Un concierto económico solidario… o no

A la inmensa mayoría de los que nos dedicamos al estudio de la financiación autonómica desde hace décadas, el pacto entre ERC y el PSC nos ha descolocado. Hasta el 30 de julio, nuestro quehacer se centraba en pensar en la reforma del modelo actual, en revisar piezas para resolver problemas y en seguir avanzando en la construcción de una arquitectura financiera de tipo federal, como se ha venido haciendo desde los años ochenta. Este enfoque gradualista era el del Libro Blanco para la reforma de la financiación autonómica de 2017 y ha sido el de la mayoría de las discusiones técnicas desde entonces. Nuestras fuentes de inspiración eran la literatura académica sobre el federalismo fiscal y la práctica de países como Canadá, Suiza, Alemania, Estados Unidos o Australia. El acuerdo nos sitúa en otra dimensión, nos traslada a un mundo exótico como es el sistema foral, extraño para quienes nos observan desde fuera.

Aunque me hallo entre los que alaban la Transición y la habilidad y enorme capacidad de los redactores de la Constitución, la inclusión del régimen foral fue un error. Un error comprensible, por el contexto de violencia en el País Vasco y porque muy pocos eran capaces de proyectar la enorme importancia que tendrían las comunidades autónomas en el futuro y la transformación que experimentaría nuestro sistema tributario y nuestro Estado de bienestar. Pero fue un error, a fin de cuentas. En ningún Estado federal de referencia el Gobierno central renuncia a ejercer su poder tributario en una parte del territorio a cambio de un pago anual. Eso era algo característico de reinos y señoríos de otras épocas históricas.

La foralidad nos ha generado problemas de todo tipo: sentimientos de agravio comparativo por la escasa contribución de vascos y navarros a la redistribución interterritorial, situaciones de competencia fiscal en el impuesto sobre sociedades que han acabado en tribunales internacionales, fraude tributario por la fragmentación de la Administración tributaria… Somos muchos los que pensamos que lo más razonable sería que esto no existiese. Pero somos también plenamente conscientes de que cambiarlo pasa por una reforma constitucional extraordinariamente compleja. Por eso, desde el pragmatismo, ponemos el foco en lo que se podría alterar sin modificar la Constitución: en calcular bien el cupo y la aportación navarra, para que ambas comunidades aportasen a la caja común lo que les tocaría dada su elevada capacidad fiscal. La realidad es que, cuando se tiene la llave de la caja, la posición de la negociación se altera radicalmente. Los escaños en el Congreso de los Diputados de los partidos nacionalistas en esos territorios permiten encontrar siempre el momento oportuno para practicar ajustes y renovar acuerdos.

Es difícil de entender que fuerzas no nacionalistas asuman la extensión de la lógica de los sistemas de concierto a otras partes de España. Porque el pacto entre ERC y el PSC no deja de ser esto. Cierto que se contempla que será un proceso que durará años, que existen elementos que faltan por concretar, que se habla de aportación a la solidaridad. Pero estamos hablando de un sistema de concierto. Creo que la definición de ERC es correcta, “concierto económico solidario”, con un matiz probabilístico. Porque si extrapolamos la experiencia vasca es altamente probable que la solidaridad se vaya diluyendo cuando la aritmética en el Congreso de los Diputados haga que los votos nacionalistas catalanes sean llave para una investidura o unos Presupuestos.

Dejémonos de eufemismos y de términos vagos como el de “financiación singular”, que puede valer igual para definir el pacto ERC-PSC como para articular una campaña comercial de automóviles. Cuando hablamos de financiación autonómica y descentralización existen un lenguaje técnico y un marco conceptual suficientemente desarrollado como para hablar con claridad y precisión.

Pongamos sobre la mesa los posibles modelos de país para las próximas décadas. Expliquemos a la gente qué significa que la Administración central no recaude sobre una parte del territorio y que comience a depender del pago de cuotas, que no contemos con una herramienta básica para la redistribución y la equidad como es un IRPF en el conjunto del país, lo que puede ocurrir con el control del fraude si fragmentamos la Agencia Tributaria, las implicaciones para la calidad de los servicios públicos en las distintas partes de España…

Si después de contar todo esto bien, una mayoría de la ciudadanía está decidida a seguir por la vía confederal, que así sea. Si no es así, volvamos a la tradición federalista; a la negociación y pacto multilateral; a lograr la coexistencia de dos niveles de gobierno fuertes y con capacidad tributaria propia y autonomía, en correspondencia a las identidades duales que declara una amplia mayoría de españoles en los estudios demoscópicos disponibles, y a la práctica de los países federales de referencia. En definitiva, volvamos al Libro Blanco y sus propuestas, y sigamos avanzando por la senda que comenzamos hace cuatro décadas.