ERC dice que el pacto de investidura de Salvador Illa fija “un concierto económico” y que recaudará el 100% de los impuestos
El texto del acuerdo, que aún no es público, se someterá el viernes a la consulta vinculante de la militancia
La Ejecutiva de Esquerra Republicana ha dado luz verde este lunes al preacuerdo de investidura de Salvador Illa negociado con los socialistas y que tendrá que ser validado el viernes en una consulta vinculante con la militancia. El texto no es público y se prevé que las bases puedan consultarlo desde mañana martes, pero según la portavoz Raquel Sans incluye un “concierto económico”, la salida del régimen común de financiación y que una fortalecida Agencia Tributaria de Cataluña recaude en un futuro todos los impuestos de orden estatal, comenzando en 2026 con el IRPF. Todos los miembros de la cúpula han acompañado a Sans para mostrar una unidad granítica ante un acuerdo que, si recibe el aval de las bases, tendrá aún que buscar unos inciertos apoyos legislativos para poder salir adelante.
“La Generalitat tendrá la llave de la caja. Gestionará, recaudará, liquidará e inspeccionará todos los impuestos”, ha asegurado Sans en una rueda de prensa que ha coronado una maratoniana jornada de más de 12 horas de debate. La portavoz de los republicanos ha explicado que será “progresivo” el despliegue de la asunción del control de todos los impuestos, una medida que ha calificado de “avance en la soberanía fiscal”, aunque ha evitado poner una fecha a cuándo se lograría completar ese proceso. La portavoz ha puntualizado que este pacto les prepara mejor para el día que logren la independencia de Cataluña.
Fuentes de los socialistas han confirmado que, efectivamente, el texto enviado a los republicanos incluye la salida del régimen común, pero insisten en que será una operación a largo plazo. Sans ha dado a entender que después del IRPF se irán incluyendo de manera progresiva otros tributos, como el de Sociedades, IVA y los impuestos especiales. La Agencia Tributaria de Cataluña deberá reforzar su plantilla para poder hacer frente a sus nuevas obligaciones y habrá más medios “materiales” para ello, ha indicado. La declaración de la renta del año fiscal de 2025 ya se haría en la agencia catalana y no en la estatal.
El partido quiere que los militantes tengan primero el texto del preacuerdo antes de que llegue a las manos del resto de ciudadanos. El compromiso es hacerlo público este martes y, por tanto, aún no es posible certificar si, como defiende Sans, implica que “Cataluña sale del régimen común, pagará al Estado por los servicios que recibe y habrá una cuota de solidaridad [interterritorial]”. Se trata de la propuesta de financiación singular que el Gobierno de Pere Aragonès presentó antes de las pasadas elecciones catalanas del 12 de mayo y que hasta ahora el Gobierno había negado de manera tajante.
“Esto es una reivindicación histórica y nadie entendería que Junts no diera ese apoyo a la soberanía fiscal”, ha respondido Sans cuando se le ha preguntado por la mayoría política con la que ERC y el PSOE esperan sacar adelante los cambios normativos necesarios. Junts ha convocado este martes a su ejecutiva para valorar un acuerdo que, en materia de financiación, es muy similar al que Convergència planteó en 2012. Como mínimo, eso incluye una modificación de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). La portavoz no ha querido confirmar si específicamente esta vía cuenta con la bendición del Ministerio de Hacienda. “Tiene todo una validación del PSOE, entre los ministerios se hablarán”, ha sentenciado.
ERC había dividido la negociación con los socialistas en cuatro carpetas, aunque poniendo claramente la de la financiación como la principal. Entre las contrapartidas en esos otros campos está que se cree un consorcio integrado por el Gobierno y la Generalitat para ejecutar las inversiones en Cataluña y así intentar evitar que avancen más rápidamente; los socialistas se comprometen a crear un Departamento de Política Lingüística en su Ejecutivo y se creará también un foro de partidos, la Convención Nacional para la Resolución del Conflicto Político, donde según Sans, se espera que el PSC finalmente presente sus “propuestas” para un mejor encaje entre Cataluña y España.
La dirección de los republicanos no ha ocultado su apuesta porque la militancia se sienta protagonista en este proceso, pues son los 8.700 afiliados los que, el próximo viernes, tendrán que votar si avalan el contenido. El resultado se sabrá sobre las ocho de la noche. Si llega esa segunda luz verde, el debate de investidura de Salvador Illa se podrá realizar la próxima semana. La propia secretaria general, Marta Rovira, se ha puesto al frente de una gran campaña de pedagogía en el territorio para intentar convencer unas bases muy escépticas siempre en lo que se refiere a aproximarse a los socialistas y quemadas por la pugna interna por el liderazgo.
Solo hasta poco antes de la reunión de la Ejecutiva, que ha comenzado a las 9:30 de la mañana, llegó el documento con la última propuesta de los socialistas. El escollo seguía siendo el mismo que frenó todo a finales de la semana pasada: la falta de garantías de que el nuevo sistema de financiación no sería cambiada cuando llegue un Gobierno central de distinto signo político. En el debate, explican algunos presentes, se había llegado a proponer que se devolviera el documento a los socialistas para que se puliera aún más ese blindaje. Esa fórmula se descartó al entender que erosionaría una negociación ya muy al límite y se ha solventado con una apuesta por hacer aún más pedagogía con las bases. Tanto así que, del plan inicial de hacer la consulta el jueves, finalmente se fijó para el viernes.
Que el trabajo para convencer a los afiliados será una empresa complicada quedó certificado este lunes por la manera como cargos públicos conocidos del partido se posicionan públicamente sobre el pacto. La diputada en el Congreso Pilar Vallugera, publicó en su cuenta de X un simple “no”, manifestado el rechazo. “Efectivamente no”, reafirmó después cuando otros usuarios le han insistido sobre si se refería a la investidura. El exdiputado del Parlament Carles Castillo, que en las elecciones de 2019 se presentó por ERC tras dejar al PSC, también cargó contra la posibilidad de investir a Illa. “Conozco personalmente a Illa, sé como es de inseguro, ultracatólico, conservador y falso. Ninguno me convencerá de que se ha vuelto progresista”, escribió en X.
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