El PP se pliega a las exigencias de Vox para salvar los Presupuestos de Baleares

El PP de Baleares ha claudicado finalmente ante las exigencias de Vox ―que no está en el Gobierno regional, pero lo sostiene desde fuera― y ha aceptado todas sus demandas para poder contar con el voto favorable de los diputados del partido ultra a los presupuestos de la comunidad autónoma para 2024. Así, el Gobierno de Marga Prohens se asegura de que las cuentas salgan adelante en el pleno parlamentario que arranca mañana martes, algo que estaba en riesgo desde que el partido de extrema derecha amenazó con tumbarlas si no se cumplían sus condiciones. Vox consigue sus tres exigencias principales: una partida de 20 millones de euros para implantar su plan lingüístico en los colegios, que supondrá separar a los alumnos en determinadas materias, en función de la lengua en la que estudien (castellano o catalán); la eliminación de todas las subvenciones a los principales sindicatos y patronales; y una exención del impuesto de Patrimonio hasta los tres millones de euros.

“Hemos notado un cambio en la actitud del PP en cuanto a la negociación de estos presupuestos y no podemos más que celebrarlo”, ha dicho la portavoz parlamentaria de Vox, Idoia Ribas. La confrontación entre ambos partidos escaló la semana pasada a su cota más alta cuando la extrema derecha recordó a Prohens que precisaba de su voto afirmativo para sacar los presupuestos adelante y no le bastaba con la abstención.

La incógnita sobre el sentido del voto del diputado de Formentera, que decidió ir por libre después de estallar una crisis interna en la coalición entre PP y Compromís a la que representa, dejaba la aprobación de los presupuestos en manos de Vox, ya que los grupos de izquierda y el PP sumaban 25 diputados cada uno. Sabedores de su posición, los ultras apretaron las tuercas y han logrado que se atiendan todas sus demandas.

Tras un fin de semana de reuniones, este lunes se ha anunciado el acuerdo en la rueda de prensa previa al pleno parlamentario. “Finalmente, en el día de hoy y tras intensas negociaciones, puedo anunciar que existe un acuerdo para los Presupuestos de la comunidad, que van a incorporar prácticamente todas las enmiendas que ha pedido Vox”, ha anunciado Ribas, que ha calificado la noticia de “extraordinaria”.

Las cuentas incluirán finalmente una partida de gasto mínimo de 20 millones de euros para un plan que permitirá, en determinadas materias, separar a los alumnos que elijan estudiar en castellano de aquellos que elijan el catalán. El PP se había resistido a este punto alegando que ese coste era excesivo, pero finalmente lo ha aceptado.

En la actualidad, la ley educativa balear (aprobada bajo gobierno del PSOE, Podemos y Més) establece que la única lengua vehicular (de uso docente) es el catalán y que al menos el 50% de la enseñanza se imparte en esa lengua; el resto queda a decisión de los centros escolares, de modo que en la práctica ese porcentaje se incrementa considerablemente. El acuerdo de investidura entre el PP y Vox incluyó la promesa de garantizar el derecho a elegir la lengua de enseñanza, lo que, según sindicatos como el STEI, implicará incrementar el número de docentes y de espacios físicos para poder impartir la misma asignatura en castellano y en catalán, separando a los alumnos en distintos espacios. El PP, que aún no ha explicado cómo se llevará a cabo la medida, no ha confirmado que esa segregación de los alumnos en función de la lengua vaya a producirse. Para Vox no sería un problema: “Ya se desdobla por optativas. ¿Acaso escoger una u otra optativa es segregación?”, planteó la portavoz parlamentaria del partido. Sin embargo, gatantizar la elección de la lengua por parte de los padres en cursos más alla del primer ciclo de primaria implicaría un cambio en la Ley de Normalización Lingüística, que el PP no quiere acometer pero que tendrá que realizar si quiere cumplir con el acuerdo.

Los presupuestos también suprimirán, a petición de Vox, todas las subvenciones para los principales sindicatos y patronales de las islas, que sumaban 400.000 euros (de un Presupuesto total de 7.320 millones). Las enmiendas de la extrema derecha también permitirán destinar 200.000 euros al refuerzo de la plantilla de inspectores educativos para “asegurar la ausencia de intromisiones ideológicas y adoctrinamientos en las aulas”; cinco millones para combatir la eutanasia mediante un incremento en las partidas para cuidados paliativos y acompañamiento “familiar, médico y espiritual”; un millón de euros para la creación de una oficina antiokupación y un incremento de un millón y medio de euros de las partidas destinadas a la promoción de Baleares en las ferias turísticas.

Además, se incorporan varias medidas fiscales como el incremento de límite de exención en el pago del impuesto de patrimonio de los 750.000 euros actuales hasta los tres millones de euros, deducciones del 30% de las rentas obtenidas del alquiler de larga duración de viviendas hasta un límite de 3.600 euros y un 40 % de deducción de los gastos por el cuidado mayores de 65 años.

“Hemos decidido aprobar estas enmiendas porque hemos considerado mucho más importante el todo más que una parte” ha dicho el portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras, que preguntado en varias ocasiones ha sido incapaz de nombre una sola medida o enmienda de Vox que haya sido rechazada. Sagreras ha insistido en que el PP gestiona un gobierno en minoría y se ha mostrado satisfecho sobre el acuerdo, a pesar de que tienen “visiones diferentes” de las que tiene Vox.

Los partidos de la oposición han criticado duramente el acuerdo alcanzado entre PP y Vox. El portavoz parlamentario del PSOE, Iago Negueruela, ha afirmado que no se trata de una negociación sino de “una claudicación del PP”. “Cuando pasas la comisión, ya no negocias; no negocias la cantidad de la segregación [de los alumnos en los colegios], aceptas la segregación o no en su totalidad. Ya no aceptas quitarle más o menos a los sindicatos, aceptas criminalizarlos en el discurso de Vox o no” ha subrayado.

El portavoz parlamentario de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, se ha mostrado preocupado por la aprobación de la partida para la segregación lingüística y cómo puede afectar en las aulas dado que no cuenta con el apoyo de los principales sindicatos y asociaciones del sector. “El precio de gobernar será pasar a la historia como la presidenta que ha roto la convivencia en este país”. El pleno de presupuestos arrancará mañana y está previsto que concluya el jueves con las votaciones.