Giro radical en la política migratoria de la UE

Los ciudadanos de la Unión Europea deben preguntarse qué ha pasado en este año para que el discurso comunitario sobre la tragedia de la inmigración irregular se haya endurecido de forma tan drástica. En solo 10 meses se ha pasado de la firma del ya restrictivo Pacto Migratorio —histórico, en palabras de las autoridades europeas— a una propuesta de la Comisión para crear centros de deportación fuera de las fronteras de la Unión. Los Veintisiete parecen deslizarse a toda velocidad hacia un modelo que ignora los derechos humanos y que hace apenas unos años era considerado ilegal por las mismas instituciones que ahora lo impulsan.

La carta que ha enviado Ursula von der Leyen a los líderes europeos entierra de facto el Pacto de Migraciones y Asilo que el Consejo Europeo y la Eurocámara alcanzaron en diciembre de 2023. El acuerdo ni siquiera había sido desarrollado en su totalidad, por ejemplo, en el polémico punto que contemplaba el pago de 20.000 euros por persona a cambio de rechazar su acogida. Aquel acuerdo ya suponía un triste endurecimiento de las condiciones de acogida, vendido como un mal menor a cambio del consenso en una materia tan sensible. Pero la escena política ha sufrido importantes cambios desde entonces.

En este tiempo se han celebrado un número considerable de elecciones en territorio europeo en las que la extrema derecha y los populistas de todo signo han ganado peso y cuyo discurso de mano dura con la migración parece asumirse con normalidad. Un gran grupo de socios, liderados por el Gobierno socialdemócrata danés, ha reclamado a Bruselas “soluciones innovadoras” para combatir la inmigración irregular y el modelo adoptado por Bruselas mira a Italia. La ultraderechista Giorgia Meloni inició ayer las deportaciones de migrantes al nuevo centro de internamiento que Italia ha construido en Albania. Un plan de dudosa eficacia, de desenlace incierto y muy costoso para las arcas públicas. Y, pese a todo, el experimento italiano va a ser determinante para el futuro de la política migratoria europea y se mira con interés desde la derecha española.

El Gobierno español ha rechazado el cambio de política migratoria, una posición que apoyan sus socios. El debate en Europa, sin embargo, parece estar gravemente contaminado por un discurso antiinmigrantes tan inhumano como poco práctico. El Gobierno debe buscar aliados en Europa para revertir o matizar en lo posible una deriva que no resuelve problema alguno y solo sirve para criminalizar la inmigración irregular por pura conveniencia política.