La jungla digital de Telegram, ante la ley
El pulso judicial de Francia a la plataforma ataca el descontrol en la moderación de contenido delictivo
La actuación de la justicia francesa contra el fundador de la aplicación de mensajería digital Telegram, Pável Dúrov, puede marcar el inicio de una nueva era en la lucha de las autoridades europeas contra la desinformación y el discurso del odio, un debate fundamental en el nuevo orden democrático que va dibujando la sociedad digital.
Dúrov fue detenido el pasado sábado al bajar de su avión privado en un aeropuerto de París. El juez lo puso el miércoles en libertad bajo fianza de cinco millones de euros y sin posibilidad de abandonar Francia, al considerar que la aplicación de mensajería, que funciona a la vez como una red social, es cómplice en la comisión de delitos como la distribución de pornografía infantil o el tráfico de drogas. Lo acusa de negarse a colaborar con la justicia cuando se lo han requerido. En paralelo, Bruselas investiga si Telegram ha falseado el número de usuarios de su aplicación en Europa (41 millones, según la compañía) para evitar una regulación más estricta sobre moderación de contenidos y la obligación de compartir datos con la Comisión Europea, como ya hacen Instagram, Google o TikTok.
La laxitud con la moderación de contenidos, bajo el presunto paraguas de la libertad de expresión, es precisamente una de las claves del éxito de Telegram. Desde su fundación en 2013, la aplicación ha presumido de ser un espacio de comunicaciones encriptadas, políticamente neutral y al margen de interferencias de ningún Gobierno. Pero lo cierto es que nadie sabe muy bien cómo funciona. Por ejemplo, nadie sabe si sus responsables pueden acceder a los servidores de sus centros de datos, que aseguran guardar durante mucho tiempo y están distribuidos por todo el mundo, y descargar archivos almacenados.
No es habitual que un multimillonario con tres pasaportes (francés, ruso y emiratí) sea detenido al bajar de su avión privado. Tampoco responsabilizar al presidente ejecutivo de una compañía de lo que los usuarios hacen en su aplicación. La reciente Ley de Servicios Digitales europea obliga a las plataformas a detallar las medidas que adoptan contra la desinformación o la propaganda y establece nuevas protecciones para los menores, pero no cabe duda de que la iniciativa francesa supone una jugada arriesgada, precisamente por la popularidad de la aplicación. El arresto de Dúrov sirve, como mínimo, para hacer un test de fuerza de las leyes en la jungla digital.
La ofensiva tiene además un componente geopolítico que no se puede ignorar. El arresto de Dúrov, ruso de nacimiento, ha hecho saltar las alarmas en el Kremlin. El multimillonario abandonó el país en 2014, tras negarse a colaborar con las autoridades para identificar a los opositores de las protestas del Euromaidán ucranio, y Telegram fue vetada por las autoridades rusas. Hasta que ese veto se levantó de pronto en 2020 y el Kremlin sustituyó otras aplicaciones occidentales de mensajería, como WhatsApp o Skype, por la red creada por Dúrov. De hecho, hasta el sábado Telegram era la principal red de comunicación para el control de las tropas en el frente ucranio y en todos los niveles de la Administración rusa. El pulso de Francia a Telegram es la primera salva de una batalla con repercusiones aún desconocidas que no ha hecho más que empezar.
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