Sobre la extensión del concierto económico a Cataluña

ERC y el PSC acaban de acordar la salida de Cataluña del sistema ordinario de financiación autonómica (SFA) a cambio del apoyo a la investidura del candidato socialista a la presidencia de la Generalitat. La comunidad pasaría a tener un sistema singular de financiación, muy similar al foral, en el que la Generalitat regularía, recaudaría e ingresaría todos los impuestos de titularidad estatal, lo que con datos de 2022 supondría un incremento de sus ingresos tributarios de en torno a 30.000 millones de euros en detrimento del Estado, así como la pérdida de una aportación neta al SFA de unos 2.000 millones. A cambio, la comunidad aportaría una especie de cupo para financiar los servicios que el Estado siga prestando a (o en) Cataluña (no queda muy claro, y no es lo mismo) y una cuota de solidaridad en beneficio de las comunidades autónomas de menor renta. Para poner en marcha el nuevo sistema, el acuerdo prevé la reforma de la normativa relevante (en la que, sorprendentemente, no se incluye la Constitución) así como la cesión gradual de los medios y competencias de la Agencia Tributaria Estatal (AEAT) a su homóloga local, de forma que esta última gestione ya el IRPF a partir de 2026 y vaya incorporando después el resto de los grandes tributos.

El texto es muy parco en detalles. No se indica, por ejemplo, cómo se calcularía el cupo o la cuota de solidaridad, o cómo funcionaría el sistema durante el período transitorio. Es imposible, por tanto, hacer proyecciones cuantitativas sobre lo que la reforma podría suponer para las finanzas del Estado o de otras comunidades. Las implicaciones cualitativas del cambio, sin embargo, están clarísimas. Resulta evidente, en primer lugar, que el objetivo último del nuevo sistema es recortar sustancialmente la aportación catalana a la caja común del Estado bajo la excusa de reducir un desproporcionado déficit fiscal del que no existe rastro en los estudios comparados. Inevitablemente, por tanto, los recursos disponibles para la solidaridad interterritorial y las políticas sociales de ámbito nacional se reducirán. Esto podría producirse de una forma gradual, pero llegará sin duda. En cuanto el Gobierno regional tenga realmente la llave de la caja en sus manos, la aportación a la solidaridad se irá reduciendo y podría tender a cero. Otro problema no menor es que el troceamiento de la AEAT en una serie de entidades de menor escala aumentará sin duda los costes de la gestión tributaria y reducirá su eficacia.

Estos problemas se agravarán considerablemente si la nueva singularidad se extiende a otras regiones de renta alta, que tendrán todos los incentivos para pedirla, sin que el Gobierno que se la ha concedido ya a otro territorio tenga argumentos convincentes para negársela. El acuerdo con ERC, por tanto, podría suponer el inicio de una mutación confederal de la estructura del Estado, que nos dejaría con un Gobierno central muy debilitado, sin los recursos necesarios para ejercer con efectividad sus funciones esenciales, incluyendo la de garantizar la cohesión social y territorial, pero también muchas otras.

Concluyo con una reflexión y una pregunta. Un pacto para la formación de un gobierno autonómico no es el sitio más indicado para hablar de financiación regional o del modelo de Estado. Si lo que se pretende es convertir a España en un país confederal y poco redistributivo excepto dentro de la tribu, el Gobierno debería enviar un proyecto de ley de reforma constitucional a las Cortes y abrir un amplio debate social para que todos sepamos de qué estamos hablando. La pregunta va dirigida al PSOE y al PSC, dos partidos en principio constitucionalistas y firmes partidarios de la redistribución cuyo papel en esta historia es difícil de entender. Señores, ¿merece la pena tanta historia para gobernar cuando el precio de hacerlo es aplicar el programa del adversario, que incluye el desmantelamiento gradual del Estado y de sus mecanismos de solidaridad?

Ángel de la Fuente es director ejecutivo de Fedea.

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