Vergüenza en el Parlamento balear

El Gobierno ratificó ayer su intención de denunciar por un delito de odio al presidente del Parlamento balear, Gabriel Le Senne, de Vox. En el pleno del martes de esta Cámara, Le Senne rompió la hoja con fotos de mujeres fusiladas por falangistas en Mallorca en 1937 que una diputada socialista exhibía en la tapa de su ordenador. Una de ellas era la sindicalista Aurora Picornell, símbolo de la represión franquista en Baleares durante la Guerra Civil. El Parlamento regional debatía —y dio luz verde con los votos del PP y de Vox— a una proposición de ley de la formación ultra para derogar la ley autonómica de memoria democrática, aprobada en 2018 con el apoyo de los populares a gran parte de su articulado.

Le Senne ha pedido disculpas por “haber perdido los estribos”, pero insiste en no dimitir. Sin embargo, la indignidad de su gesto le descalifica para mantener un puesto institucional como el que ocupa, al que llegó porque la popular Marga Prohens necesitaba a Vox para presidir la comunidad. Prohens aseguró ayer que “hay líneas que no se pueden traspasar”. Si de verdad lo cree, en manos de su partido está resolverlo. Con sus votos pueden destituirlo y apoyar que lo releve otro parlamentario de la misma formación.

Con este episodio, Vox supera el nivel de rechazo que ha mostrado siempre hacia las víctimas de una dictadura que nunca ha condenado. Pero el problema político principal es que la extrema derecha ha arrastrado al Partido Popular a bendecir con su aquiescencia su argumentario revisionista, aceptado por los populares por la necesidad de contar con el apoyo de Vox para gobernar varias autonomías. Ese revisionismo tiñe tanto la proposición de ley votada el martes como las llamadas “leyes de concordia” que ambos partidos respaldan en Castilla y León y la Comunidad Valenciana o la derogación en Aragón de la normativa de memoria, paralizada por el Tribunal Constitucional tras el recurso del Gobierno. Casi medio siglo después de la muerte del dictador Francisco Franco, es incomprensible esta actitud de las derechas, que rompen con décadas de consenso historiográfico internacional para negarse a reparar la memoria de las víctimas. La Ley de Memoria Democrática ampara a “todas” las víctimas de la Guerra Civil y a las de la dictadura.

España vive un clima de crispación política creado por la oposición como forma de desgastar al Gobierno. En esa estrategia, que desprestigia a las instituciones, los ultras no respetan ni los hechos contrastados ni la verdad histórica. Por eso es necesario que los miembros del propio Ejecutivo se abstengan de contribuir a tal clima. No es de recibo que un ministro de España, como Óscar Puente, llame en redes sociales “saco de mierda” a un agitador ultra por reprobable que sean sus actuaciones. En democracia fondo y formas deben ir de la mano.