Alvise, insumiso fiscal

La justicia investiga si el eurodiputado y agitador ultraderechista Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise Pérez, cometió un delito de financiación ilegal de partidos por aceptar en mano 100.000 euros, de los que no dio cuenta, para su campaña al Parlamento Europeo. Al frente de la agrupación de electores Se Acabó La Fiesta, Alvise obtuvo en las elecciones del 9-J tres escaños, incluido el suyo. El caso nace de la confesión que el empresario de criptomonedas Álvaro Romillo remitió a mediados de septiembre a la Fiscalía General del Estado, junto a abundante documentación, en la que reconoce que entregó dicha cantidad al entonces candidato apenas tres días después de que comenzase la campaña de las elecciones europeas.

Romillo es el fundador de Madeira Invest Club (MIC), una plataforma de inversión cerrada hace unos días y considerada ya en mayo de 2023 por la Comisión Nacional del Mercado de Valores como un chiringuito financiero. Un juez de la Audiencia Nacional ordenó este viernes la apertura de una investigación sobre la supuesta estafa cometida por esa firma, cuya cifra de afectados, según el magistrado, podría llegar a las 27.000 personas, y el perjuicio ocasionado superar los 300 millones de euros. A la espera de que la investigación avance en estas pesquisas, independientes de las del Supremo, el juez no se pronuncia sobre la hipotética participación del político extremista en esos hechos.

En su condición de eurodiputado, Alvise está aforado ante el Tribunal Supremo, un blindaje legal que él mismo, envuelto en varias causas ante los tribunales y ya condenado en una por el Supremo, ha reconocido que buscaba al presentarse el 9-J.

Serán las indagaciones judiciales en ambos casos las que establecerán lo sucedido y fijarán las posibles responsabilidades penales. Pero las declaraciones del propio Alvise tras conocerse la denuncia de Romillo —y sus palabras y polémica trayectoria anterior— permiten algunas reflexiones sobre la actuación de quien ocupa un cargo de elección popular gracias al voto de más de 800.000 ciudadanos. Al día siguiente de que la Fiscalía General remitiese a la del Supremo la denuncia autoinculpatoria de Romillo, el activista ultra difundió un vídeo en el que, envuelto en su habitual discurso demagógico, reconoce que recibió el dinero, pero intenta rebajar los hechos a un fraude fiscal —cobrar como autónomo sin factura por unos inconcretos servicios al empresario—, que se solucionaría con una declaración complementaria a Hacienda. La grabación termina haciendo un llamamiento a eludir el pago de impuestos: “Todo impuesto que podáis evitar pagar, no lo paguéis”.

Quien ha construido su carrera política, además de sobre la difamación y los bulos, sobre la populista denuncia de una presunta corrupción del sistema y todas sus instituciones debería ser consciente de que pocas corrupciones hay en democracia equiparables a no pagar impuestos mientras se usan los servicios públicos. Entre las múltiples aclaraciones que el agitador tiene pendientes por estos hechos no es la menor si está instando a sus votantes y a sus miles de seguidores en las redes —1,1 millones solo en Instagram, más que cualquier otro partido español— a no pagar impuestos. Y si va a llevar esos principios al Parlamento de Estrasburgo, donde por ahora no le ha querido acoger ningún grupo. Lo contrario demuestra que su único propósito es dinamitar con demagogia la misma democracia cuyas leyes e instituciones aprovecha para protegerse.