El enemigo interior, la inseguridad y la agenda ultra

Más allá de las maniobras jurídicas de dilación, la ley de amnistía empieza a dar sus primeros frutos: los guiños, cada vez más obvios, del Partido Popular a Junts. Alberto Núñez Feijóo, en la última semana de campaña de las elecciones europeas, planteó la posibilidad de una moción de censura que contara con los votos de los independentistas. Los contactos, como desveló el propio líder popular en una comida con periodistas en febrero, se empezaron a dar desde su investidura fallida en verano de 2023.

Este pasado abril ha sucedido otro episodio donde ambos partidos han demostrado su sintonía, uno que pasó prácticamente desapercibido. Junts presentó el 12 de abril una proposición de ley en materia de multirreincidencia sobre hurto y estafa que fue rechazada por el Congreso. El Partido Popular hizo un “copia y pega” de esta iniciativa y la volvió a presentar el 26 del mismo mes, logrando, esta vez, que la Cámara la tomara en consideración el 18 de junio. El tema sobre el que trata no es casual.

El movimiento del PP pretendía que se diera una votación que rompiera la mayoría de investidura y nada mejor que explorar la senda penalista para lograrlo. Junts ya tiene un competidor de extrema derecha en el eje nacional, Aliança Catalana, que ha despuntado mezclando islamofobia y criminalidad, al PP le sucede algo parecido con Vox. Feijóo cruzó una de esas líneas de las que no hay un retorno sencillo al pedir el voto “contra la inmigración ilegal que ocupa nuestros domicilios”. Junts, de una manera menos explícita, también ha endurecido su postura en este ámbito.

Existe una carrera electoral con los ultras, pero también un cambio de escenario: en la medida en que ambas derechas se necesiten y no puedan utilizar con tanta ligereza el conflicto nacional, juego que llevan practicando década y media, van a requerir de otro enemigo interior para reescribir las páginas más nefastas de su libreto. Además, el ajustado resultado de las Europeas, que de momento aleja un fin anticipado de la legislatura, parece haber despertado la necesidad de buscar nuevas vías para hostigar al Gobierno.

La agenda pública está cada vez más privatizada, por lo que los temas que ocupan nuestra actualidad reflejan, más que los retos reales a los que se enfrenta el país, las necesidades y deseos de quien puede marcarla. Así, en las últimas semanas, los contenidos en medios sobre inmigración se han hecho más patentes con la intención, más o menos desacomplejada, de sembrar el miedo en torno a un supuesto recrudecimiento de la delincuencia.

Además de las vías tradicionales para agitar el avispero, los incendiarios del ámbito digital llevan tiempo practicando lo que podríamos denominar como una ceremonia de fascinación por lo sórdido. Todo lo que sucede se graba, por lo que estamos más expuestos emocionalmente a lo inquietante. No hay día en que las principales cuentas de los ultras en redes sociales no suban vídeos de peleas, robos o cualquier situación que se halle entre lo violento y lo chocante. La intención es prefabricar una imagen sobre las calles de nuestro país que no se distancie demasiado del de un infierno cotidiano.

“Tengan cuidado ahí fuera” decía el sargento Esterhaus a sus hombres, en la clásica serie Canción triste de Hill Street. La frase, aunque iba dirigida a los policías que patrullaban cada semana una indeterminada ciudad del norte de los Estados Unidos, golpeaba a los espectadores, que tarde o temprano tenían que apagar el televisor y salir de casa. La inseguridad, a la par que la desigualdad, se disparó bajo el Gobierno de Ronald Reagan. En vez de arreglarlo, su administración empujó a los resortes culturales para transformarlo en un espectáculo. Uno que venía a decir que la responsabilidad última de defenderse recaía en cada ciudadano, tan atemorizado como aislado.

España, por fortuna, dista mucho de parecerse a Norteamérica, tanto a la de los años 80 como a la actual. De hecho, somos una sociedad bastante segura, incluso en comparación con nuestros vecinos europeos. Tampoco estamos sufriendo un incremento neto del crimen respecto a los años anteriores a la pandemia. Podemos cuestionar las cifras, poner en tela de juicio a la policía y pensar que estamos siendo víctimas de un gigantesco complot. O asumir que unas derechas entregadas al rupturismo requieren de un nuevo chivo expiatorio.

Una vez expuesto el indecente interés político, conviene conservar una mirada realista sobre nuestro entorno. España es un país seguro, pero no es igual de seguro en todas partes. No es ninguna novedad que el delito posee determinantes socioeconómicos, que se sitúan por encima del lugar de procedencia o de la mera pulsión individual por quebrantar la ley. El nivel de renta y la educación reducen las posibilidades de cometer un crimen, la desestructuración de las comunidades lo aumenta.

La izquierda trata, correctamente, el fenómeno de la delincuencia desde sus causas, en el medio plazo, asumiendo que el endurecimiento de lo penal, por sí solo, no soluciona el problema. La cuestión es que, a menudo, parece tener miedo de enfrentar sus consecuencias más inmediatas, como si la seguridad pública no fuera un concepto históricamente progresista. Uno que marca que cualquier ciudadano, independientemente de su clase social, del lugar donde viva, tiene derecho a llevar una existencia ordenada y pacífica.