Negociación contra reloj entre el PSC y ERC para resolver la investidura en Cataluña

Cataluña abre este lunes una semana de altísimo voltaje político en la que se decidirá si se deshace o no el nudo gordiano de la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat. La dirección de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) fijó el 31 de julio como límite para cerrar un preacuerdo con los socialistas, y exige como requisito indispensable el compromiso de que habrá un robusto avance en la “soberanía fiscal”, lo que se traduciría en que la Generalitat pase a recaudar impuestos estatales. En principio, sobre la mesa estaría el principal: el IRPF. El pacto —o el desacuerdo— será evaluado por la dirección de ERC y a continuación sometido a la aprobación de las bases, cuya decisión, vinculante, es una incógnita. Pero antes de eso debe llegar aún el visto bueno del Ministerio de Hacienda, que analiza la letra pequeña.

El escenario ideal de los republicanos pasaba por que este lunes hubiera ya un texto que elevar a la Ejecutiva y que esta convocara la consulta a la militancia, pero fuentes del partido apuntaban a última hora del domingo que tal vez haya que alargar la negociación unos días.

Con un partido quebrado y sumido en una lucha cainita, los 8.700 afiliados de ERC tomarán esa decisión mientras se activa la cuenta atrás para el regreso a Cataluña de Carles Puigdemont y su probable ingreso en prisión, que podría coincidir con el debate de investidura. El desenlace tendrá unas consecuencias imprevisibles para el Gobierno de Pedro Sánchez. El PSOE también ha de tranquilizar a sus barones territoriales, recelosos de cualquier acuerdo que suponga un privilegio para Cataluña respecto al resto de comunidades, y capear, al mismo tiempo, los ataques del PP.

Socialistas y republicanos han intensificado en las últimas horas la negociación para intentar cerrar la letra pequeña y finiquitar un pacto que, en su vertiente más política, lleva ya días cerrado. La formación independentista no para de insistir, desde finales de la semana pasada, en que en ese detalle aún pendiente se ha de incluir cómo se blindarán las reformas en la gestión tributaria para que sean sostenibles en el tiempo y no dependan del vaivén partidista. Voces conocedoras de las conversaciones señalan que el Ministerio de Hacienda, liderado por la vicepresidenta María Jesús Montero, ha de pronunciarse aún sobre gran parte del último gran fleco, pues el entramado legal que permitiría la cesión de tributos y otras reformas indispensables necesita su beneplácito.

En un clima de gran hermetismo y en una negociación que ha pasado por altibajos, lo único que parece claro es que las dos partes sí han logrado dar con una fórmula intermedia entre el maximalismo del concierto económico a la vasca que defiende ERC y la vía puramente estatutaria del Consorcio Tributario propuesta por el PSC. La idea general, a falta de su concreción y detalle técnico-jurídico, implicaría que la Generalitat pueda encargarse de la recaudación, liquidación e inspección del IRPF o de otros impuestos estatales, con una Agencia Tributaria de Cataluña que sumaría ese tributo a la recaudación de otros tributos cedidos (como patrimonio) y propios, y que necesitaría por tanto algún tipo de refuerzo material. La recaudación total de ese impuesto supondría para las arcas de la Generalitat unos 13.000 millones de euros, según estas fuentes.

El plan es tremendamente complejo y lleno de aristas. Los republicanos rechazan el Consorcio y, aunque la figura que se está terminando de perfilar no les dará “la llave de la caja” como exigían, sí puede ser considerada como un gran avance en la autonomía fiscal de Cataluña. En ERC prefieren usar el concepto “soberanía fiscal” y voces de la dirección reconocen que lo contenido en el acuerdo —si llegan finalmente las garantías para que no pueda cambiarlo más adelante un Gobierno central de otro signo— permitiría sostener ante las bases que se avanza en esa dirección.

Ese relato no choca con el del Gobierno central. En el pasado se han cedido, bien sea en virtud de los Estatutos de Autonomía o por leyes orgánicas, impuestos a diferentes comunidades autónomas. El calado de que sea el IRPF el impuesto en liza es considerable, pero la idea es actuar bajo la seguridad jurídica. Los presidentes de las comunidades del PP ya han puesto el grito en el cielo y ayer la vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez, calificó ese posible pacto de “independencia fiscal”. En todo caso, el Gobierno ha dicho, por boca de su vicepresidenta, María Jesús Montero, que bajo ningún concepto concederá a Cataluña un concierto económico como el del País Vasco.

ERC sabe que partía de máximos y que no podía alcanzar a las primeras de cambio ese techo y tampoco asumir el “suelo” del que partía el PSC con una propuesta estatutaria. Quedaba margen en esa autopista y Rovira está dispuesta a defenderlo siempre que haya agua en la piscina.

La negociación ha sido como una larga carrera de obstáculos. Con una militancia de ERC dolorida con la dirección por el escándalo de la difusión de los carteles que asociaban con el alzheimer a los Maragall, la ejecutiva confía en que las bases hagan no obstante un ejercicio de madurez y no usen la consulta para emitir un voto de castigo, sino que piensen realmente si el independentismo podría mejorar sus resultados si, al frustrarse la investidura de Illa, se repiten elecciones. Con todo, ERC desliza que el mundo no se acaba si no hay pacto, y que el PSC podría tejer otras alianzas tanto con Junts como con la derecha. Illa lo niega.

El rompecabezas ya era complicado cuando la portavoz de ERC, Raquel Sans, reveló el viernes sus dudas sobre cuál será finalmente la posición de la militancia, por la desconfianza que percibe hacia los socialistas, en dos vertientes. Por un lado, los republicanos consideran que pueden firmar acuerdos con el PSOE pero que luego cuesta un mundo que se cumplan. El PSOE y el Gobierno han activado ahora, por ejemplo, todos los acuerdos firmados en noviembre con ERC para la investidura de Pedro Sánchez que seguían en el aire. En ese contexto se sitúan la visita al Palau del presidente y los pactos de esta última semana entre los dos gobiernos, empezando por la condonación de los 15.000 millones de euros del FLA, el traspaso del Ingreso Mínimo Vital o el anuncio de que el traspaso del servicio ferroviario de Rodalies empezará en enero. Y el segundo motivo de desconfianza es “el papel”, dice ERC, que jugó Illa durante la aplicación del artículo 155 de la Constitución que intervino la autonomía catalana tras la declaración de independencia de 2017. Son recurrentes las acusaciones por su participación en la segunda gran manifestación contra la independencia, donde también estuvo Vox. El PSC se defiende alegando que sus 20 diputados votaron a favor de la ley de amnistía.

El escenario es muy enrevesado, pero puede complicarse infinitamente más si Puigdemont regresa a Cataluña y el juez ordena su ingreso en prisión. El expresident reiteró este sábado en un mitin en Amélie Les Bains (Francia) que volverá para acudir a la sesión de investidura. La duda es si podrá llegar al Parlament. La situación es como una partida de ajedrez y las fechas cuentan: si hay acuerdo, en principio la investidura se celebraría la semana del 5 al 9 de agosto y su partido (Junts) y el soberanismo se está organizando para la movilización. Josep Rull, presidente del Parlament, pidió al secretario general de la Cámara revisar el protocolo de seguridad para evitar la detención del expresident.

El gran interrogante es cuál sería el impacto de ese eventual encarcelamiento de Puigdemont y si los diputados de ERC votarían en esa tesitura una investidura de Illa. Y la segunda gran duda, si Illa es president, es hasta qué punto Junts contribuirá a desestabilizar al Gobierno.

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