisión del Ejecutivo, carente de utilidad política, tiene un impacto social que corresponde al mismo Ejecutivo resolver. De no alcanzarse una solución en febrero, las pensiones quedarán de hecho congeladas. El martes ya se vio quién votó en contra, pero el Gobierno no tiene que ganar el relato de las culpas, sino buscar y lograr los acuerdos necesarios para arreglar lo ocurrido. El año pasado lo consiguió con cesiones a Junts más cosméticas que prácticas. Esta vez cuenta también con opciones de armar, aun con dificultades, la mayoría necesaria en la Cámara. El aviso del Congreso debe ser tenido en cuenta.