La Europa de la vergüenza

La idea “innovadora” de crear campos de deportación para migrantes en terceros países mientras se tramitan sus solicitudes de asilo avanza en Bruselas. Da igual que hasta el momento el intento de Italia de probar esta fórmula en Albania haya sido un sonoro fracaso. Los centros abiertos por Roma en el país balcánico han sufrido reveses serios en los tribunales italianos; tienen un coste muy alto (85.600 euros por persona) y, por ahora, están parados. La idea de la ultraconservadora Giorgia Meloni, que también ha fracasado en Reino Unido, no es solo un modelo de inhumanidad, sino también de ineptitud.

Sin embargo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, afirma en una carta que su Ejecutivo estudia “la mejor manera de introducir en el marco jurídico la posibilidad de establecer estos centros” y sus “implicaciones financieras”, a los que ella y los Estados miembros partidarios de la idea llaman “soluciones innovadoras”, un eufemismo orwelliano para no llamar a las cosas por su nombre.

Esa misiva demuestra que el debate migratorio en la UE está empachado de ideología. Conforme ha ido creciendo el apoyo electoral a la ultraderecha en el continente, ha crecido una visión cobarde de este tema en la que pesan más los prejuicios que los hechos, como demuestra que la idea siga viva tras el fiasco italiano. Sucede, además, cuando el flujo de migrantes irregulares baja: un 40% menos de llegadas en los primeros 11 meses de 2024.

Todavía no se ha podido desplegar gran parte del Pacto de Migración y Asilo, aprobado tras cinco años de negociación con importantes concesiones al discurso restrictivo de la migración. Las normas que se acordaron a finales de 2023 y se presentaron como un argumento para “la Europa de las soluciones”. Sin cumplirse siquiera el plazo marcado para todo su despliegue, 2026, ya surgieron voces que pedían restringir más la política migratoria de la UE y estudiar esta idea. Ha ayudado a instigar el debate que la presidencia de turno estos seis meses haya correspondido a Hungría, gobernada por el xenófobo líder ultraconservador Viktor Orbán.

La conservadora alemana ha introducido en su carta el argumento de que Bruselas estudiará el impacto monetario de una iniciativa tan polémica, lo que deja abierta una salida para frenar con el argumento economicista un empeño que parece inmune a las dudas jurídicas y concita críticas durísimas desde las organizaciones humanitarias. Resulta evidente que los ataques híbridos lanzados por Rusia, facilitando la llegada de migrantes a las puertas de la UE, para desestabilizar a los Estados miembros instrumentalizando un asunto tan sensible, merece una respuesta contundente y unitaria, pero esta no puede pasar por medidas que se alejan de los valores de la UE y ponen en cuestión el derecho internacional cuya defensa es uno de sus pilares.