Miedo en el país de la libertad

Primero fueron a por los venezolanos. Las imágenes de cientos de presuntos delincuentes expulsados sumariamente de Estados Unidos sin asistencia letrada y sometidos a un trato degradante en una prisión de El Salvador son una exhibición de crueldad que tiene un solo objetivo: aterrorizar a millones de indocumentados que viven y trabajan en el país. Da igual que la medida pueda ser ilegal. Para cuando eso se decida en un juzgado, el terror a salir a la calle habrá destruido muchas vidas. El estadounidense medio no va a defender los derechos de unos supuestos malhechores (el Gobierno no ha presentado pruebas de que lo sean), pero pronto la táctica del miedo como arma política le empezará a tocar más de cerca. Ya lo está haciendo.

El segundo gobierno de Donald Trump, limpio de funcionarios incómodos, está extendiendo esa misma estrategia a todos los órdenes sociales. A través de distintos decretos presidenciales, Trump pretende acabar con cualquier voz que contradiga su ideario político no solo en su Administración —donde ha eliminado todos los departamentos y puestos de trabajo relacionados con diversidad e inclusión— sino también en la sociedad. Empezó amenazando a las grandes empresas con perder contratos públicos y algunas claudicaron.

En este proyecto, acallar las críticas es fundamental. Ahora les toca a las universidades, a las que, con la excusa de las manifestaciones contra la masacre de civiles en Gaza, amenaza con dejar sin fondos federales —muchos dedicados a investigación científica— si no ponen coto a las protestas estudiantiles. En este caso, el primer objetivo para que todos tomen nota ha sido Columbia, en Nueva York. La universidad ha accedido a negociar con la Administración. La presidenta de la institución dimitió el viernes.

De las universidades, a los propios estudiantes. Todo el mundo ha podido ver imágenes, propias de una operación contra el narcotráfico, de la detención callejera de una estudiante turca de la Universidad de Boston porque había participado en manifestaciones propalestinas. Cientos de visados de estudiantes internacionales han sido revocados por este motivo y un juez tuvo que suspender el intento de deportación de un estudiante de Columbia con permiso de residencia permanente. El terror a decir algo inconveniente para el Gobierno se extiende nada menos que en el ámbito de la enseñanza superior, el de la libertad de cátedra y de crítica.

El siguiente objetivo son los abogados. En este caso, la amenaza tácita es que si representan a individuos o instituciones en casos contra la actual Casa Blanca perderán contratos públicos. Al menos dos firmas han decidido demandar al Gobierno, pero otras dos han aceptado negociar. Son firmas multimillonarias que renuncian a dar batalla, por lo que el mensaje es letal para el resto de la profesión, con capacidades mucho más modestas. De nuevo, a través de la intimidación, el Gobierno va conquistando espacios de poder en la sociedad estadounidense. Ya antes había amenazado a la prensa. Siguiendo el mismo patrón, eligió a Associated Press, la agencia de noticias más respetada del país, para dar ejemplo. AP se negó a referirse al Golfo de México como Golfo de América, como quiere Trump, y ha sido excluida del grupo de medios con acceso al Despacho Oval.

El objetivo de esta ofensiva va más allá de la agenda personal de Trump: sirve también al fanatismo reaccionario que lo rodea. Así, por chantaje, va tomando forma la idea artificial de EE UU como un país blanco, heterosexual y conservador, en el que todos los que no cumplen ese patrón son meros invitados con un papel subordinado en la sociedad. La democracia de EE UU se ha construido sobre una concepción extrema de la libertad individual. Eso puede cambiar para siempre si no empieza a generalizarse el rechazo a esta política. Ante la pasividad del Congreso, la acción de algunos jueces sigue su curso. Cada cesión es un espacio de poder que ocupa el trumpismo, es decir, la doctrina del miedo.