Muface, la urgencia y el debate

El Gobierno ha decidido poner toda la carne en el asador para renovar el concierto que Muface mantiene con las tres aseguradoras privadas que facilitan asistencia sanitaria a 1,5 millones de funcionarios públicos, fundamentalmente enseñantes y trabajadores de la Administración central. El Consejo de Ministros aprobó este martes una autorización presupuestaria para incrementar la cuantía del actual convenio en un 33,5%, porcentaje muy superior al 17% que ofreció inicialmente y que motivó que el concurso quedara desierto por desistimiento de las tres aseguradoras que vienen prestando el servicio: Adeslas, Asisa y DKV. Las empresas alegaron que en los dos últimos años habían perdido 600 millones de euros y consideraban que el importe por asegurado que ofrecía el Ministerio de Función Pública, del que depende Muface, era insuficiente para cubrir los costes. La pelota está ahora en el tejado de las aseguradoras, pero todo parece indicar que el nuevo convenio puede salir adelante. Como contrapartida, el Ejecutivo quiere que su vigencia sea de tres años en lugar de dos como hasta ahora, con una dotación total de 4.478 millones de euros.

Si se rubrica, el pacto supondrá un alivio para todas las partes. Para los funcionarios, porque de no renovarse, se verían privados de su relación con los centros sanitarios en los que reciben atención. Para el Gobierno, porque sofoca un conflicto potencialmente desestabilizador: afecta a un colectivo muy numeroso y atañe a un asunto delicado como es la salud. Y para las propias aseguradoras, que de no alcanzar un acuerdo verían mermado su negocio: ellas en tanto que intermediarias, pero también los profesionales que prestan la asistencia. Igualmente, sería un alivio para el Sistema Nacional de Salud, que ya trabaja en un estado de saturación y hubiera tenido dificultades para asimilar la llegada repentina de 1,5 millones de nuevos usuarios.

Aunque el Ministerio de Sanidad ha dicho que la red pública estaba en condiciones de incorporar a los beneficiarios de Muface si no se llegaba a un entendimiento, el traspaso no hubiera sido fácil. Es cierto que este sistema de aseguramiento privado con fondos públicos supone un privilegio en la medida que permite a este colectivo sortear las listas de espera de la sanidad pública, aunque cada vez lo es menos porque también la privada se está masificando y sufre la presión que supone el envejecimiento de la población.

En todo caso, es un privilegio que viene de muy lejos. Muface fue creada en 1975 para agrupar el mutualismo administrativo creado por el franquismo cuando la Seguridad Social no era universal ni tenía una cobertura tan completa como ahora. Quedaron al margen los funcionarios de Defensa y de Justicia, que tienen sus propias mutualidades en régimen muy parecido. El sistema Muface permite que cada año los beneficiarios puedan elegir entre continuar en la mutualidad o pasar al Sistema Público de Salud. El 76% elige la primera opción.

Hay fuerzas políticas partidarias de revisar este sistema, puesto que supone una anomalía heredada que plantea problemas de equidad. Se trata de un debate imprescindible. El día que se abra, eso sí, deberá tener en cuenta que la posible integración en la sanidad pública debería hacerse de forma planificada, con el correspondiente incremento de recursos para asegurar que el traspaso no implique un empeoramiento de la calidad asistencial, y de forma paulatina para evitar interrupciones en la continuidad de procesos en curso. La interrupción brusca del convenio nunca sería la mejor manera de hacerlo.