Mantener el veto a la caza del lobo

Los magistrados del Tribunal de Justicia de la UE han vuelto a situarse con dos decisiones que anunciaron el pasado julio en la horquilla más proteccionista al interpretar las directivas comunitarias que preservan la biodiversidad. Y lo han hecho para defender a una de las especies más castigadas por el hombre y que ya ha sido borrada de muchas partes de Europa: el lobo. El tribunal ha fallado en contra de una norma de Castilla y León de 2021 que permitía cazar ejemplares al norte del río Duero, donde su situación es mejor que en otros puntos de España. Los jueces sostienen que, aunque en un lugar concreto una especie protegida pueda encontrarse en buenas condiciones, no puede declararse cazable mientras su estado de conservación en el conjunto del país resulte desfavorable. Algo muy parecido había sentenciado el mismo tribunal unos días antes en otro caso que afectaba al Gobierno regional del Tirol, en Austria.

Ambos fallos respondían a recursos de grupos ecologistas contra decisiones administrativas que levantaban en casos puntuales la prohibición europea de cazar al carnívoro al estar protegido. El Tribunal Constitucional ya anuló hace ahora dos años parte de la ley de Castilla y León que consideraba al carnívoro como especie cinegética de caza mayor, y que fue recurrida por el Gobierno.

En sus sentencias, los jueces europeos, que ya censuraron en 2019 la autorización de la caza de varios ejemplares en Finlandia, están añadiendo más premisas sobre la gestión del lobo: matar un ejemplar debe ser el último recurso excepcional que se utilice para el control de las poblaciones o para evitar daños graves, por ejemplo a la ganadería.

La justicia europea reafirma así la necesidad de mantener la protección al lobo, que distintas administraciones tratan de rebajar bajo la premisa de primar supuestamente los intereses de los ganaderos. Pero ya existen medios para defenderlos. La última Conferencia Sectorial de Medio Ambiente acordó a finales de julio repartir 20 millones a las comunidades autónomas para acciones preventivas e indemnizaciones por daños ligados al lobo ibérico. Los ecologistas ya han advertido de que las comunidades autónomas no gastan adecuadamente estos fondos.