La partitocracia desvirtúa el Estado autonómico

Siempre se ha dicho que nuestros dos grandes partidos han contribuido a vertebrar España. Tras el derrumbe del voto del PP en comunidades como Cataluña y Euskadi, esta labor se tiende a atribuir en exclusiva al PSOE. Y algo de eso hay, porque gobierna en Cataluña y está coaligado con el PNV en el País Vasco, donde el partido conservador sufre un largo ciclo menguante. Menos se habla, sin embargo, de la nueva dinámica territorial que dichos partidos han comenzado a imponer. Por dejarlo claro desde el principio, creo que se concreta en lo siguiente: por un lado, una creciente centralización de la política española, que ha achatado las diferencias entre los territorios gobernados por ellos; y, por otro, respecto a las dos comunidades históricas señaladas, a las que quizá habría que añadir Navarra, un progresivo alejamiento del centro; movimiento centrípeto de unos, centrífugo de otros. Y ello, por la propia acción del PSOE y del PP.

Dos recientes acontecimientos políticos tienden a corroborar esta tesis. En primer lugar, está la intromisión de La Moncloa en la selección de candidatos para dirigir el partido en determinadas comunidades; candidatos que son también ministros; o sea, que están adscritos al Estado, se sientan en el Consejo de Ministros y a la vez, formaliter, liderarán el partido regional en Andalucía, Madrid, Aragón y Comunidad Valenciana. Un partido que tradicionalmente se caracterizaba por ser la sede de grandes barones territoriales, el resultado lógico de la aparición del Estado autonómico, se mueve al unísono hacia el centro gravitatorio de La Moncloa. Por el lado del PP estamos asistiendo a algo parecido. Recordemos la Declaración de Asturias, mediante la cual se presentó formalmente el plan para homogeneizar las políticas de vivienda en las comunidades gobernadas por ellos. El mensaje fue meridiano: nada de especificidades, todos seguiremos las mismas políticas públicas, porque somos el mismo partido y una única voz.

Está claro que Génova no posee un control del partido equiparable al de La Moncloa. Alberto Núñez Feijóo no tiene el poder de Pedro Sánchez, en parte porque no es lo mismo estar en la oposición que ser el presidente del Gobierno, y ha de soportar las salidas de tono de Isabel Díaz Ayuso o la incompetencia de Carlos Mazón. Pero ambos están aprovechando las esferas de poder respectivo para allanar las diferencias territoriales, algo sorprendente en un Estado compuesto como el nuestro, donde se supone que el autogobierno comunitario debe servir para diferenciarse, no para fundirse en esta homogeneización desde arriba. Se suponía que éramos un Estado cuasifederal, pero de facto estamos transitando hacia un Estado regional con, como decíamos arriba, incrustaciones territoriales semindependientes cada vez más apartadas del resto. No es tampoco un modelo confederal, como a veces se dice, porque este presupone la posibilidad de salirse de la confederación, algo vetado por la Constitución.

¿Qué somos en realidad? ¿Hacia dónde vamos? Pues, chercher les partis, seremos lo que las necesidades de poder de los partidos nos vayan imponiendo en cada caso. Esto es más que obvio por la dependencia del actual Gobierno de sus socios independentistas, que incluso ahora le impele a hacer nuevas concesiones en una negociación —¡en Suiza!— y reduce al mínimo cualquier potencial giro “españolista” de Salvador Illa. Pero también podemos imaginar el contrafáctico de un Gobierno central del PP con un imprescindible apoyo de Vox; o, es un suponer, teniendo que depender de Junts y/o el PNV. En uno u otro caso, el modelo territorial se vería también afectado. Lo único cierto es que navegamos sin mapa y nadie nos vertebra. Somos un curioso animal político invertebrado, que es más resiliente de lo que parece. A pesar de los partidos.