Es el Estado, amigo

Hace unos días, Felipe González y Alfonso Guerra se sentaron en el plató de Espejo Público para hablar con Susanna Griso. En un momento de la conversación, la periodista les preguntó por los audios de Bárbara Rey y el emérito y la Operación Persa, en la que tanto su partido como ellos mismos estarían implicados. Guerra la interrumpió enseguida y la acusó de estar siendo amarillista. Griso, con la santa paciencia que la caracteriza, puso cara de circunstancias mientras González continuaba diciendo que, con la que estaba cayendo en el mundo, no era momento de hablar de “chismografía”.

Según dijo el señor González, deberíamos preocuparnos más por las elecciones venezolanas que porque nuestras instituciones hayan invertido dinero público durante décadas en pagar el silencio de una querida del Rey. Para eludir su responsabilidad, buena parte del poder político y mediático quiere hacernos creer que esto se reduce a los líos de faldas del Rey, ese pobre varón indomable que no sabe tener quieta la pistola.

Pero la Operación Persa va mucho más allá del papel cuché. Para los despistados, resulta que el Emérito era un donjuán, un burlador, un casanova. Durante algún tiempo, mantuvo relaciones íntimas con Bárbara Rey, que en un momento dado —y, según ella, para protegerse—, procedió a grabar algunos de sus encuentros en audio y vídeo, así como a hacerse fotos junto a él. Pues bien, el Estado le habría pagado ni más ni menos que 600 millones de pesetas, más de tres millones y medio de euros, por mantener esos materiales sin publicar. Tres millones y medio de euros que provenían, claro, del bolsillo de los españoles. Hasta el año 2000, los billetes salían de los fondos reservados de Defensa o del CNI. Luego, se recolectaron entre empresas, la mayoría públicas, aunque el servicio de inteligencia se siguió encargando de entregar ese dinero. Los Gobiernos tanto de González como de Aznar eran conocedores y cómplices de este chantaje al Estado, y habría sido Zapatero quien habría terminado con estos pagos, entendiendo que no es de ley emplear dinero público para ocultar escándalos personales.

En uno de los audios, el Rey habla con su amante sobre Sabino Fernández Campo y Alfonso Armada. Del primero, para criticarlo. Del golpista, para alabar su silencio: “se ha ido a su pazo de Galicia y no ha dicho nada”, comenta el Emérito. Pero, ¿por qué era ese silencio de Armada digno de alabanza real? Algunos dicen que a Bárbara Rey se le pagó esa millonada para no desestabilizar la política. Que sí, que nos robaron las perras, pero que fue por nuestro bien. Pero, ¿por el bien de quién no se desclasifican los documentos relativos al 23-F?

En otra de las conversaciones publicadas, oímos al Rey hablar de que la única vía para el PP y el PSOE de salir ilesos de los casos de corrupción de ambos era firmar un pacto de silencio, una omertá. Eso es lo que parece que se ha dado, durante décadas, en nuestra élite mediática y política con este asunto. El Rey iba desnudo pero, a diferencia del cuento, nadie tuvo narices a decirlo. A día de hoy, la única que ha dado explicaciones ha sido Bárbara Rey, que ni es ni ha sido nunca la representante de ningún ciudadano. Felipe González no sabe “de qué coño le hablan” cuando le preguntan los reporteros, Aznar tampoco ha abierto la boca. Y ni el PP ni el PSOE, ni la Casa Real ni el CNI han emitido comunicado alguno. Perro no come perro. Es el Estado, amigo.